El Senado aprobó el lunes la enmienda al Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, que busca otorgar discreción a los municipios para contratar a personas con antecedentes penales por delitos menos graves y graves, siempre y cuando presenten prueba del cumplimiento de su sentencia.
La ley, presentada por la señora González Arroyo y referida a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, busca abordar la dificultad que enfrentan las personas con antecedentes penales al intentar reintegrarse al ámbito laboral, especialmente en el servicio público municipal. La enmienda propuesta modifica las condiciones de ingreso al servicio público municipal, permitiendo la contratación de personas con antecedentes penales, excluyendo delitos de asesinato, agresión sexual, y aquellos establecidos en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
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La senadora Migdalia González, del Partido Popular Democrático (PPD) y autora de la medida, hizo especial mención a la preocupación planteada por el alcalde de Hormigueros, Pedro García, quien contribuyó a la redacción de la medida y abogó por su aprobación. González subrayó que la iniciativa es esencial para mejorar la calidad de vida de aquellos que han salido de la prisión y buscan reintegrarse positivamente en la sociedad y contribuir a la economía de Puerto Rico.
“Es importante reconocer que, aunque el gobierno ha establecido algunas iniciativas, como se ha mencionado previamente, no ha sido suficiente. Antes era la oficina de personal y de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, quien habilitaba a este personal para el servicio público. No obstante, pasó a manos del departamento del trabajo. Y es un proceso sumamente burocrático que limita la oportunidad,” destacó González.
Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot tomó la palabra durante la sesión y abogó por salir de la “manía punitiva” y romper con los castigos eternos que perpetúan un ciclo de reincidencia en el sistema correccional y de rehabilitación de Puerto Rico.
“Yo creo que, de alguna manera, Puerto Rico tiene que salir de la manía punitiva y de los castigos eternos que no llevan a ningún sitio y que nunca han servido de disuasivo frente a la idea de mantener a una persona dentro de una condena social permanente, como lo trata cuando se habla de antecedentes penales,” expresó Vargas Vidot.
El senador destacó la tendencia de que, en Puerto Rico, una persona que entra a prisión tiene una probabilidad significativa de volver a ser encarcelada. Criticó el sistema de corrección y rehabilitación, mencionando que, a pesar de algunos intentos de reforma, la reincidencia sigue siendo un problema persistente. Vargas Vidot señaló que el sistema, en lugar de cumplir su propósito de corrección y rehabilitación, a menudo lleva a la institucionalización y a la naturalización de la prisión como un hogar.
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“Hasta el departamento de la vivienda le impide a una persona que cumple su sentencia. No estamos hablando de alguien que sale por algún tipo de privilegio o algo así que cumple su sentencia. Gente que ha estado 15 años, 30 años, 25 años, 10,” enfatizó el senador.
De igual forma, el senador popular Ramón Ruiz Nieves, expresó que la medida brinda una segunda oportunidad a aquellas personas que, en un momento dado, infringieron la ley y cumplieron su sentencia, permitiéndoles reintegrarse a la sociedad de manera productiva.
“El proyecto del Senado 1273 es enmendar el código municipal y darle esa herramienta, esa oportunidad al municipio, que pueda darle paso a esa parte que se llama rehabilitación. Y esa persona que sale tiene una oportunidad de ir de participar en aquellos municipios que, una vez se concreten las enmiendas y pase a la Cámara y el señor gobernador estampe su firma, tiene la oportunidad de darle paso a esa persona que vive en ese municipio. Que está allí, que desea colaborar, que va a aportar a la economía, que va a aportar a un empleo,” expresó el senador.
Ruiz Nieves señaló que, aunque existe un programa en el sistema correccional que permite a confinados brindar servicios a municipios, el Proyecto del Senado 1273 busca facilitar un trato directo entre el municipio y la persona que busca rehabilitarse. Destacó que la medida permitirá a individuos en la comunidad contribuir de manera activa y productiva.
El senador enfatizó que el proyecto no solo tiene el propósito de facilitar oportunidades de empleo, sino también de evitar que personas que han cumplido sus sentencias se vean obligadas a depender de programas de asistencia económica.
La exposición de motivos de la ley destaca la política pública de promover la rehabilitación de aquellos que han cumplido su deuda con la sociedad. Se señala que la reinsertación laboral es esencial para la completa rehabilitación, y en muchos casos, las personas se enfrentan a obstáculos al tener que presentar un certificado de antecedentes penales para obtener empleo, incluso después de cumplir su sentencia.
La enmienda permite a los municipios tener la discreción de emplear a personas con antecedentes penales siempre y cuando presenten, junto al certificado de antecedentes penales, una Certificación de Cumplimiento de Sentencia expedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación o el Tribunal de Primera Instancia correspondiente. Además, se establece la posibilidad de presentar prueba de solicitud para la eliminación de la convicción, según lo dispone la legislación vigente.
La legislación enfatiza que la discreción otorgada a los municipios pretende dar oportunidades laborales a quienes buscan contribuir a la sociedad tras cumplir su condena y tienen interés en rehabilitarse.
