Los desahucios de viviendas por falta de pago en el 2023 aumentaron a 2,528 en comparación con los 2,042 del año 2022.
Así se desprende de un informe presentado ayer por la organización sin fines de lucro Ayuda Legal de Puerto Rico. Según los datos presentados, el 31 % de los desahucios del 2023 ocurrieron en unidades de vivienda pública.
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También se resalta el aumento de los costos de construcción, lo que afecta directamente a la vivienda y las hipotecas. Se señaló que el costo promedio de una vivienda es de $193,356, y que hubo 3,140 demandas de ejecución de hipoteca en 2023, lo que equivale a 12.3 demandas por cada día laboral.
La organización apuntó al impacto desproporcionado que los desastres naturales, el desempleo y los desplazamientos tienen en las mujeres puertorriqueñas.
La falta de asesoría legal adecuada es un factor crítico, ya que el 93 % de las mujeres demandadas por desahucio carecían de representación legal, frente al 71 % de los demandantes que sí tenían asesoría legal.
Precisamente, los datos apuntan a que las mujeres representan la mayoría de las solicitantes y beneficiarias de ayudas gubernamentales, con cifras que muestran que el 67 % de las solicitantes del Programa R3, el 75 % de las beneficiarias de COVIDRenta y el 51 % de las beneficiarias de COVIDHipoteca son mujeres.
Los términos COVIDRenta y COVIDHipoteca se refieren a asistencias para renta que se repartieron en medio de la emergencia por el COVID-19.
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“En Puerto Rico las mujeres tienen obstáculos para ser propietarias de casas”, explicó la licenciada Ariadna M. Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal.
La intersección entre la violencia doméstica y los desalojos también es evidente, destacando la urgencia de políticas que protejan a las sobrevivientes de violencia de género en momentos de crisis.
“No podemos pasar por alto el hecho de que el 54 % del electorado hábil y el 40 % de la fuerza laboral son mujeres, pero lamentablemente son las más vulnerables y sus necesidades son las menos atendidas”, apuntó la directora de Ayuda Legal.
El informe también señala que las mujeres se han visto especialmente afectadas por la pandemia y la falta de cuidado, lo que ha aumentado su vulnerabilidad en términos de vivienda y empleo. Se destacó que el 71 % de las madres solteras en Puerto Rico viven en situción de pobreza.
En cuanto a la vivienda y las hipotecas, se ha observado un aumento de entre el 20 y el 40 % en los costos de construcción, lo que ha impactado directamente en el acceso a la vivienda. A pesar de los desafíos, se otorgaron 10,479 nuevas hipotecas en 2023, y el Programa de Asistencia al Comprador ayudó a casi 7,000 familias a asegurar la vivienda.
El informe destaca la falta de transparencia en los fondos destinados a la energía y la necesidad de una mayor fiscalización en el uso de los fondos de recuperación.
Instan a los partidos políticos a garantizar vivienda segura
En respuesta a estas preocupaciones, Ayuda Legal propuso una serie de compromisos electorales dirigidos a abordar la vivienda, el empleo y la rendición de cuentas gubernamentales en las próximas elecciones de 2024. Estas propuestas incluyen medidas para garantizar la rendición de cuentas de los contratistas involucrados en la recuperación, proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica en el ámbito financiero y prohibir los desalojos tras desastres naturales.
Por su parte, Godreau Aubert expresó su preocupación por el subaprovechamiento de los más de $58 mil millones asignados para mitigar los desastres naturales y la pandemia. “Ni una obra ni una recuperación significativa”, lamentó Godreau Aubert, quien subrayó la necesidad de canalizar estos fondos de manera efectiva y transparente para atender las necesidades urgentes de la población.
“Las cifras revelan que solo una fracción de fondos ha ido a las obras necesarias. El propio gobernador ha reconocido que los proyectos prioritarios de su administración no estarán listos este cuatrienio; tenemos un serio déficit de vivienda asequible y nuestros trabajadores y trabajadoras enfrentan escollos para acceder a las ayudas que necesitan”, indicó.
La abogada Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigio de la organización, destacó la importancia de garantizar el derecho a permanecer en Puerto Rico, especialmente para aquellos afectados por desastres naturales como huracanes y terremotos, quienes enfrentan la amenaza constante de desalojo.
La organización también subrayó la importancia de abordar la violencia económica como parte integral de la violencia de género, así como de promover políticas que aseguren un acceso equitativo a la justicia para las familias en riesgo de desalojo.
Además, informaron que, a noviembre de 2023, el R3 (Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación) había contabilizado 3,900 reparaciones, 1,910 reconstrucciones y 892 reubicaciones, pero la experiencia ha sido que menos de un tercio de las personas logra su reubicación.
