El Senado de Puerto Rico aprobó en el segundo día de la Séptima Sesión Ordinaria el segundo informe del informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1593, de la autoría del Representante José Rivera Madera. La medida busca aportarles a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50 por ciento de su ingreso.
Igualmente, busca regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios. Además, busca establecer el periodo en que dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de licencias de máquinas a las que tengan derecho.
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Según establece la medida, mediante la aprobación de esta Ley, “se amplía la política pública relativa al retiro de la Policía, conforme a los recaudos recibidos de las máquinas de juegos de azar en ruta. Los recaudos gubernamentales no se afectan, puesto que el ingreso estaría disponible en el fideicomiso creado para otorgar los beneficios correspondientes”. La ley autoriza la introducción y operación de hasta veinticinco mil máquinas de juegos de azar en ruta en la isla, con la posibilidad de aumentar esta cifra tras dos años, si no se satura el mercado.
El proyecto también establece requisitos estrictos para la operación de las máquinas, incluyendo la necesidad de licencia y marbete emitidos por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, así como la obligación de conexión a los Sistemas de Conexión Interna para autenticar jugadas y mantener la seguridad de los datos.
La reforma busca, principalmente, incrementar la contribución al fondo de compensación de retiro de la Policía de Puerto Rico a través de las ganancias generadas por las máquinas de juegos de azar. La Ley 104-2022 ya había introducido enmiendas para destinar parte de los pagos de licencias al fideicomiso de la Policía, pero el Proyecto de la Cámara 1593 asegura que al menos el 50% de los ingresos de los retirados se destine a sus pagos de retiro, incluso aquellos afectados por la Ley 3-2013.
De otra parte, fue aprobado el Proyecto del Senado 1262 de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”. Esto con el propósito de establecer una “orden de protección duradera” en aquellos casos de abuso sexual contra personas menores, cuya vigencia será hasta que la víctima cumpla la edad de18 años.
“Es un mecanismo adicional para promover y ejecutar acciones en favor del mejor bienestar y seguridad de una persona menor hasta que alcance la edad de 18 años. Se constituye como otra alternativa esencial en la protección de los derechos y la seguridad de las personas menores frente al abuso sexual. Proporcionan un medio legal para evitar el contacto entre el presunto abusador y el menor, creando un entorno seguro que promueve la sanación y el bienestar”, cita el informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez que atendió la medida.
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También, se le dio paso al Proyecto del Senado 1110 de la autoría del senador Rubén Soto Rivera, para enmendar la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en Cualquiera de sus Etapas en Puerto Rico”. Esto para que se incluya el auxilio de la Oficina del Procurador del Paciente en instancias en que un paciente realice un reclamo de un tema relacionado a su salud.
“La Comisión de Salud coincide con los sectores consultados, y entiende meritorio la inclusión de la oficina del procurador del paciente para el auxilio de toda persona, que vive con un diagnóstico positivo a VIH. El ofrecer otra alternativa a esta población vulnerabilizada para realizar sus reclamos sin que se sientan amenazados o pasen por un proceso judicial más complicado, les brinda una plataforma más accesible para ser escuchados”, reza parte del informe sometido por dicha Comisión.
