La organización a favor del ambiente, Sierra Club, se mostró en contra de la medida presentada en el Senado de Puerto Rico que busca posponer la implementación de la ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en comercios.
Según la organización: “en medio de una crisis de capacidad en nuestros vertederos, este proyecto busca posponer la crucial eliminación de plásticos de un solo uso en comercios, permitiendo la acumulación adicional de toneladas de estos materiales en los vertederos oficiales y clandestinos por dos años adicionales”.
PUBLICIDAD
Además, señalaron que de aprobarse el Proyecto del Senado 1374, se crearía un “peligroso precedente” de que se enmienden leyes cuando las agencias no cumplen con su deber ministerial.
La organización participó de la vista pública sobre dicho proyecto ante la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado.
La coordinadora de Legislación de Sierra Club PR, Maritza Maymí, indicó que: “En el 2019 un análisis realizado por la Universidad de Newcastle en Australia y la organización suiza Dalberg -que incluyó un total de 33 estudios de patrones de consumo centrados especialmente en alimentos y bebidas- concluyó que una persona promedio podría ingerir alrededor de 1,769 partículas de plástico semanalmente, solo a través del consumo de agua.”
Según indicó Maymí, este análisis estimó que la cantidad promedio de plástico ingerido por una persona semanalmente, podría ser de aproximadamente 5 gramos (lo que es equivalente al tamaño de una tarjeta de crédito).
En el 2022, la Ley 51 fue aprobada para abordar esta problemática. El Sierra Club destaca la falta de justificación para posponer la entrada en vigor de la Ley, sugiriendo que esta decisión no considera los efectos adversos a la salud o beneficiosos en el bienestar común. Durante la audiencia, se abordaron preocupaciones sobre el reciclaje y las deficiencias en la infraestructura del país. Sierra Club destaca que la eliminación de plásticos de un solo uso busca reducir significativamente la cantidad de materiales que llegan diariamente a centros de acopios de reciclaje.
PUBLICIDAD
La ley ofrece un periodo de gracia de seis meses para que los comercios se adapten sin recibir multas, atendiendo las preocupaciones expresadas en la audiencia sobre el tiempo necesario para ajustarse a la medida. Maymí señaló:
“Casi ha caducado el término de dos años que la ley otorga para que los comercios se preparen; es infundado afirmar que los comerciantes tienen inventario de plásticos de un solo uso para dos años. Muchos empresarios y numerosos establecimientos utilizan opciones compostables, especialmente pequeños y medianos comercios.”
Abandonar los plásticos de un solo uso y cambiar el modelo lineal de consumo, desde la extracción de materiales hasta los desechos, podría generar cientos de empleos directos e indirectos, teniendo un impacto significativo en la economía local mediante la adopción de un modelo de economía circular. Esto abriría oportunidades para la fabricación local de productos alternativos, proporcionando insumos para procesos existentes y generando ahorros.”
Por otro lado, organizaciones del sector privado en unión a la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico exigieron la aprobación del proyecto que busca posponer la entrada en vigor de la ley que prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso desde junio.
“Estamos a favor de implementar medidas dirigidas a aminorar el impacto ambiental. Sin embargo, esto debe hacerse de forma ordenada, en fases y contando con una base legal clara. A menos de cinco meses de que entre esta ley en vigor, ni siquiera se ha promulgado el reglamento que regirá la implementación de la misma y que debería aclarar todas las lagunas que la ley tiene”, expresó José González, presidente de la ACDET en declaraciones escritas.
La Ley 51 provee para que a partir del mes de junio quede prohibida la venta y expendio de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido, comúnmente conocido como foam. Sin embargo, la ACDET presentó preocupaciones y varios puntos que profundizan en por qué dicha ley debe aplazarse y pasar por un proceso de enmiendas que permitan su viabilidad y efectividad, ya que, aunque la discusión pública se ha limitado a productos como sorbetos, platos y cubiertos desechable, su impacto al consumidor sería de mayor alcance.
El sector privado señaló que la Ley 51 resulta ambigua y carece de claridad. Si bien están de acuerdo en apoyar programas y medidas para frenar el impacto del calentamiento global y en promover la responsabilidad empresarial en torno a la conservación del medioambiente, debe hacerse de forma ordenada, planificada y en fases.
“Existe gran preocupación sobre los materiales que estarán permitidos al entrar en vigor la prohibición, pues la Ley 51 guarda silencio sobre el particular y aun no se ha promulgado ni adoptado el reglamento que viabilizará su implementación. Dicho reglamento es responsabilidad conjunta del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)”, añadió.
Al presente, el comercio y los distribuidores cuentan con inventario para satisfacer las necesidades del consumidor para todo el 2024, tanto con materiales que estarán prohibidos como otros que razonablemente se presume que podrían estar autorizados para la venta.
“Es decir, el impacto de la implantación de esta ley, de la forma que hoy está redactada, sería de grandes proporciones. Esto provocaría pérdidas millonarias en las operaciones de todo el comercio, desde las PyMes hasta cadenas multinacionales, impactando así el costo y la oferta al consumidor”, señaló González.
Otro aspecto es que como secuela de la falta de claridad de la Ley 51 y de la aprobación de un reglamento, se han dilatado las compras que deben realizar los suplidores y comercios para satisfacer la demanda de productos de consumo diario.
“Hoy no podemos garantizar que, si la prohibición entra en vigor en junio, contemos con inventario suficiente para suplir las necesidades del consumidor puertorriqueño y los comercios, en especial los pequeños que sabemos dependen de toda la cadena de distribución. Una implementación a destiempo y poco planificada, creará una escasez de productos riesgosa e innecesaria”, acotó González.
“Además, hemos levantado bandera de que existen dudas sobre determinados artículos que están empacados o que tienen que ser servidos en plásticos. Por ejemplo, debido a la reglamentación federal, los productos de uso médico y medicamentos tienen que ser empacados o dispensados en plásticos. Otros productos como los electrónicos, muebles, agua embotellada, productos de higiene personal, entre otros, ya vienen empacados con plásticos o foam, y estando éstos en el comercio interestatal e internacional, no pueden ser regulados por las autoridades de Puerto Rico”, añadió.
Otras preocupaciones esbozadas por el sector privado giran en torno a la competencia desleal por las ventas por internet y la falta de capacidad del gobierno para el manejo de compostables, ya que en la isla solo operan unas cinco plantas de composta, que no cuentan con la capacidad para procesar la inminente avalancha de productos compostables que generaría la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un solo uso y foam.
