El representante de la organización sin fines de lucro Solar United Neighbors (SUN) y director del programa de energía solar en Puerto Rico, David Ortiz, respondió a las preocupaciones planteadas por Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo, sobre el programa de incentivos federales destinado a instalar sistemas solares y de almacenamiento en baterías para hogares vulnerables en la isla a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF).
Massol mostró inquietudes respecto a la implementación del programa, enfatizando que a pesar de la creencia generalizada de que los sistemas serían gratuitos, el modelo de negocios implica que entre 30,000 y 40,000 familias pobres podrían terminar asumiendo costos que superan los $1,000 millones de dólares en pagos e intereses a lo largo de las próximas dos décadas. Alertó sobre el riesgo para los títulos de propiedad y cuestionó las salvaguardias para que los beneficiarios comprendan completamente los términos y condiciones, incluyendo los posibles pagos de intereses.
El pasado mes de noviembre, la secretaria del Departamento de Energía Federal (DOE) por sus siglas en inglés), Jennifer Granholm, anunció que tanto el Congreso como el presidente estadounidense, Joe Biden, avalaron un proyecto de ley que destina $1,000 millones de dólares para promover la energía solar en los techos de Puerto Rico, enfocándose en los residentes más vulnerables, incluyendo aquellos con discapacidades médicas, en situación de pobreza extrema y en comunidades de última milla.
Ortiz reaccionó diciendo que respeta a Massol por su labor, pero se abstuvo de comentar directamente sobre sus declaraciones. En cambio, hizo hincapié en la importancia de asegurar un proceso justo para todos los involucrados, enfatizando la protección de los derechos del consumidor durante la transición hacia la energía renovable. Ortiz afirmó que el DOE está comprometido a velar por los derechos de las personas y a garantizar que no pierdan sus propiedades en este proceso.
“Nos aseguraremos de la protección de los derechos del consumidor en ese proceso. Y si nosotros hacemos eso, pues nos podemos asegurar de que sea una transición que se pueda beneficiar las personas de las comunidades vulnerables, y que se haga sin ellos perder su derecho a ese proceso. Yo creo que, por lo que entiendo, el Departamento de Energía mencionó que las personas no tenían que preocuparse de perder sus hogares”, sostuvo.
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El representante de SUN enfatizó la importancia de este proyecto para convertir a la isla en un referente global en la transición hacia las energías renovables. En cuanto a las preocupaciones sobre los términos y condiciones de los programas y la educación de los beneficiarios, señaló que el proceso deberá ser uno justo para todos. Además, que las comunidades deberán comprender completamente las estipulaciones sin perder sus derechos.
Sin embargo, reconoció que aún hay aspectos por definir, como el reciclaje de equipos al final de su vida útil. Aunque no se ha establecido un plan concreto, comentó que se considerará la sostenibilidad medioambiental y se buscarán formas de reciclar las baterías utilizadas en estos sistemas.
Sobre las instalaciones, esperan comenzar con las primeras en la primavera de 2024. Ortiz reveló que actualmente están en la etapa inicial de planificación y no han determinado la cantidad exacta de casas o una fecha límite para la implementación. El enfoque inicial está en la comunidad de Las Margaritas en Salinas, donde se planea crear un “microgrid” y proporcionar sistemas solares y baterías para impulsar la sostenibilidad energética en esa área. Mencionó además la posibilidad de expandir el proyecto a otras comunidades vecinas en el futuro, pero estos detalles aún están en fase de estructuración.
“Nosotros estamos trabajando con la Comunidad de la Margarita en Salinas y el tratar de crear un ‘microgrid´ y proveer sistemas solares y baterías para las comunidades ahí. También, habrá otras comunidades aledañas, pues posiblemente a las margaritas que miraremos, pero por ahora estamos en el proceso de planificación”, dijo.
La agencia federal había anunciado en 2023 la selección de compañías solares y organizaciones sin fines de lucro para llevar a cabo esta iniciativa, que según afirman, también tiene como finalidad contribuir a la creación de empleos locales en el sector de energía limpia. Asimismo, entre sus objetivos a nivel isla se encuentra que Puerto Rico alcance el 40% de energía renovable para 2025 y el 100% para 2040.