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Líderes feministas cuestionan investigación del Poder Judicial tras feminicidio en Yauco

La profesora Ada Álvarez Conde expuso sus preocupaciones y propone medidas tras el reciente caso de la muerte de Linnette Morales Vázquez.

No se sabe el número exacto de huérfanos a causa de feminicidios en NL.
No se sabe el número exacto de huérfanos a causa de feminicidios en NL.

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En medio del impacto generado por el cuarto feminicidio reportado en el 2024, líderes del movimiento feminista en la isla expresaron su desconfianza en la investigación del Poder Judicial sobre el caso de Linnette Morales Vázquez en Yauco.

La profesora de Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón (USC) , Ada Álvarez Conde, conocida activista y creadora de la Fundación Alto al Silencio y Promotores de Paz, compartió sus preocupaciones a través de su cuenta de Facebook.

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En sus declaraciones, Álvarez Conde destacó cuatro puntos críticos relacionados con la reciente ola de feminicidios en la isla. En primer lugar, critica la falta de consideración hacia la peligrosidad del agresor en el caso de Linnette Morales Vázquez, donde señaló la suspensión de la vista y la ausencia de medidas cautelares. Además, resaltó la necesidad de ampliar y mejorar los servicios especializados para víctimas de violencia doméstica, así como la importancia de abordar la cultura de posesión que contribuye a estos actos de violencia.

“Hay mucho que hacer a la hora de mejorar cómo se mejora este asunto, porque si tenemos leyes que te permiten tomar acción por algo que sea “real o percibida” o que toma en cuenta cómo se siente la persona, entonces debemos de mejorar y darle mayores garras a este asunto de persecuciones. Añádale a eso, que no queda claro si la mujer estaba siendo asistida con apoyo emocional, intercesoras u otra cosa que pudiera haber avisado sobre la peligrosidad”, lee parte de la publicación.

Álvarez Conde también abordó la recurrencia de casos donde agresores son liberados bajo fianza y la falta de programas efectivos de rehabilitación. Criticó la ausencia de un plan para atender a hombres víctimas de violencia doméstica y la escasa atención dirigida a personas agresoras masculinas. Finalmente, subrayó las consecuencias secundarias de la violencia, poniendo énfasis en el impacto en los niños que quedan huérfanos.

“Hay víctimas secundarias a la violencia, aquí asesinaron a una familia y hay un niño que enfrentará la muerte de su madre, abuela y tío. ¿Qué hay para ese niño? ¿Qué se hace con la familia que queda? ES UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA Y AL ESTADO DE EMERGENCIA, NO LO ESTAN TRATANDO CON URGENCIA”, señaló.

De igual forma, la entidad ‘Kilómetro 0′ utilizó sus plataformas en línea para expresar su preocupación acerca de la falta de capacidad del NPPR para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género. En consecuencia, están en la búsqueda de individuos dispuestos a compartir sus experiencias y obstáculos al solicitar órdenes de protección.

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“Desde Km0 creemos que la Policía no está capacitada para atender situaciones de violencia de género. En un país donde la vida de las mujeres está en constante amenaza, se debe contar con profesionales de la conducta humana que trabajen la situación con sensibilidad y respeto”, escribieron en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter) junto a dos imágenes que leen “¿Has enfrentado alguna barrera al momento de solicitar una orden de protección a la Policía de Puerto Rico?” y “Cuéntanos tu historia. Puede ser anónima y confidencial. Visita evidencialaviolencia.org”.

Este análisis cobra relevancia tras el reciente triple asesinato y suicidio en Yauco, donde Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, liberado bajo fianza horas antes de los hechos, acabó con la vida de Linnette Morales Vázquez, Luis Miguel Morales Vázquez y Lizzette Vázquez Vélez.

El alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres Ortiz, confirmó que la tragedia pudo haberse evitado, ya que se habían solicitado órdenes de protección y se imploró por el monitoreo electrónico del agresor. Estos hechos generan un llamado de urgencia a revisar los protocolos judiciales y fortalecer las medidas de protección para prevenir futuras tragedias.

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