El arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en Nicaragua en los últimos días, sumado a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel, ponen fin a un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, según analistas y opositores, quienes aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega “quiere desaparecer” a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre, y a otros nueve párrocos se les detuvo en los siguientes dos días en diversos sitios del país centroamericano.
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Hay “una feroz cacería” de sacerdotes, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas en la Iglesia. Tras denunciar la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2018, Báez recibió amenazas de muerte y fue obligado a exiliarse en Miami.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua no se ha pronunciado sobre los arrestos masivos de religiosos, pero el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, en una aparente alusión al tema, pidió el domingo a sus fieles rezar por “la ausencia de sus sacerdotes”.
El cardenal Brenes ofició una misa en la Catedral Metropolitana de Managua, para expresar su “cercanía” con las familias y comunidades católicas, a las que invitó a “buscar juntos en la oración el consuelo de Dios y en la unidad eclesial nuestra fortaleza”.
La policía nicaragüense no ha desmentido, ni confirmado las denuncias sobre esos hechos.
Entre los sacerdotes presos, además del obispo Álvarez, acusado de “traición a la patria” por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados, figura Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre. Se desconoce su paradero, como el del resto de detenidos.
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También destacan el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, el vicario de Pastoral, Silvio Fonseca, ambos adultos mayores, y nueve párrocos, como el padre Raúl Zamora, cuya iglesia Divina Misericordia en la capital fue atacada a balazos por policías y paramilitares durante toda una noche el 13 de julio de 2018, con más de un centenar de estudiantes refugiados en su interior.
Otros dos sacerdotes detenidos fueron liberados, pero permanecen bajo vigilancia policial, según las autoridades religiosas.
Consultada por The Associated Press, la abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, consideró que la nueva ola de arrestos podría obedecer a que los sacerdotes “están orando” en sus misas por el obispo Rolando Álvarez.
Molina también la atribuye a los mensajes de algunos párrocos en sus homilías, en las que han aludido a la libertad y a los derechos humanos. Sin embargo, a su juicio, el objetivo final del gobierno sandinista de Ortega es deshacerse de esa presencia crítica.
“Quieren desaparecer a la Iglesia católica de Nicaragua”, afirma la jurista. Asegura que junto a los 13 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en el cierre del año, la policía se ha llevado a más de 20 laicos.
El gobierno de Ortega se autodefine “cristiano, socialista y solidario” y en sus discursos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, exalta conceptos como fe, perdón y amor a Dios.
“El discurso del sandinismo hay que entenderlo a la inversa, un cristiano no ataca la palabra de Dios”, comenta Molina, autora del estudio “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”, en el que documentó 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años.
De ese total, al menos 275 ataques ocurrieron en el último año, cuando 175 monjas y sacerdotes fueron forzados al exilio o impedidos de ingresar a Nicaragua después de un viaje, según el informe de Molina.
En la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista, el sacerdote Bismarck Carballo fue exhibido desnudo en la televisión oficialista y el obispo Pablo Vega fue expulsado a Honduras por apoyar en sus misas a los rebeldes “contras”.
Molina señala que también entonces hubo represión contra la Iglesia, pero es posible que muchos episodios no se documentaran por falta de los medios tecnológicos actuales.
En un comunicado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) indicó que en 2023 tuvo lugar “la más sistemática represión a la Iglesia católica” mediante la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de ONG y de universidades religiosas.
La UNAB llamó a “la unidad” de la disgregada oposición y pidió a la comunidad internacional aumentar “el aislamiento y las sanciones en contra de la dictadura”.
Otras 15 organizaciones opositoras emitieron una declaración señalando que estos arrestos buscan “eliminar la esperanza” de un cambio e infundir “temor” entre la población, al encarcelar a los líderes “de la institución más creíble” del país.
En tanto, el grupo político Monteverde, integrado por opositores exiliados y excarcelados, alertó en un comunicado “un plan de exterminio” de la Iglesia. El gobierno pretende “infringir un daño enorme (a la institución católica) para que no sea capaz de articularse después de esta redada”, advirtió en rueda de prensa Eliseo Núñez, miembro de esa agrupación disidente.
Manuel Orozco, analista político, dijo en redes sociales que líderes de Monteverde han pedido la intervención del Vaticano en el asunto y no descartó que los religiosos detenidos sean expulsados del país como los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y enviados a Roma en octubre, tras una negociación con el gobierno de Ortega.
En un mensaje grabado en video, el obispo auxiliar Báez calificó las redadas de los sacerdotes como una acción “arbitraria e ilegal” que revela, dijo, el “odio permanente de la dictadura sandinista hacia la Iglesia”.
“¡Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen”, clamó Báez.
Hasta el momento, la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la situación en Nicaragua.
