Decenas de familias se encuentran denunciando un patrón de acoso por parte del Departamento de la Familia (DF), luego de que la agencia ordenara el cierre de Hatillo Nursing Home (HNH), un hogar de envejecientes que brinda servicios a 55 adultos mayores en la llamada “Capital de la industria lechera”.
La determinación se dio después de que el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Apelativo (TA) fallara a favor del DF alegando que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo erró al desestimar la Demanda de Interdicto Estatuario y la Solicitud de Entredicho Provisional presentada por la agencia gubernamental el 9 de marzo de 2023.
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En la misma, alegaban que el establecimiento de cuidado prolongado continuaba operando sin licencia a pesar de habérselas suspendido tras la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos de Familia “investigar” y “probar” dos querellas de negligencia. Luego de varios recursos presentados por ambas partes, el foro primario concedió una licencia provisional a HNH para que pudiera ofrecer sus servicios y, finalmente, desestimó la demanda del DF, por lo que la agencia acudió al foro apelativo. Finalmente, el TA ordenó al centro cesar operaciones en un término de cinco días a partir de la fecha.
“Durante el juicio, el ELA (DF) logró probar la falta de una licencia vigente para operar un establecimiento dirigido al cuidado de personas de edad avanzada, más dos querellas por negligencia contra Hatillo Nursing Home. Ante la radicación de las querellas y la ausencia de una licencia, existe causa para considerar que el interdicto estatutario cumplía con los requisitos mencionados previamente para ser atendido”, lee la sentencia.
Desde entonces, los parientes y tutores de los residentes alegan que el DF los ha llamado y enviado correos electrónicos constantemente “amenazándolos” con aplicarles la Ley 121-2019, “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, que establece en el artículo 6 las responsabilidades y deberes de la familia. Asimismo, los remedios legales expuestos en el estatuto para atender casos de maltrato o negligencia de personas de la tercera edad. Ahora, los familiares fueron citados por parte del DF a las oficinas regionales de la agencia en Arecibo el viernes, 26 de enero.
“Nuestro reclamo es que nosotros (los parientes) pasamos mucho tiempo buscando un hogar que reuniera ciertos requisitos de planta física, las facilidades que fueran amplias, que tuviera planta eléctrica y placas solares, que tuviera cisterna, que tuviera aire acondicionado central, a parte del trato, a un precio razonable”, expresó a Metro Puerto Rico Elba Guzmán, hija de una de las inquilinas.
Según explicó Guzmán, a pesar de que no están de acuerdo con la sentencia emitida por el TA, sobre 25 familias ya han tomado acción movilizando a los residentes a otros hogares por miedo a ser acusados de maltrato o negligencia. Sin embargo, puntualizan que, cuando hacen la comparativa de los servicios que le ofrecía HNH con el listado que les proveyó el DF a nivel isla, los centros no cumplen con los estándares para que los adultos mayores vivan dignamente y/o no son costo-efectivos.
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“En el área metropolitana y este, los precios (de los hogares privados) sobrepasan los $3,000 dólares y hasta $4,000 dólares. Nosotros jamás y nunca pagamos eso. Allí (en HNH) nuestros familiares no pasan ninguna vicisitud. Ellos (el DF) nos llamaron en diciembre y pretendían que en cinco días reubicáramos a nuestros familiares, cuando nosotros sabemos como son muchos de los otros lugares que el Departamento de la Familia tiene licenciados, son unas pocilgas. Quizás podrán tener un precio más bajo, pero nosotros lo que estamos buscando es seguridad y bienestar para nuestros seres queridos, y nosotros entendemos que en el lugar donde están tienen eso”, afirmó Guzmán.
Por su parte, Sandra Rivera— hija de un residente— dijo que la gran mayoría de los centros de envejecientes del listado que les brindó la agencia son casas “mal habilitadas” para atender esta población. En cuanto a los costos, precisó que alcanzan los $1,800 dólares.
“Un sin número de las casas no cuentan con las facilidades físicas, inclusive, tienen rejas, escaleras, no tienen rampas que cumplan con la ley de accesibilidad— la Ley 504— las habitaciones son incómodas, la cantidad de personal no es suficiente para atender todos los residentes, el programa de mantenimiento es bien limitado. El hecho es que cuando vas a procurar cuánto es el pago de los servicios y la estadía de los residentes, sobrepasa las expectativas [...] Son costos absurdos porque son del Departamento (de la Familia)”, detalló Rivera.
Rivera precisó que en HNH pagan una cantidad similar, no obstante, el servicio que reciben es de calidad y las facilidades están en óptimas condiciones. En cambio, los lugares que han podido visitar son hasta más pequeños y les ofrecen menos servicios.
“Comparativamente con una casa, con una residencia normal, de tres habitaciones, un baño y una cocina para seis a ocho residentes, no tiene lógica. Yo no voy a pagar $1,500 dólares o $1,800 dólares por un cuarto que no tiene aire acondicionado— porque si tiene aire acondicionado sube a $2,000 dólares— que es compartido, que tiene unas facilidades de almacenamiento compartidas, que la amplitud de los pasillos y de las áreas comunes es limitada, no tiene lógica”, mencionó Rivera, quien aseveró que no costearía más de $1,300 dólares por los mismos.
Tanto Guzmán como Rivera aseveraron que los cinco días que les brindó el TA es muy poco tiempo para que sus padres puedan ser trasladados a otro hogar. De la misma forma, resaltaron que la sentencia del foro apelativo no es una final y firme puesto que el debido proceso de ley les permite presentar los recursos que entiendan necesarios de no estar de acuerdo con la sentencia.
“No sé cómo tu vez que te emitan una resolución en plena Navidad de que tienes cinco días para reubicar a un familiar. Como decimos en el campo ´esos no son sacos de papa lo que tu estas mudando´”, añadió Rivera.
En cuanto a los familiares de los 30 residentes que quedan en el HNH, Guzmán comentó que no se han negado a recolocar a los envejecientes, no obstante, reiteró que no consiguen un lugar que cumpla con sus expectativas. Declaró que el DF les ofreció equipararle la tarifa, sin embargo, lo puso en tela de juicio “porque en la prensa han reseñado que hay hogares que están a punto de cerrar porque el Departamento de la Familia no cumple con los pagos que tienen que hacer”.
Otra de las grandes inquietudes de Elba como hija, es que su madre— al igual que los otros inquilinos— vean afectada su salud emocional.
“Tal vez podemos pensar que es más fácil mover a mi familiar del hogar y me quito esta presión. También, debemos pensar cómo nuestro familiar se puede descompensar emocional y en lo sucesivo, físicamente al moverlo del hogar. Hemos presenciado ya dos residentes que se han ido llorando porque no se querían ir. Ellos conocen el ambiente, las enfermeras, las voces, los olores, las rutinas. Sacarlos del hogar los sacude. No son niños que se adaptan rápidamente, son ancianos. Son nuestros viejos”, sostuvo.
“Los residentes, nuestros familiares, sienten y padecen. El centro se convierte en una nueva familia que tienen por años y bajo ningún concepto, pueden ser tratados como si fueran un mueble. Eso les afecta su estabilidad emocional. Un cierre abrupto es un tipo de maltrato institucional, es violencia psicológica”, agregó Guzmán.
Reacción del Departamento de la Familia
Ante la solicitud de una reacción a las denuncias presentadas por parte de los familiares de los residentes de Hatillo Nursing Home (HNH) contra el Departamento de la Familia (DF), el portavoz de la agencia, Juan José Díaz, declaró de manera preliminar que el DF recibió las querellas de negligencia, las investigó “de manera exhaustiva” y recurrió a ambos tribunales para presentar el caso. Al final, fue el propio Tribunal de Apelaciones quien ordenó el cierre del hogar de envejecientes.
“El Departamento de la Familia atiende todas las querellas con la mayor seriedad, poniendo el bienestar de los adultos mayores como prioridad. Por eso, se investigan de forma exhaustiva, a veces confirmándose la información referida mediante querella y, en ocasiones, descartándola, dependiendo de los resultados. De hecho, el proceso es tan riguroso y justo, que, como en este caso, los tribunales nos han dado la razón”, apuntó Díaz en declaraciones escritas.
“Tratándose de una Orden del Tribunal, el Departamento de la Familia acata y procede con el proceso de cierre y reubicación de los residentes”, añadió.
