La aprobación de varios casos de aumentos salariales y negociaciones colectivas está en espera del visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Instituciones importantes como el Centro Médico, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el sistema judicial aguardan por la decisión del ente fiscal.
Las demoras en las respuestas de la Junta generan incertidumbre sobre el tiempo que podría tomar el proceso y ya ha provocado —al menos un— voto de huelga.
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“La Junta no tiene un término para responder a las peticiones que se hacen de que se aprueben los convenios colectivos o cualquier aumento de salario. Así que no, no hay manera de uno predecir cuándo es que yo pueda hacer la autorización”, explicó el licenciado Rolando Emmanuelli, experto en la Ley PROMESA.
Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la autonomía de las negociaciones colectivas bajo la supervisión de la JSF. Según el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la militancia y la presión ejercida por los sectores solicitantes pueden influir en la decisión de la Junta, pero no hay garantías.
“La experiencia que yo he visto es que cuando los sectores obreros hacen presión, la Junta reacciona”, afirmó Emmanuelli, haciendo referencia a la influencia de la acción colectiva en las decisiones de la Junta. Recordó el caso de los maestros, donde la presión ejercida por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) condujo a la aprobación de aumentos salariales para los educadores.
“En los casos de los convenios se supone que la agencia sea la que solicite la aprobación de la parte económica de los convenios. En esto del empleo público, la ley es la que gobierna prácticamente esto. La ley 26 gobierna todo esto y ha ido quitando muchos de los beneficios que tenían los empleados que tenían convenio colectivo y le quitó a la agencia la discreción de negociar cosas por encima de la ley”, dijo Emmanuelli.
En cuanto al proceso de negociación colectiva, el abogado subrayó el poder absoluto de la Junta para aprobar o rechazar los convenios propuestos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre y tensión a las discusiones laborales en Puerto Rico.
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“La Junta interviene al final ellos reciben la propuesta de convenio por parte de la agencia y entonces la comentan y la aprueban o la desaprueban. Pero tienen la facultad de decir que no van a aprobarlo y habría que volver otra vez a la mesa de negociación, así que es un poder absoluto en términos de que aprueba o no se aprueba por el hecho de que tiene un impacto en el presupuesto”, explicó.
Esta dinámica, según Emmanuelli, plantea interrogantes sobre la autenticidad de las negociaciones colectivas bajo la supervisión de la Junta.
De igual forma, la presencia de la Junta de Control Fiscal en estas negociaciones plantea dudas sobre la efectividad y la legitimidad de las mismas. Emmanuelli fue claro al afirmar que, en muchos casos, estas negociaciones son más simbólicas que reales, ya que la última palabra la tiene la Junta.
“Es realmente preparar el borrador. El convenio no tiene finalidad, porque quien manda en la Junta en esos”, comentó Emmanuelli, sugiriendo que, aunque las negociaciones se lleven a cabo entre empleadores y empleados, el destino final está sujeto a la aprobación de la Junta.
Ante esta situación, los trabajadores y las agencias gubernamentales enfrentan un panorama incierto, donde la viabilidad de los aumentos salariales y los acuerdos colectivos queda en manos de un ente externo con poder discrecional.
Pendientes
Centro Médico
El pasado 25 de enero, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) llegaron a un acuerdo que frenó a un paro indefinido convocado para la madrugada siguiente. El presidente de la UGT, Edwin Méndez, y el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González, confirmaron en una conferencia de prensa que el convenio acordado contempla incluir $800 como aumento salarial mensual, y no una bonificación de retención, como se había propuesto inicialmente. El acuerdo impactaría a más de mil empleados representados por la UGT, afirmó Méndez. Sería un aumento prorrateado y ajustado, de manera que complemente la diferencia de quienes recibieron un aumento inferior a $800 por el plan de retribución.
El 7 de enero, la JSF había dado su visto bueno al Plan de Clasificación y Retribución (PCR) para los empleados del Centro Médico de Río Piedras, pero rechazó la propuesta de convenio colectivo del sindicato en esa instalación salubrista. Esto a su vez, provocó paros y choques obrero patronales en el único hospital terciario de Puerto Rico, ya que la UGT acusó al patrono de negociar de mala fe al ir ante la Junta sin notificarlo en la negociación.
UPR
La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) culminó la negociación colectiva con la Universidad de Puerto Rico en diciembre de 2023. Todas las cláusulas fueron firmadas por el Comité Negociador de la unión y la representación del patrono. La estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su presupuesto. Dicho acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR (JG) el 30 de noviembre de 2023. Desde entonces la administración universitaria plantea que están en espera de la aprobación de la JSF.
La semana pasada la HEEND aprobó un voto de huelga para implementarse en cualquier momento. Exigen que la UPR de paso al pago de la bonificación acordada, ya que tienen el presupuesto identificado.
Jueces
El jueves pasado, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), Amircal Gerena Román, hizo un llamado, el jueves, a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para que solicite, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el desembolso de los 8.5 millones de dólares para el aumento salarial de los empleados del Poder Judicial. Mientras que el lunes pasado, Metro publicó que la Oficina de la Administración de Tribunales indicó que esperan que culminen los trámites ante el Tribunal Supremo para entonces comunicarse con la JSF.
“La Oficina de Administración de los Tribunales está atenta al desarrollo de los trámites relevantes al caso ante el Tribunal Supremo y, cuando corresponda, lo comunicará a la Junta de Supervisión Fiscal, quienes determinarán el curso a seguir”, informaron en declaraciones escritas.
Por su parte el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, coincidió en que “están en espera de la autorización por parte de la Junta de Supervisión Fiscal”.
