Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentara el cuarto Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que representaría un aumento significativo en la factura de los clientes del servicio eléctrico en la isla, el Lcdo. Rolando Emanuelli destacó las implicaciones críticas que esto tendría para la economía local.
Emanuelli subrayó el impacto directo en los consumidores, anticipando un incremento significativo en las tarifas eléctricas de hasta 30 centavos por kilovatio hora. Además, alertó sobre un posible efecto inflacionario que afectaría a diversos sectores económicos al trasladar este costo adicional a los consumidores.
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La propuesta que debe ser aprobada por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, propone un PAD- AEE que aumentaría la factura del servicio eléctrico un 25%, que se divide en un 10% para pagarle a los bonistas y un 15% a los pensionados de la Autoridad.
“Según los estudios que se han hecho, el plan va a tener unas consecuencias gravísimas en la economía de Puerto Rico. Porque obviamente va a ser que no solamente tengamos que pagar el aumento y poner la luz a cerca de 30 centavos por kilovatio hora, sino que también va a crear un efecto inflacionario. Porque todos los negocios le van a pasar el costo de ese aumento a los consumidores y entonces la transportación, los servicios, todo se va a aumentar para cubrir ese costo, a la luz de los estudios eso va a tener un efecto de frenar la economía de Puerto Rico, que sí que se iba a crecer, o se anticipaba algún tipo de crecimiento, porque no se va a dar ese crecimiento”, explicó el abogado a Metro Puerto Rico.
Una de las preocupaciones recae en la capacidad crediticia comprometida de la AEE. Este compromiso dificulta la obtención de $6 mil millones de dólares adicionales necesarios para completar la reparación de la red eléctrica, ya que las emisiones de bonos, no serán suficientes. Esto podría llevar a mantener estándares por debajo de lo necesario para un servicio eléctrico confiable.
El plan también enfrenta críticas respecto a su impacto en la economía general. El experto en la Ley PROMESA, destacó que la proyección de déficits estructurales para el 2026 plantea un escenario preocupante, erosionando la capacidad del Gobierno para cubrir gastos. Esto, sumado al aumento en las tarifas eléctricas, podría generar una contracción económica y desencadenar migración hacia energías renovables.
“El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal Robert Mujica, (dijo) que ya para el 2026 volveremos a tener déficits estructurales. ¿Qué significa eso? que los ingresos no van a dar para cubrir los gastos del Gobierno, según están fijados actualmente, o sea, según el presupuesto actual, él anticipa que en el 2026 va a haber, si mal no recuerdo, un déficit de unos 300 millones de dólares. Entonces, cuál es el arreglo que hicieron ellos con los planes de ajuste si eso vuelve tan rápido y el efecto del aumento en la energía va a ser que esta situación de los desafíos estructurales pues sea más grave”, añadió.
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Asimismo, subrayó que este acuerdo pospone a los acreedores prioritarios, como el sistema de retiro, y desvía recursos necesarios para mejorar el servicio de la AEE. Este cambio en las prioridades económicas podría llevar a recortes y despidos en lugar de un enfoque en el crecimiento económico.
“El plan viene con estos incrementos adicionales que se le van a pagar a los acreedores no asegurados, viene a agravar una situación que ya los economistas dicen que es insostenible. No hay economista local que conoce la economía de Puerto Rico que no diga el Plan va a perjudicar la economía de Puerto Rico”, aseguró Emanuelli.
Por otro lado, el licenciado John E. Mudd enfatizó que el aumento en las tarifas eléctricas era un aspecto ya conocido por la mayoría. Sin embargo, su enfoque se dirigió a la raíz del problema ha sido el histórico descuido y mal manejo de la AEE durante años por parte de los dos partidos políticos en Puerto Rico.
“El problema es que por años estuvieron haciendo traqueteo con la Autoridad, llevando el Gobierno de Puerto Rico bajo los dos partidos (PNP y PPD). Y ahora te tienen que pagar el punto, pero el punto es que tienes que pagar”, dijo el abogado experto en PROMESA.
Señaló un aumento más allá del aparente incremento de pago por kilovatio hora, ilustrando un escenario donde incluso el consumo promedio de una familia podría resultar en un aumento significativo en la factura eléctrica.
“Yo no estoy diciendo que eso no sea un aumento que muchas personas no puedan pagarlo, eso es cierto, pero eso es lo que estamos hablando de aumento”, admitió Mudd, reconociendo el impacto directo en los hogares de Puerto Rico.
El abogado también arrojó luz sobre la ilusión de control que parecen tener algunos políticos respecto al presupuesto del gobierno. Subrayó que la JSF tiene la última palabra en cuanto a los pagos y gastos del Gobierno.
“El Gobierno de Puerto Rico no tiene control sobre su presupuesto; es la Junta quien establece las reglas”, enfatizó.
En cuanto a las pensiones...
Emanuelli, señaló que el PAD-AEE no aborda adecuadamente la cuestión de las pensiones y, en cambio, carga a los consumidores con un aumento injustificado en las tarifas eléctricas.
De igual forma, resaltó que no trata las pensiones como una obligación ejecutada, sino como un gasto operacional. Esta perspectiva implica un aumento estimado de 2.4 centavos por kilovatio hora en las tarifas eléctricas, un incremento que considera absurdo. Argumenta que este enfoque prioriza dar más dinero a los bonistas en lugar de dedicar los recursos necesarios a esta obligación prioritaria hacia los pensionados.
El licenciado hizo referencia al “trust agreement”, el documento base actual que indica claramente la necesidad de cubrir los “current expenses”, los gastos operacionales que incluyen el sistema de retiro y los pensionados. Sin embargo, critica que la Junta esté manejando el tema de los pensionados fuera del plan de ajuste, lo cual viola la prioridad establecida en dicho acuerdo. Esta situación, según Emanuelli, generará complicaciones en el proceso y se espera una apelación a este planteamiento por parte de los afectados, posiblemente a partir del 26 de enero.
El análisis del abogado también recalca que, aunque el plan actual reduce significativamente las obligaciones hacia los bonistas, al final de los 35 años se terminará pagando una suma considerable de $5,100 millones de dólares, debido a los intereses acumulados que representan un 6% o 7%. Aseveró que esta cantidad, aunque inferior a la reclamada inicialmente por los bonistas, sigue siendo substancial.
Además, explicó que el plan posterga a los acreedores prioritarios, como el sistema de retiro, para priorizar a los bonistas. Esta reorganización de prioridades coloca a los bonistas en una posición preferencial y, como resultado, obliga a los consumidores a asumir estos costos adicionales mediante el aumento de las tarifas eléctricas.
Emanuelli enfatizó que el plan actual desatiende el orden correcto de prioridades, beneficiando a los bonistas en detrimento de los pensionados y los consumidores. Su preocupación principal radica en la carga económica impuesta a los ciudadanos para financiar compromisos que deberían estar mejor jerarquizados en este proceso de ajuste de deuda.
