El portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, Juan Fernández, reveló hoy, jueves, en entrevista con Metro al Mediodía que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) podría evitar la privatización de los muelles de San Juan.
“Hay una ley que impide tal cosa de monopolio en Puertos desde el 1800 y pico, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha avalado, pero nadie la menciona”, comentó Fernández en exclusiva con Metro Puerto Rico.
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La sentencia a la que hace referencia el también comerciante del Viejo San Juan es del caso Rubert Armstrong Vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 27 de junio de 1969. El Alto Foro ratificó la Ley de Puertos del 5 de febrero de 1886, firmada por la entonces reina regente, Maria Cristina y Gerardo Camazo, Ministros de Ultramar, que establece en su artículo 44 que las “autorizaciones (para las obras en los puertos) no constituirán un monopolio, y podrán por lo tanto otorgarse varias para otras de la misma especie en un mismo puerto, playa o trozos de costa, siempre que con ellas no sufra menoscabo el servicio público”.
Además, Fernández explicó que otra medida que podria evitar la entrada de la empresa privada Global Port Holdings es que “todas las LLC registradas en el Departamento de Estado, están obligadas a presentar los artículos de incorporación inscritos, según el Código de Comercio, artículo 85 y/o 95 de la Ordenanza de Comercio”.
“Las corporaciones en incumplimiento de este requisito no tienen personalidad jurídica y todos estos documentos son públicos, pero no están radicados en el Departamento de Estado hasta el día de hoy, ni para Global Port Holdings, ni para la corporación San Juan Bay Cruises Terminal, carecen de avales para poder disponer del dinero para manejar los nuevos muelles”, precisó.
El pasado lunes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una resolución presupuestaria de $320 millones de dólares del presupuesto general para financiar un Acuerdo de Liquidación entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento del Gobierno de Puerto Rico (ARD).
Inicialmente, en la legislatura se presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 594, con el fin de otorgar el dinero para dar paso al Acuerdo de Consesión entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (APP) y la empresa, San Juan Cruise Port, una subsidiaria de Global Ports Holding PLC, quienes finalmente estarán encargados de “reparar, mejorar, operar y mantener” los Terminales de Cruceros de la Bahía de San Juan por 30 años. Sin embargo, aunque varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) le dieron paso a la medida en la Cámara de Representantes, en el Senado no contó con los 14 votos que necesitaba para ser aprobada.
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Posteriormente, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, presentó ante la JSF una resolución presupuestaria, por lo que el ente fiscal se amparó en la Sección 202 (d)(2) de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), y dio paso al desembolso del dinero.
Según se había informado, el contrato establece que Global Ports Holding debe pagar a la APPR una tarifa de concesión de $75 millones de dólares, que se utilizará para cubrir deudas y otras necesidades corrientes de la agencia. En adición, la Autoridad de Puertos recibirá de la empresa, otros $1.6 millones de dólares para el pago de labores de dragado en la Bahía de San Juan.
Al cierre de la transacción, el ente privado debe haber obtenido el financiamiento para realizar los proyectos de la fase de inversión inicial, cuya cantidad ronda en $74.8 millones de dólares. Esta cantidad es parte de los $425 millones de dólares que San Juan Cruise Port se comprometió en invertir.
Adicional, dicho contrato le otorga la exclusividad a la empresa para realizar el diseño y construcción de la infraestructura de los muelles 1, 3, 4, 11, 12, 13 y 14 en el Frente Portuario de San Juan, y Panamericanos l y II en Isla Grande, que son propiedad de la APPR.
Fernández dijo en la entrevista con este medio que los comerciantes temen que la privatización de los puertos de la ciudad capital los desplace como ha pasado en otros países e islas del Caribe.
“En Cozumel en México, en Labadee en Haití, en el puerto de Jamaica y otros del Caribe, se crean estos muelles con un laberinto de tiendas donde se dasanima que el turista salga de ahí, porque además les ofrecen libres de impuestos las ventas con una competencia desleal con el comercio de los pueblos. Y por poner un ejemplo del pueblo de Cozumel, que se parece en la distribución de tiendas al Viejo San Juan, el pueblo ahora no tiene ni un 20% de las ventas desde que hicieron un laberinto que te desanima a salir y te dicen que si sales, es a tu propio riesgo”, aseguró Fernández.
“Creemos que esto va a pasar también en el Viejo San Juan porque estas personas ya crearon corporaciones en el Departamento de Estado y alquilaron unos pisos en el Banco Popular de la calle Tetuán para la operación de todo esto. Su negocio no es los cruceros, su negocio es explotar lo que se le va a quitar al tejido turístico y a nosotros como comerciantes”, agregó.
El empresario detalló que, aunque la organización que representan lleva cinco años levantando su voz en contra de este proyecto, entiende que la decisión de la Junta es “final y firme” y no ve con “esperanza” que haya un cambio.
“Estuvimos reunidos con dos gobernadores sobre el asunto y siempre se choca con el aspecto de la secretividad que rodea las alianzas público-privadas. En concreto, se le requiere a quien quiera saber sobre el asunto que firme unos acuerdos de confidencialidad, y la Alianza Turística por Puerto Rico se negó a firmarlo porque tal cosa significaría una ley de mordaza”, contó.
El también expresidente de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan expresó que la deuda realmente es producto de la mala administración en los distintos puertos del país, en especial, en los nueve de la capital. Especificó que, cuando traspasaron el Aeropuerto Luis Muñoz Marín a manos de Aerostar Airport Holdings, LLC, el Gobierno no pagó la deuda que tenía. Asimismo, no costearon la deuda de la APPR cuando le cedieron los muelles de carga a Luis Ayala Colón y Tote Maritime.
“Hace 16 meses la deuda aparecía de $160 millones y, por alguna casualidad, ahora aparece de $300 y pico de millones. Y esos $160 millones los dijo el gobernador hace 16 meses. Global (Ports Holding) no puedo pagar ni siquiera el pronto en las dos ocasiones en que se le venció el plazo para hacerlo. No han invertido un centavo y se van a llevar gratis una infraestructura que, si tuvieramos que levantarla desde cero, costaría entre $2 mil y $4 mil millones de dólares. Los muelles de San Juan son la joya de la corona”, sentenció.
No obstante, el portavoz de la Alianza Turística puntualizó que lo más que le sorprende es que la JSF validó la transacción, que es contraria a los intereses de salud fiscal para Puerto Rico a largo plazo.
“Aquí hay un populismo que dice ´cuando venga Global lo muelles van a operar de maravilla´. Igual sí, igual los muelles operan de maravilla, pero el dinero que van a generar no se va a quedar en Puerto Rico, se lo van a llevar de aquí”, añadió.
