El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, solicitó esta mañana a las agencias gubernamentales que hagan valer la Ley 89— Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica— que establece que las víctimas de violencia de género pueden acceder a la localización de su agresor mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).
En los pasados días, las autoridades han estado repartiéndose culpas luego de que el miércoles, 24 de enero, ocurriera la segunda masacre y quinto feminicidio del año en Yauco, donde Linnette Morales Vázquez, su madre y su hermano, fueron asesinados por su expareja, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa.
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Entre las razones que han señalado sobre el fatídico desenlace, se encuentra que el estatuo deja a discreción del juez la implementación de supervisión electrónica contra el imputado. La jueza que atendió la vista de regla 6 y la vista preliminar, Ginny M. Vélez Carreras, no impuso un grillete a Santiago Figueroa, como había recomendado la la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).
“Lo que no puede pasar es que me desvíen la atención basándose en esa última enmienda que le hicieron al proyecto para que no estén listos. Ellos tenían desde agosto. ¿Dónde está la aplicación? ¿En qué estatus está el desarrollo o la adquisición de esa aplicación? ¿En qué estatus está el desarrollo o las enmiendas a reglamentación que necesiten las agencias para implementar la ley?”, cuestionó el legislador, que es coautor de la medida.
“Ya el viernes pasado envié una notificación a cartas, un requerimiento de información, a todas las agencias. ¿Donde están la Policía, Corrección, PSAJ, Oficina de la Procuradora de las Mujeres en términos de lo que tenían que hacer para implementar la ley?”, agregó.
La ley debe entrar en vigor el próximo domingo, 4 de febrero. Según explicó Ortiz González, se concedió seis meses a las agencias encargadas de la seguridad para hicieran los ajustes necesarios con el fin de cumplir con lo establecido en el proyecto.
Fue la procuradora interina de la mujeres, Madeline Bermúdez, quien denunció le preocupaba esta enmienda en el estatuto.
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“La semana pasada estuvimos en un vista pública de una medida del representante, Ángel Peña [...] En la vista pública de la Cámara de Representares, advertimos que la imposición de la Ley 89, que ahora deja a discreción de los jueces de poner un grillete o no a partir del cuatro de febrero, representa un peligro”, sentenció Bermúdez.
“Nuestra preocupación es que esto se va a repetir. ¿Por qué? Porque la enmienda a la ley ahora aplica la imposición del grillete a todos los delitos bajo ley 54, pero qué hizo esta nueva legislación, lo deja a discreción de los jueces. Nuestra alegación en la vista es que esto hay que enmendarlo inmediatamente y esto no puede ser un asunto discrecional”, añadió.
En respuesta a ello, Ortiz González comentó que cuando radicó el proyecto original— Proyecto de la Cámara 731— no estaba incluido que el juez tuviera a su discreción la supervisión electrónica. Sin embargo, fue el Senado donde se realizó el cambio.
El 24 de enero, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) sobre un feminicidio en Yauco. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo, los cuerpos baleados de Linnette Morales Vázquez, de 30 años, el de Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años, y el de Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años.
Referente a estos hechos, Santiago Figueroa, de 33 años, se privó de la vida en la residencia de su hermano en el barrio Sierra Alta, de Yauco.
