El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad la asignación de $250 millones en alivios contributivos destinados a brindar incentivos durante el año contributivo 2023, para redistribuirlo entre los contribuyentes pertenecientes a las clases media y media alta en forma de un “incentivo reintegrable”.
Durante su turno, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, enfatizó la simplicidad del proyecto, compuesto por apenas tres páginas, y resaltó la importancia de su rápida aprobación. Explicó que la premura radica en permitir al secretario de Hacienda realizar los cambios tecnológicos necesarios para la pronta implementación del reintegro. La resolución asigna, desde el punto de vista presupuestario, la cifra crucial de $250 millones para este propósito.
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“Si su ingreso tributable es menos de $100,000, recibirá un reintegro del 8% de su responsabilidad contributiva, si es más su reintegro será de un 4%”, explicó el senador.
El legislador detalló las principales disposiciones de la resolución, destacando cuatro aspectos fundamentales. Primero, la asignación presupuestaria de 250 millones de dólares para el reintegro contributivo. En segundo lugar, establece la metodología general para la presentación de planillas, utilizando un cómputo hipotético basado en tasas contributivas contempladas en un proyecto de reforma pendiente de aprobación. En tercer lugar, la resolución requiere que el secretario de Hacienda someta información detallada a los cuerpos legislativos para garantizar transparencia en el proceso. Finalmente, la medida prevé la posibilidad de arrastrar fondos no utilizados para incentivos contributivos futuros.
El senador Zaragoza explicó que la cantidad exacta del reintegro dependerá del ingreso tributable de cada contribuyente. El legislador subrayó que la presentación de la planilla es un requisito indispensable para recibir el reintegro.
A pesar de expresar su deseo de incluir disposiciones para reintegros en años futuros, el senador Zaragoza señaló que la negociación con la Junta de Control Fiscal resultó en una cantidad única para el presente año fiscal.
“Nosotros endosamos favorablemente esta medida. Hubiésemos preferido que hubiese estado incluida en un proyecto, aunque simple, pero que hubiese provisto reembolsos similares en años futuros sujetos al cumplimiento de ciertas métricas económicas, pero lo que se pudo negociar con la Junta de Control Fiscal fue una cantidad particular única para este año fiscal que está corriendo”, aseguró Zaragoza.
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La resolución ahora pasa a consideración del cuerpo legislativo para su aprobación, tras recibir enmiendas durante la sesión.
La medida busca proporcionar un impulso adicional a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas. La asignación de fondos, que se financiará a través del Fondo General del Tesoro Estatal, se destina a complementar las iniciativas legislativas anteriores, como la Ley 53-2021 y la Ley 41-2021, que han contribuido a reducir la deuda del gobierno central y proporcionar alivios a la pobreza infantil.
También busca evitar un costoso litigio por la Reforma Contributiva, comprometiendo recursos para garantizar la implementación efectiva de políticas de alivio contributivo. Pese a los reparos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Rama Ejecutiva y la Legislativa han expresado su desacuerdo, argumentando que la medida promueve un desarrollo económico sostenible acorde a las necesidades y realidades fiscales de la isla.
Según lo estipulado en la resolución, los alivios contributivos se distribuirán de acuerdo con la misma política pública establecida en el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839. Se pretende que los incentivos lleguen a los contribuyentes cuyo ingreso neto sujeto a contribución normal sea menor de $250,000.00, pero reducido por el Crédito por Trabajo recibido, asegurando así que la clase trabajadora, sin el beneficio del Crédito por Trabajo, sea la principal beneficiaria.
