La Junta de Planificación (JP) emitió ayer una resolución en la que, tras acoger las recomendaciones del oficial auditor, determinó suspender al profesional autorizado, el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez, su credencial por un término de dos años e imponer una multa de $25,000.
“En este caso el querellado recurrió a todas las instancias apelativas que le asistían, incluyendo el Tribunal Supremo, y en todas ellas se ratificó la acción fiscalizadora de la JP a través del proceso llevado a cabo mediante la auditoría. En vista de ello, luego del debido proceso de ley, la Junta en pleno evaluó las recomendaciones del oficial auditor y determinó la imposición de las sanciones”, explicó el presidente de JP, el planificador Julio Lassús Ruiz.
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La determinación de la JP ocurre luego de un exhaustivo proceso de auditoría en el que se encontró, entre otras cosas, que, en septiembre de 2019, Rodríguez Sánchez expidió, sin facultad para así hacerlo y en contra de leyes y reglamentos, el Permiso de Uso Núm. 2019-279203-PUS-065158, para cambio de nombre y uso residencial para una estructura ubicada en el camino Los Indios, Las Mareas, en Salinas.
La evaluación del auditor arrojó que la totalidad del predio de terreno donde enclava la propiedad atada al permiso se encuentra ubicado en una zona delimitada como Barrera Costera, lo que constituye una declaración del Gobierno Federal de no participar y desestimar el desarrollo de dicha área, mientras que, además, el predio se encuentra en un 98% en el distrito Preservación de Recursos, donde no se permite construcción alguna, excepto para estudios científicos. Durante el proceso administrativo, Rodríguez Sánchez no presentó evidencia documental de permiso previo de la propiedad que pruebe la legalidad de la estructura.
Este proceso administrativo comenzó con un referido del Consorcio CCVS a la JP, lo que activó el proceso de investigación y auditoría tras la cual se emitió un informe en el que se concluye que el permiso otorgado por el PA era contrario a derecho. El 7 de abril de 2022, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) presentó una solicitud de radicación de querella en el Sistema Unificado de Información (SUI), también conocido como Single Business Portal (SBP), a la que le fue asignado el número 2022-SRQ-009732. La radicación de la solicitud de radicación de querella tenía como objetivo que se llevara a cabo un proceso disciplinario por las acciones u omisiones del querellado al ejercer como PA.
La Junta de Planificación es la entidad gubernamental con la facultad en ley para auditar y fiscalizar las determinaciones finales y los permisos expedidos por los PA y por la OGPe. Asimismo, es la agencia facultada para la imposición de multas.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que la JP está comprometida con su rol de fiscalización y está atenta y vigilante al cumplimiento cabal con los rigores de los procesos de permisos. Es importante entender que la facilitación de los procesos y mecanismos para la tramitación de permisos, que son factor tan crítico para el desarrollo económico de Puerto Rico, no implica en modo alguno la relajación del cumplimiento con leyes y reglamentos. Hay que destacar que el rol de los PA es de mucha responsabilidad y debe ejercerse en total cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen estos procesos”, enfatizó Lassús Ruiz.
