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Buscarán que Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor se convierta en ley

El fraude les costó a los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo a los puertorriqueños, unos $8.8 millones de dólares en el 2022

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Ante el dramático aumento en casos de fraude, el representante novoprogresista, Víctor Parés, informó que radicó una legislación que crea, por ley, la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor bajo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El proyecto de ley también asigna a la agencia gubernamental la cantidad de $250,000 dólares para el desarrollo y mantenimiento de dicha unidad.

“Estamos viendo un dramático aumento en el número y la sofisticación de casos de fraude mediante medios electrónicos. Llamadas telefónicas pretendiendo ser un banco, mensajes de texto indicando que se han ganado premios y correos electrónicos con ofertas de ventas casi increíbles, al igual que algunos haciéndose pasar por agencias de gobierno; todos son parte de los nuevos esquemas delictivos diseñados para robar datos personales, incluyendo información bancaria. Ante esta realidad, tenemos que actuar y hacer que la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del DACO sea una plataforma legal que trasciende administraciones públicas”, comentó el legislador.

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Según datos oficiales de la Comisión Federal para el Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), el fraude les costó a los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo incluyendo a los puertorriqueños, unos $8,800 millones de dólares en el 2022, cifra que expertos han determinado que subirá exponencialmente durante este año.

En diciembre de 2022, DACO creó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, adscrita a la Oficina del Secretario, con el propósito de mantener al consumidor alerta sobre nuevas plataformas de fraude.

“Desde su creación, esta Unidad ha estado identificando esquemas fraudulentos e informándoles al Pueblo. Sin embargo, esta estructura, tan importante en la lucha contra el fraude, no está organizada bajo el amparo de la ley, lo que significa que puede ser eliminada por cualquier administración. No queremos eso, por el contrario, nuestro proyecto hace que la misma sea una obligación en ley. Además, ante la realidad y la función de la Unidad, estamos asignando un cuarto de millón de dólares para su creación y mantenimiento este año fiscal (2023-2024) además de un compromiso de identificar fondos recurrentes”, detalló el representante por el Distrito #4 de San Juan.

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