La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) realizó un análisis de leyes locales de cara a la aprobación de un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y estableció que PROMESA prevalece sobre varias. Por ejemplo, planteó que reconocerán el rol del Negociado de Energía para fijar las tarifas de la AEE, pero que esa entidad debe incluir el cargo heredado en el cálculo de la tarifa eléctrica.
“El Plan no anula la Ley 17-2019, no impide la transición de la generación de energía de la AEE a fuentes de energía renovable, según se define en la Ley 17, y no pretende prevalecer ante la autoridad de fijación de tarifas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). El Plan establece específicamente que el NEPR debe aprobar el Cargo Heredado a tenor de la Ley 17. Según la legislación vigente de Puerto Rico, las tarifas eléctricas de la AEE deben ser suficientes para permitirle cumplir con sus obligaciones, incluyendo los pagos de la deuda significativamente reducida”, lee la declaración escrita de la JSF emitida en la mañana de hoy.
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Al realizar el análisis sobre cómo PROMESA va por encima de leyes locales, la Junta detalló que esto no significa que esas leyes, normas o reglamentos vayan a ser invalidados o modificados en su totalidad. “La prevalencia significa que en la medida en que ciertas leyes, normas y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico, o partes de las mismas, sean inconsistentes con las obligaciones de la AEE bajo la reestructuración de la deuda, y por lo tanto inconsistentes con PROMESA, el Plan predominará. La prevalencia se limita a lo que sea suficiente para la implementación del Plan de Ajuste”, expuso la JSF.
Sobre otras leyes analizaron lo siguiente:
Hay ciertas disposiciones de la Ley 101-2020 sobre las que el Plan prevalece en la medida en que sujetan la emisión de bonos por la AEE bajo el Plan a la aprobación de entidades distintas a la Junta de Supervisión como representante de la AEE en los procedimientos bajo el Título III de PROMESA. Hay ciertas disposiciones de la Ley 4-2016 sobre las que el Plan prevalece en la medida en que se relacionan con acuerdos de reestructuración entre la AEE y ciertos acreedores antes de que la AEE iniciara los procedimientos bajo el Título III de PROMESA.
Hay ciertas disposiciones de la Ley 106-2017 sobre las que el Plan prevalece en la medida en que afecten el sistema de retiro de la AEE. En virtud del Plan, la AEE proveerá financiamiento para pagar a los retirados todos los beneficios de pensión devengadas hasta la fecha de entrada en vigor del Plan, y los empleados activos pasarán a cuentas de contribución definida. Se congelará el sistema de pensiones de beneficios definidos de la AEE y se eliminarán los ajustes por costo de vida.
En este último punto van directamente sobre el sistema de pensiones en la AEE, dejando claro que se cambiará a uno de aportación definida, tipo 401K.
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El PAD se encuentra ante consideración de la jueza Laura Taylor Swain. En marzo habrán vistas sobre el proceso. Hubo radicaciones de objeciones y los objetores tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal.
Según la JSF, el PAD propuesto reduce el pago de reclamaciones de bonistas de $20,000 millones a $5,000 millones.
El estudio “Impacto del costo energético sobre el comercio de Puerto Rico”, comisionado por la cadena de Supermercados Selectos al economista José Caraballo Cueto, concluye que el PAD propuesto con su cargo heredado aumentará el costo energético a los consumidores y a las empresas, lo que tendrá un doble impacto: reducción de ventas en los supermercados y un alza en los costos operacionales, que provocarán a su vez más aumentos en los alimentos, pérdida de empleos y la quiebra potencial de 180 negocios.
Así mismo, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) planteó que el PAD no toma en cuenta el impacto en el desarrollo social y económico de Puerto Rico, y el potencial incremento en el costo de vida de todos los consumidores. Anticipan que esto afectará la capacidad de la AEE de generar suficientes ingresos para pagar su deuda, financiar el sistema de pensiones de sus empleados y modernizar su red eléctrica.
