El director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero, aclaró esta mañana algunos puntos expresados en el Informe Especial OC-24-31 (Informe) recién publicado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre la distribución de fondos federales asignados por el Coronavirus Aid Relief and Economic Act (CARES Act) dirigidos a la industria turística.
El 12 de marzo de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, declaró un estado de emergencia tras el impacto del COVID-19 en la Isla. Por esa razón, el gobierno federal aprobó la CARES Act, dando paso a la creación del Coronavirus Relief Fund (CRF), que tenía como finalidad combatir los efectos económicos causados por la pandemia. Precisamente, para vigilar los desembolsos, crearon el Comité de Supervisión de Desembolsos (Comité), que estaba compuesto por el director ejecutivo de la AAFAF, quien era el presidente, el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Franciso Parés Alicea, y la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos.
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En el informe, la OCPR detalló que Hacieda otorgó casi $2 millones de dólares a personas y entidades que no cumplían con los requisitos de elegibilidad. Según explicaron, examinaron 173 desembolsos entre el 23 de julio de 2020 al 3 de agosto de 2021, y “el examen realizado de dichas transacciones reveló que, del 3 de agosto al 23 de diciembre de 2020, el Departamento realizó pagos indebidos por $1,945,000 a tres personas y seis entidades”.
“La Compañía (de Turismo) certificó a la AAFAF beneficiarios con certificaciones no vigentes. Además, las personas y entidades solicitaron los fondos, a pesar de que no cualificaban. Tampoco el Comité estableció los controles adecuados para asegurar que los desembolsos cumplieran con los requisitos y las condiciones establecidas”, explica el documento.
Además, entre las tareas que AAFAF tenía a su cargo, como líder del Comité, se encontraba que debían “tramitar al Departamento (de Hacienda) la lista de los beneficiarios, de la información suministrada por la Compañía (de Turismo)”.
Otro de los hallazgos del informe establece que “contratos por $24,420,348 otorgados a 13 entidades del PPE (Programa de Proyectos Estratégicos) y determinamos que los contratos formalizados con las 13 entidades privadas no fueron registrados ni remitidos a la Oficina (del Contralor) por la AAFAF”.
En respuesta a ello, Marrero explicó que el Comité buscaba establecer los criterios para que estas entidades recibieran fondos. Luego que la Compañía de Turismo de Puerto Rico confirmara las entidades elegibles bajo su jurisdicción, cada organización elegible tenía que solicitar mediante la plataforma de SURI aceptando los términos y condiciones de las Guías, certificando que cumplían con los requisitos establecidos para la subvención de emergencia. Una vez aprobado el desembolso, se procedía a la firma de los contratos por las partes.
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“El Informe en cuestión habla de ‘contratos’, cuando en realidad se trata de acuerdos de transferencia o Transfer Agreements. El Transfer Agreement al que se hace referencia, es un documento en el cual la entidad recipiente acepta cumplir con todos los términos y condiciones de la subvención federal”, indicó el funcionario.
“Cabe resaltar que, durante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, la prioridad y política pública establecida era agilizar los desembolsos de los fondos para impactar positivamente a la ciudadanía y a la economía del país. De tal forma, se buscaba mitigar rápidamente el efecto adverso que las órdenes de cierre causaron en las empresas puertorriqueñas”, agregó.
El también secretario de Estado afirmó que, una vez los fondos llegaban al recipiente o beneficiarios, éstos entraban en relaciones contractuales con distintos suplidores y demás para atender sus distintas necesidades. El propósito del documento, acuerdo de transferencia, era establecer expresamente la responsabilidad primaria de cumplimiento de quien recibió los fondos, no mediante una relación contractual, sino como una aceptación de que debían cumplir con requisitos regulatorios.
“Este documento, además, no tenía intención de procurar bienes ni servicios a cambio de prestaciones monetarias. El mismo documenta una transferencia de fondos ya establecida por el Gobierno Federal para que sean los recipientes quienes desarrollen proyectos de mitigación y respuesta”, explicó Marrero, añadiendo que el documento representa una medida de transparencia y control interno para procurar que cada recipiente o beneficiario supiese de los requisitos de cumplimiento de la ley.
“Por tanto, era la opinión de la AAFAF que los Transfer Agreements no debían registrarse ante la OCPR debido a que el propósito principal del documento era reconocer la responsabilidad de cumplimiento de quien recibió los fondos, como una aceptación de que debían cumplir con requisitos regulatorios”, acató el director ejecutivo.
“Por último, aunque la AAFAF no recibió el borrador del Informe previo a su notificación, como es el uso y costumbre de la OCPR, procederemos conforme a las recomendaciones contenidas”, concluyó diciendo Marrero.
