En el reinicio del juicio contra María Milagros Charbonier, el agente investigador del FBI, Andrew Waltz, fue objeto del contrainterrogatorio por parte de la defensa de la exrepresentante acusada junto a su esposo de conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero.
Contra Charbonier pesa también un cargo adicional de obstrucción a la justicia por supuestamente destruir datos en su teléfono celular.
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Durante el contrainterrogatorio, Waltz reconoció que no recibió informes sometidos por Charbonier ante la Oficina de Ética Gubernamental correspondientes a los años 2015 a 2020 y en los que reportó el ingreso de $1,500 bisemanales que presuntamente recibía de parte de un primo residente en Estados Unidos, identificado como Miguel Ortiz, como compensación por hacerse cargo de su madre enferma.
Esa cantidad de dinero es precisamente la que la Fiscalía federal alega que la exlegisladora recibía de parte de su ex empleada Frances Acevedo.
El agente Waltz también declaró que en al menos dos ocasiones el FBI proveyó $1,500 para corroborar el presunto esquema entre la entonces legisladora y su empleada. El dinero fue entregado al exdirector de la oficina de la representante, Jonathan Alemán, quien entonces se los haría llegar a Acevedo.
Sin embaergo, durante un allanamiento en la casa de Charbonier el 15 julio de 2020 los agentes federales no hallaron el dinero marcado que se había entregado a Alemán, mientras que parte del mismo fue encontrado durante otro allanamiento ese mismo día en la residencia de Acevedo.
Al inicio de los procesos, la jueza Sylvia Carreño informó que la suspensión del juicio a mediados del mes pasado se debió a que estaba enferma con COVID-19.
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Según la acusación, el esquema de “kickbacks” se centró en que Charbonier infló el salario de su secretaria recepcionista, Acevedo —de unos $755 bisemanales a $4,000 bisemanales— y, a cambio, la entonces legisladora recibía porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de su empleada.
Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.
El mes pasado, Acevedo Ceballos se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.
