El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el jueves que el Comité de Evaluación de Candidatos evalúa el futuro de tres aspirantes a la Legislatura que tienen acusaciones criminales o éticas.
“El asunto está en manos del Comité de Evaluación de Candidatos. El secretario general (Hiram Torres Montalvo) le pidió al comité, si mal no recuerdo, que reevalúe tres precandidatos que se ha detectado que pudiera haber una situación indebida. Una de las cosas que ese comité evalúa es si fueron veraces o dijeron la verdad cuando someten el documento de la radicación de intención. Son formularios que tienen que complementar, tú tienes que decir, por ejemplo, si tienes convicciones, te hace una serie de preguntas. Así que se les puede preguntar, por ejemplo, si han sido acusados, ese tipo de cosas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
PUBLICIDAD
En una conferencia de prensa, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado sostuvo que el PNP certificó a los aspirantes Edwin Pagán (Senado Humacao), exrepresentante Samuel Pagán (Distrito Representativo 35), y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez (Senado Carolina).
Según Pierluisi Urrutia, todavía no es el momento para el intervenir en la controversia.
“Yo no estoy tomando esa decisión ahora. Porque nosotros como operamos en el partido, es que tenemos un comité de evaluación de candidatos. Y como esto funciona, es que el comité toma sus decisiones. Y si ya sea el precandidato o un querellante no está conforme con la decisión del comité, entonces tiene derecho a solicitar reconsideración ante el Directorio. Yo cuando intervengo en estos asuntos, es cuando llegan a la consideración del Directorio. Mientras no llegan a la consideración del Directorio, yo no intervengo”, sostuvo.
Edwin Pagán Santiago, aspirante al distrito senatorial de Humacao, fue convicto en el 2001 por exposiciones deshonestas frente a un menor. En el 2016 Pierluisi Urrutia pidió su descalificación como aspirante.
En el caso del exrepresentante Samuel Pagán Cuadrado, este renunció a su escaño en el 2018, por señalamientos por la concesión de un contrato de 180,000 dólares a la empresa International Legislative and Government Consulting Group, propiedad de Isoel Sánchez Santiago que supuestamente tenía empleados fantasmas.
Finalmente, Héctor Joaquín Sáchez Álvarez, exsubsecretario del Departamento de Educación y excomisionado electoral tiene una querella ante la Oficina de Ética gubernamental por supuestamente utilizar su posición para influencia a un jurado que seleccionaría la premiación de maestro del año 2021-2022.
