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Presidente de la Cámara firma Orden Administrativa para detener la corrupción

La orden busca establecer nuevos controles en la contratación del personal de la Cámara de Representantes.

Metro Puerto Rico
Rafael Tatito Hernandez Rafael Tatito Hernandez, Presidente de la Camara de Representantes. Sala Mandin. Capitolio. San Juan. Foto Dennis A. Jones Metro PR (Dennis A. Jones)

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El Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció la firma de una Orden Administrativa que establecerá controles más rigurosos en la contratación del personal de la Cámara, apoyándose en la pericia de expertos de la Universidad de Puerto Rico.

El objetivo principal de esta Orden es asegurar que la selección de profesionales que prestan servicios en el cuerpo legislativo se realice en base al mérito, la preparación académica y la experiencia laboral. Hernández aseguró que esta iniciativa surge como respuesta a años de arbitrariedad en la concesión de salarios, que han sido objeto de investigaciones judiciales y han desatado polémicas transacciones de personal en el Tribunal Federal.

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“Aprobamos la Orden Administrativa 2021-02, denominada como “Declaración de Política Pública sobre la Transparencia en el Funcionamiento y la Operación de la Cámara de Representantes”, para establecer la estructura legal para divulgar sin dilación alguna la información bajo la custodia de este Cuerpo Legislativo y permitir la fiscalización ciudadana”, explicó Hernández Montañez.

La orden está respaldada por un estudio que involucró a expertos de la Universidad de Puerto Rico y con un costo aproximado de 80,000 dólares.

Al mismo tiempo, enviaron una carta circular en la que establecen un margen de escalas salariales en las oficinas administrativas y legislativas de la Cámara de Representantes.

“De esta forma, culminamos con los años de arbitrariedad en la concesión de salarios que provocó las nefastas transacciones de personal que se encuentran dilucidando en el Tribunal Federal”, dijo el presidente cameral refiriéndose al caso de la exrepresentante María Milagros Charbonier.

Hernández destacó que estos cambios buscan erradicar la corrupción y consolidar una cultura de integridad, ética y transparencia en la Cámara de Representantes. El enfoque estará en evitar las prácticas cuestionables que han socavado la confianza pública, mientras se refuerza el compromiso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

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“Nosotros sí cumplimos y sentimos orgullo de tener una Cámara transparente y accesible a la ciudadanía”, expresó Hernández.

Sin embargo, el presidente de la Cámara lamentó la falta de colaboración por parte de algunos legisladores, mayormente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en este proceso, afirmando que, ante la falta de voluntad política, optó por implementar los cambios mediante una Orden Administrativa, preservando, no obstante, la autonomía de cada legislador en la gestión de su personal.

El plan de clasificación, ya firmado, se espera que forme parte del próximo presupuesto, con un impacto proyectado de alrededor de 2 millones de dólares en el gasto de partidas. Además, se espera que entre en vigor el próximo mes de julio.

Hernández aseguró que este plan proporciona una guía clara, no solo para el presente, sino también para futuras administraciones, permitiendo ajustes sin comprometer la integridad financiera.

“Queremos dejar algo un poco más robusto, es lo mismo más ampliado con la guía, con las escalas”, afirmó Hernández, enfatizando la importancia de una estructura que permita la fiscalización pública sobre el uso de los fondos.

El plan de clasificación estará disponible para revisión en el portal de la Cámara, lo que permitirá un escrutinio público de cómo se asignan los fondos y, si hubiera excesos, se requerirá la autorización correspondiente para su justificación.

“Reconocimos que la operacionalización de esta Orden era esencial para que la fiscalización ciudadana fuera ejecutable. Para ello, creamos un portal en el que, en tiempo real, cualquier persona puede acceder y ver los gastos de todas las oficinas, los salarios de todos los empleados y contratistas, y el presupuesto de la Cámara. Este proceder no tiene precedentes en el Gobierno de Puerto Rico”, dijo el presidente cameral.

“Y pueden verlo en el portal el plan de clasificación, entonces las partidas de cómo esa oficina está gastándolo y si se excede es porque alguien lo autorizó. Porque no hay manera de excederse si la autorización”, añadió.

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