En una conferencia de prensa celebrada esta mañana, el Junte de Jubilados del Gobierno de Puerto Rico reunió a varios de los miembros de diferentes grupos para pedir al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, una audiencia inmediata y una solicitud urgente de una bonificación especial.
Los jubilados destacaron su dedicación de décadas al servicio público, subrayando cómo su trabajo contribuyó al progreso y desarrollo de la isla. Sin embargo, lamentaron la preocupante realidad: el deterioro del poder adquisitivo de sus pensiones, agudizado por la escalada inflacionaria que afecta la calidad de vida de quienes dedicaron años al servicio del país.
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“Somos una parte vital de la economía puertorriqueña, pero nos encontramos enfrentando dificultades para cubrir nuestras necesidades básicas”, afirmó el presidente de la Federación de Empleados Gerenciales y Pensionados del Gobierno, Armando Montero González.
Montero González enfatizó que, aunque el Gobierno ha brindado beneficios económicos a diversos sectores y ha propuesto acuerdos contributivos para ciertas áreas del país, los pensionados han sido dejados de lado en esta bonanza financiera.
“Hemos dedicado décadas de nuestras vidas al servicio del gobierno sin recibir ajustes en nuestras pensiones”, declaró.
El presidente de la Federación destacó la situación de miles de policías y maestros cuyas pensiones apenas superan los $1,000 dólares y que, a su vez, no cuentan con seguro social. Además, señaló que los pensionados representan más del 20% de la sociedad y son un pilar fundamental en el sostenimiento económico y social de sus familias.
Montero González hizo hincapié en las menciones previas del secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, sobre los excedentes financieros que se han distribuido equitativamente en diferentes sectores, pero lamentó que los pensionados no hayan recibido ninguna asistencia a pesar de su contribución al consumo y al desarrollo económico a través del IVU.
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La solicitud de los pensionados no se trata de un regalo, recalcó Montero González, sino de un reclamo justo basado en los acuerdos establecidos cuando iniciaron su labor para el Gobierno. Apelan a que se reconozcan sus contribuciones a la sociedad y se cumplan los compromisos adquiridos en términos de reconocimiento económico en momentos de bonanza fiscal.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Veteranos de la Policía, Eladio Neris Mulero, aseguró que los servicios esenciales como la atención médica y los incrementos en servicios básicos como agua y energía han ejercido una presión financiera insostenible sobre los jubilados.
“Ahora mismo nuestros compañeros policías están con una miseria de pensión. Actualmente, los policías no pagan Seguro Social. Es una miseria, una pensión, es baja y actualmente llevan dos años dando bonificaciones a los empleados públicos y no están incluidos los policías pensionados”, explicó Neris Mulero.
En un llamado a la acción, los jubilados instaron al Gobierno a considerar una bonificación especial como una medida inmediata y necesaria para contrarrestar los efectos adversos de la inflación en sus vidas. Argumentaron que el compromiso gubernamental de evitar recortes a las pensiones debe ir acompañado de acciones concretas para proteger el bienestar de quienes han contribuido al país durante años.
La solicitud se basa en acuerdos previos entre el Pierluisi Urrutia y la Legislatura para asignar bonificaciones especiales utilizando fondos excedentes después de cumplir con las obligaciones fiscales. Los jubilados pidieron ser incluidos en esta distribución de bonificaciones como un gesto justo y necesario hacia aquellos que, luego de años de servicio, se encuentran luchando contra la inflación.
