El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, envió a la legislatura un proyecto de administración con el cual busca aumentar el salario de la judicatura.
El primer mandatario envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca enmendar el artículo 7.001 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003″, para ajustar los salarios anuales de los jueces del Tribunal General de Justicia.
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Los salarios ajustados entrarían en vigor retroactivamente al 1 de julio de 2023 y están financiados por fondos asignados en la Resolución Conjunta 39-2023 del Presupuesto del Año Fiscal vigente 2023-2024.
En el caso de la jueza presidenta del Tribunal Supremo el salario propuesto será de $154,556, el de los jueces asociados del Tribunal Supremo será de $144,480 y el de los jueces del Tribunal de Apelaciones será de $130,579. Mientras, el salario de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $118,133 y el de los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia $91,974.
El gobernador había adelantado que enviaría el proyecto luego de que el Tribunal Supremo desestimara un recurso legal presentado por la Cámara de Representantes y diera paso a un aumento de salario, algo que fue cricticado por el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.
Según la sentencia del máximo foro judicial, se desestima el recurso presentado por la Cámara de Representantes debido a que la representación legal de la cámara baja no notificó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) sobre la apelación. Además, se indica que la omisión de notificación llevó a la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo para revisar el caso. Esta decisión confirma la sentencia del 17 de noviembre de 2023 del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo así la decisión sobre el incremento salarial de los jueces.
“La Cámara de Representantes debió conocer que en nuestra jurisdicción una persona se considera parte una vez de diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta. El desconocimiento de esto no constituye justa causa. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT, debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna. Es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación, tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que precisamente se pretendía apelar”, lee la sentencia.
El pasado 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos falló a favor del aumento salarial de los jueces en Puerto Rico, en la que declaró que la Resolución Conjunta 39-2023 es una ley especial que dispone este incremento.
