El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, aseguró que en la legislatura continúan investigando cuán costo efectivo es para el Gobierno eliminar la llamada “crudita 2″.
“Lo que la Comisión en consenso ha logrado, y es el objetivo, es tratar de al menos eliminar una de las cruditas que sería la última, que significa más o menos al rededor de 4 centavos por litro en la bomba. Para eso, el impacto económico se estima entre $120 y $124 millones de dólares. Estamos esperando información de parte del Departamento de Hacienda para ver de qué manera sustituir ese tributo”, comentó el legislador en entrevista con NotiUno 630.
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Bajo la administración del exgobernador, Alejandro García Padilla (2013 al 2017) se aprobaron una serie de enmiendas a la Ley #1 de 2015 (Ley de la crudita) con el fin de generar ingresos para obtener un préstamo de $2,900 millones a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para costear la deuda que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tenía con el ya cerrado Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La deuda era de $2,200 millones de dólares y no tenía fuente de repago.
El gobierno en ese entonces explicó que “la deuda fue el resultado de la práctica de los pasados años, en específico el cuatrienio 2009-2013 (Luis Fortuño), en el cual se sufragaron los déficits operacionales y las necesidades de inversión de capital de la ACT mediante líneas de crédito del BGF, sin que se identificaran fuentes de repago claras para cumplir con dichas obligaciones”.
Las enmiendas ajustaron el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados aumentando el costo de la gasolina a los consumidores a partir de marzo de 2015 a 16 centavos por galón (de $9.25 a $15.50 por barril de crudo) con el fin de saldar las finanzas de la ACT y reducir su deuda.
Posteriormente, el dinero obtenido de la segunda crudita pasó a manos del Fondo General de Puerto Rico para sufragar déficit operacionales, convirtiendo hoy día la eliminación de la legislación en una complicada. Cabe señalar que estos recaudos no deberían ser utilizados para otros fines que no sea pagar la deuda de la ACT.
En la legislatura se han presentando varios proyectos para suprimir este impuesto luego de que en octubre el gobernador actual, Pedro Pierluisi Urrutia, anunciara una nueva Alianza Público-Privada (APP) entre la ACT y la empresa Abertis (Metropistas) para mejorar varias carreteras de peaje durante un término de 40 años (PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66).
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Según explicó el primer ejecutivo del país, esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones de dólares por parte de Abertis a la ACT, que le permitirá a la ACT cubrir el pago de su deuda. Adicional, habrá una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones. De los $2,850 millones, un 50 por ciento será costeado con capital de la empresa privada, mientras que, la otra mitad será cubierta con financiación de 11 instituciones bancarias, tanto locales como internacionales.
“Va a permitir que la Autoridad de Carreteras salde la totalidad de su deuda, que incluye una deuda que tiene con el gobierno central, alrededor de $1,600 millones, y el sobrante lo va a tener la ACT para cumplir con su misión”, sostuvo Pierluisi Urrutia en ese entonces.
“Lamentablemente, los proyectos que fueron sometidos no dicen cómo tu vas a manejar la reducción de ingreso, ni siquiera el del Senado que fue aprobado y pasó a la Cámara (Proyecto del Senado 776). Solamente dice ‘elimina la crudida’, pero no toca una reducción de casi $600 y $700 millones de dólares”, explicó Santa Rodríguez en la entrevista con la emisora radial.
Mediante una carta con fecha del 1ro de noviembre, enviada a la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico y al gobernador, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que antes de la eliminación de la “crudita 2″ se tendría que analizar cómo se compensarían los fondos perdidos que se envían al Fondo General para servicios a la ciudadanía.
“Eliminar todos los impuestos de combustibles reduciría los ingresos del Fondo General por casi $3,000 millones por los próximos cinco años. Sería irresponsable fiscalmente eliminar más de $500 millones en ingresos de gobierno al año”, lee la carta que publicó el portal Microjuris.
Anteriormente, Pierluisi Urrutia había expresado que eliminaría el impuesto en caso de que no se aprobara su proyecto de reforma contributiva en la Asamblea Legislativa. Finalmente, la reforma contributiva fue aprobada, pero la JSF también advirtió al Gobierno que no debía firmarla, por lo que llegaron a un acuerdo para otorgarle a miles de familias puertorriqueñas un aumento por ajuste de inflación en el Crédito por Trabajo y un posible incentivo reintegrable que podrían alcanzar unos $1,500 millones de dólares.
Para que esto último sea una realidad, en la próxima sesión legislativa debe aprobarse unas enmiendas a la resolución presupuestaria para añadirle $260 millones de dólares. Sin embargo, la discusión sobre la “crudita 2″ todavía se encuentra sobre la mesa.
