El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, informó el jueves que el Departamento de Justicia le asignó a la fiscal Laura Hernández, que dirige la división especializada para delitos de violencia doméstica, la investigación sobre el manejo de los funcionarios de la agencia en el caso que culminó con la matanza familiar en Yauco.
“A la fiscal Hernández se le asignó la investigación de lo ocurrido en Yauco para determinar si hay que tomar alguna medida. Así que esa investigación está en curso. Porque aunque yo vi ahí, dos errores claros en la atención de ese caso, es importante que también Justicia se auto examine y eso es lo que ha ocurrido”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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Por su parte el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó que las fiscales que atendieron el proceso judicial se mantienen atendiendo casos de violencia doméstica.
“Toda persona en Puerto Rico tiene un debido proceso de ley. Está cobijado por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos y con arreglo a eso, nosotros hemos coincidido con la evaluación. Sí se determinara al final que hubo algo impropio o una actuación incorrecta de las fiscales, entonces nosotros tomaremos la gestión que tengamos que tomar. Yo no voy a caer en una cacería de brujas y menos voy a estar evaluando de primera intención sin pasar prueba una conducta de una fiscal. Aquí quien violó, quien se apartó de la ley fue la juez de distrito”, sostuvo el secretario.
La fiscal Hernández ya sometió un informe preliminar que fue remitido a la Oficina de Recursos Humanos por parte del secretario.
Pierluisi Urrutia añadió que van a presentar enmiendas a la Ley 89, para quitar la discreción de los jueces para imponer grilletes electrónicos en algunas circunstancias.
“Se está preparando un proyecto de ley para hacerle enmiendas técnicas a esa ley 89 todavía no está listo. Se estará sometiendo a la Asamblea Legislativa, porque mi juicio en cuanto a eso, es que los jueces no deben tener discreción en todas las violaciones de la Ley 54. Por ejemplo, cuando hay reincidencia, no debe haber discreción. Cuando hay grave daño corporal, cuando se está imputando grave daño corporal, por mencionar dos ejemplos, no debe haber discreción, pudieran haber otros otras violaciones en las cuales tampoco debe haber discreción, pero no quiere adelantar más criterio, porque esto está atendiéndose precisamente en La Fortaleza, en la Oficina de Asuntos Reglamentarios y de Asuntos Legislativos y Reglamentarios, consultando con el Departamento de Justicia, porque nosotros estamos consultando al Departamento de Justicia, los cambios que se pudieran hacer en legislativamente hablando”, sostuvo.
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El gobernador se reunió en la tarde del jueves con la jefatura de la región de Bayamón del Negociado de la Policía (NPPR) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de la fiscalía del Departamento de Justicia (DJ) para conocer información actualizada sobre el plan de seguridad y la atención que se le está dando a los casos, incluyendo los de violencia de género.
“Hablamos de el manejo de los casos de violencia de género. Hay una división para esos casos de violencia de género y se habló de cómo se están atendiendo. También aprovechamos para hablar del plan de trabajo que tiene la Comandancia de la policía, aquí en Bayamón. La coordinación que está llevando a cabo con las policías municipales en los municipios que cubre la región. En el caso del Departamento de Justicia y la Fiscalía de distrito de Bayamón, pues yo indagué en cuanto a la asignación de casos a los fiscales, los recursos que tienen. Expresé mi sentir en cuanto a la suspensión de casos que pienso que eso debemos tratar de evitarlo lo más posible”, expresó.
“Hay veces que es inevitable la suspensión, por ejemplo, si falta un testigo imprescindible, pero que eso causa que pues el pueblo le pierda confianza al sistema, que víctimas dejen de cooperar y entonces los casos no prosperen. Así que exprese mi sentir. En el caso de las alegaciones preacordados, pues expresé que para mí es importante que en casos como asesinatos, casos así de mucho impacto público, pues que la fiscal de distrito intervenga en el asunto”, mencionó.
El pasado 24 de enero, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, asesinó a su expareja Linnette Morales Vázquez, a su exsuegra, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y al hermano de la mujer, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años en sector Caimito, en la carretera PR-372, en Yauco.
El triple asesinato que cometió Santiago Figueroa ocurrió luego de que se suspendiera una vista judicial por violencia doméstica. El sujeto se privó de la vida en una residencia de su hermano.
