Estados Unidos sancionó el jueves a más de una decena de funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador por considerar que han socavado la democracia de sus países y han participado en hechos graves de corrupción.
Entre los penalizados aparecen tres fiscales de Guatemala a los que Washington denuncia por haber liderado una investigación políticamente motivada para poner en duda los resultados de los últimos comicios presidenciales y obstaculizar la transición presidencial del ganador, Bernardo Arévalo.
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Todos los señalados fueron incluidos en una lista de extranjeros que no califican para obtener visas y son inadmisibles para ingresar a este país, o cuyas visas o documentos de entrada a Estados Unidos serán revocados o cancelados en caso de que hayan sido emitidos con anterioridad.
El anuncio tuvo lugar en momentos en que Estados Unidos intenta frenar la migración de cientos de miles de personas que huyen desde Centroamérica hacia el norte. Desde que asumió en el poder, el presidente Joe Biden ha expresado que la corrupción es una de las principales causas de inestabilidad en la región y que, junto a la pobreza y la inseguridad, impulsa la salida de personas en busca de mejores oportunidades en el extranjero.
“La promoción de una gobernanza democrática sólida en la región es una prioridad” del gobierno del presidente Joe Biden, dijo el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, al anunciar las sanciones en un comunicado de prensa. “La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica conducen a la inestabilidad e impulsan la migración irregular “.
Se trata de cuatro nicaragüenses, cuatro guatemaltecos, tres hondureños y tres salvadoreños, que se unen así a un grupo de unos 50 que conforman la lista.
Entre los sancionados de Guatemala aparecen los actuales fiscales Leonor Eugenia Morales Lazo, Pedro Hernández González y Noe Rivera Vásquez, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quezada.
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A los dos primeros, les atribuye acciones para frenar la transición de poder prevista para el próximo 14 de enero y en el caso de Rivera y de la magistrada Valdés, con corrupción en el sistema de justicia.
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, ha condenado en las últimas semanas a la fiscalía de Guatemala por su arremetida contra el proceso electoral, el presidente electo Bernardo Arévalo y su partido político Movimiento Semilla, así como contra los magistrados electorales.
La Organización de Estados Americanos la acusó incluso de alentar un “golpe de Estado”.
Los sancionados de El Salvador son Ricardo Gómez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, por socavar la democracia al bloquear el acceso a la información pública; y los comisionados del IAIP Gerardo Guerrero y Andrés Grégori Rodríguez.
De Honduras, el ministro de planeamiento estratégico Ricardo Arturo Salgado Bonilla, el empresario Mohammad Yusuf Amdani Bai, y Cristian Adolfo Sánchez;.
En el caso de Nicaragua fue penalizada la jueza Gloria María Saavedra Corrales, a quien Estados Unidos considera que usó su cargo público para facilitar una campaña que ha suprimido la disidencia y confiscado propiedad de una universidad jesuita sin bases legales, para instalar una administración cercana al gobierno.
Otros de los sancionados nicaragüenses son Maribel del Socorro Duriez González, presidenta de un consejo de evaluación y acreditación de instituciones universitarias; Ramona Pérez Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, y Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo, quien según Washington habrá participado en una campaña contra opositores del gobierno.
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La periodista Sara Melini contribuyó con esta nota desde Ciudad de Guatemala.
