La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó a la jueza federal, Laura Taylor Swain, que deje sin efecto los convenios colectivos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya que la agencia no puede cumplir con lo estipulado en los acuerdos.
“La AEE no puede asumir sus convenios colectivos porque es incapaz de subsanar la significativa multimillonaria infra-financiación de su plan de beneficios definidos, cumplir con las futuras obligaciones de financiación para mantener el sistema tal y como existe actualmente y como exigen los convenios, o pagar las reclamaciones de los sindicatos que superan los 1.000 millones de dólares”, lee la moción.
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Según explica el documento, en la UTIER hay 139 empleados bajo el pacto, mientras en la UEPI, tres. Tanto la UTIER como la UEPI firmaron sus convenios colectivos en 2008.
En la moción, el ente fiscal establece que “asumir los convenios también sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones que la Junta de Supervisión ha determinado que son esenciales para garantizar una financiación adecuada de las prestaciones de pensiones devengadas. Las medidas de reforma de las pensiones son las mismas que aplicadas a los empleados públicos del ELA y otros deudores del Título III”.
Además, detallan que el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (“PREPA ERS”) confirmó que la AEE debe $1.2296 mil millones de dólares en contribuciones patronales no pagadas desde 2016 hasta la fecha, más $5.0679 mil millones de dólares adicionales en el futuro. Tanto así, que en abril de 2023 enviaron a los pensionados un “Aviso de Insolvencia” indicando que no podían pagarles sus pensiones a partir de mayo de 2023. Esto “evidencia” que la agencia pública no puede cumplir con el requisito de los convenios de mantener su sistema de pensiones.
“La congelación contemplada de las acumulaciones de beneficios, la eliminación de los ajustes (por inflación) y la transición del plan de beneficios definidos de la AEE a un sistema PayGo bajo el plan de ajuste propuesto por la AEE resultaría en ahorros de más de $425 millones en el futuro”, sostiene la moción.
Además, señalan que la UTIER presentó una reclamación contra la AEE de $1,124,524,226.25 dólares y la UEPI de $3.7 millones de dólares. Aunque la Junta impugnó la de la UTIER y sostiene que, lo más probable será anulada, puntualizan que “la AEE es indiscutiblemente incapaz de asumir esta obligación y pagarla en su totalidad”.
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Para ello, sugieren que se alineen “con la Ley 26-2017, la que estandariza los beneficios a través del Estado Libre Asociado, sus agencias y corporaciones públicas”
Comentan además que la JSF ha buscando llegar a acuerdos desde el 2022 con ambos gremios, pero no ha tenido éxito.
“Desafortunadamente, las partes no han podido alcanzar una resolución consensuada en términos que protejan a los contribuyentes de la AEE y provean certeza a los pensionados de la AEE”, dicta la moción.
Finalmente, exponen que es necesario rechazar los acuerdos con ambas organizaciones para poder reorganizar la AEE, reformar el sistema de pensiones y evitar la responsabilidad de unas contribuciones patronales y reclamaciones bajo los convenios.
Cintan a Eduardo Bathia y a Ramón Luis Nieves
Asimismo, fueron citados para deponer a distancia el próximo 17 de noviembre el expresidente del Senado, Eduardo Bathia; el expresidente de la Comisión de Energía del Alto Cuerpo, Ramón Luis Nieves; y el representante del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), el economista Ramón Cao.
En un acuerdo bipartita, Bhatia y Nieves colaboraron en conjunto para crear Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019). El estatuto se originó con el fin de “lograr un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para los consumidores”. Adicional, propuso alcanzar en el 2050 un 100% de energía proveniente de fuentes renovables, erradicar el uso de carbón como fuente de energía a partir del 2028, entre otros. Precisamente, la legislación surgió del Colaborativo de Energía en 2018 organizado por el ICSE.
“Se tomará la declaración a distancia en interrogatorio oral de Eduardo Bhatia sobre la materia expuesta Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) en el caso No. 17-bk-4780, ECF No. 4176, presentado el 17 de noviembre de 2023, incluyendo sus opiniones respecto a los riesgos y complicación de la implementación del Plan de Ajuste, la reforma energética y el informe pericial del Sr. Bhatia, así como cualquier posible testimonio de refutación que el Sr. Bhatia pueda proporcionar”, lee el citatorio.
Sobre Nieves, el documento dice que “se tomará la declaración a distancia mediante interrogatorio oral oral de Ramón Luis Nieves sobre la materia establecido como testigo pericial del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) Divulgaciones en el caso No. 17-bk-4780, ECF No. 4176, presentado el 17 de noviembre de 2023, incluyendo sus opiniones sobre si el Plan de Ajuste cumple con la Política Energética de Puerto Rico, así como cualquier posible testimonio de refutación que el Sr. Nieves pueda proporcionar”.
En cuanto a Cao, se puede apreciar que “se tomará la deposición a distancia mediante interrogatorio oral de Ramón J. Cao García sobre el asunto expuesto en Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) en el Caso No. 17-bk-4780, ECF No. 4176, presentado el 17 de noviembre de 2023, incluyendo sus opiniones sobre la viabilidad del Plan de Ajuste, el impacto macroeconómico del Plan, el Legacy Charge, y el informe pericial del Dr. Cao, así como cualquier posible testimonio de refutación que el Dr. Cao pueda aportar”.
