El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública hizo un llamado a la legislatura para que se implemente una moratoria al establecimiento o expansión de escuelas chárter en la isla.
Las organizaciones del Junte se oponen al modelo de escuelas chárter, y argumentan que desvían fondos públicos que deberían fortalecer las escuelas públicas, las cuales enfrentan desafíos, desde infraestructura deteriorada hasta falta de recursos para atender las necesidades únicas de los estudiantes.
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“Vemos cómo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes se afectan al tener planteles en condiciones deplorables, las reparaciones necesarias por terremotos y huracanes no se acaban de hacer, ante el cambio climático y la ola de calor que nuevamente se avecina el DE ni siquiera ha logrado hacer el estudio de capacidad energética que se propusieron y mucho menos atender la situación, entre tantas necesidades adicionales que padecen nuestras comunidades escolares. Mientras esas necesidades no se llenan, en el 2023 a las escuelas chárter, que son instituciones privadas, les asignaron un presupuesto de $40 millones en fondos públicos que deberían estar asignados a nuestras escuelas públicas”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
Martínez señaló que, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, las escuelas chárter han sido objeto de escándalos relacionados con malversación de fondos y prácticas cuestionables.
El Comité Timón de padres y estudiantes de educación especial también se sumó al llamado, resaltando la discriminación que enfrentan los estudiantes con diversidad funcional en las escuelas chárter, donde muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades educativas.
“La ley 85 del 2018 establece que el Departamento de Educación es responsable de atender las necesidades únicas de cada estudiante, incluyendo a los participantes del programa de educación especial. Las escuelas chárter de ninguna manera atienden las necesidades de los estudiantes de nuestra población”, indicó Carme Warren, portavoz del Comité Multisectorial.
“En las escuelas chárter los estudiantes de educación especial que tienen condiciones más obvias los discriminan y no los matriculan. A otros los aceptan, pero en realidad no tienen el personal adecuado para cubrir sus necesidades y lograr un proceso académico satisfactorio”, expresó Warren.
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El Junte entregó una carta a los legisladores respaldando la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 424, que busca declarar una moratoria de cinco años al establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la resolución aún no ha sido votada en el hemiciclo.
La Resolución conjunta del Senado 424 que se radicó el 26 de mayo de 2023 es para “declarar una moratoria de cinco años, durante la cual se prohíbe al Departamento de Educación Pública aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza y para otros fines relacionados”. En la carta se argumenta que a través del modelo de Escuelas Alianza las entidades etiquetadas como “sin fines de lucro” tienen la oportunidad de beneficiarse de los fondos públicos, privatizando los bienes públicos y aumentando posibles actos de malversación de fondos y corrupción dentro de la agencia.
El 30 de mayo de 2023 la medida del RC del S 424 fue referida a la Comisión de Educación del Senado, luego el 1 de septiembre sometieron un Informe Positivo recomendando su aprobación y al presente la resolución se encuentra en la Comisión de Reglas y Calendario presidida por el Senador Juan Aponte Dalmau, quien se comprometió a calendarizar para su votación en el hemiciclo.
Además, Emilio Nieves, secretario de organización de UNETE, destacó que en los últimos dos años se han reportado varios escándalos relacionados con escuelas chárter en Puerto Rico, incluyendo malversación de fondos y problemas de permisos de uso.
Uno de los casos más destacados fue la orden de cancelación del contrato de la chárter South Bronx Central en octubre de 2022, después de que se revelara que uno de sus incorporadores tenía antecedentes penales por malversación de fondos en Estados Unidos. Posteriormente, se descubrió que la Escuela Jesús María Quiñones de Santurce, una escuela pública cerrada en 2017, había sido cedida en alquiler a esta chárter.
Otro escándalo reciente involucra a la corporación Paradiso College Preparatory Real Estate Two, Inc., cuya autorización para operar dos escuelas chárter en San Juan y Arecibo fue cuestionada por problemas de permisos de uso.
Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que las escuelas chárter en Puerto Rico recibieron más de $40 millones en fondos públicos en el año fiscal 2023, pero el uso de estos fondos no ha sido fiscalizado adecuadamente. La falta de informes y estadísticas sobre el desempeño de estas escuelas ha levantado preocupaciones sobre la rendición de cuentas en el Departamento de Educación.
La presidenta de los maestros federados señaló que cabildearán en el Senado también por la aprobación de un proyecto de retiro digno para los docentes, otro para un ajuste a la pensión por la inflación, más enmiendas a la ley 66-2014 que permitan establecer una escala salarial para los docentes y la aprobación del P del S 1384 que otorga un incentivo permanente a los docentes, no docentes y asistentes de servicio de las islas de Vieques y Culebra.
