Al principio, los legisladores latinos observaban en silencio y expresaban discretamente al gobierno de Joe Biden sus inquietudes con respecto a la dirección que tomaban las negociaciones sobre la seguridad en la frontera.
El senador demócrata Alex Padilla, de California, llamaba constantemente a funcionarios del gobierno para preguntarles por qué las negociaciones en el Senado no tomaban en consideración cómo generar mecanismos para la naturalización de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos hace tiempo y carecen de la debida documentación.
PUBLICIDAD
El senador Ben Ray Luján, de Nuevo México, esgrimía argumentos similares al pedir reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca.
Pero cuando las conversaciones aparentemente no dieron resultados, estos influyentes legisladores asumieron una abierta oposición.
“El regreso a las medidas de la era de Trump no es la solución”, manifestó Padilla. “Al contrario, eso agrava el problema”.
Padilla incluso habló aparte con el presidente Joe Biden durante un evento de recaudación de fondos en California para advertirle que no se dejara arrastrar a “políticas dañinas”.
Los senadores latinos se han encontrado en terreno cambiante en el debate sobre la inmigración, mientras el presidente demócrata —que busca un acuerdo sobre la frontera para que los legisladores le aprueben el paquete de 110.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional— trata de reducir las cifras históricamente altas de personas que arriban a la frontera con México.
PUBLICIDAD
Las negociaciones, que se intensificaron el sábado en el Capitolio mientras los negociadores se apresuran a redactar un acuerdo marco para este fin de semana, se producen en un momento en que el gobierno de Biden ha recibido cada vez más críticas por su gestión de las cuestiones fronterizas y de inmigración, no solo de los republicanos, sino de sus propios correligionarios. Ciudades y estados gobernados por demócratas han elevado la voz por el costo financiero que les causan los migrantes.
Pero lo que no se discute son cambios a favor de los inmigrantes, tales como otorgar estatus legal permanente a los llamados “dreamers”, jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. La Ley DREAM les hubiera brindado esa protección, pero no fue aprobada.
Después de su conversación con el presidente, Padilla, Luján y el senador Bob Menendez, de Nueva Jersey, expresaron abiertamente sus inquietudes en una conferencia de prensa de la Bancada Hispana frente al Capitolio.
Arremetieron contra los senadores republicanos por exigir cambios en las medidas de inmigración a cambio de aprobar la ayuda a Ucrania, y criticaron a Biden por hacer concesiones que, en última instancia, dicen, socavan la posición de Estados Unidos como país que abre los brazos a los migrantes.
Padilla dijo que el líder de su bloque, Chuck Schumer, les ha prometido a él y a otros senadores darles a conocer las propuestas antes del acuerdo final. Pero los legisladores latinos han sido excluidos del grupo negociador principal, a pesar de que han hecho constantemente propuestas progresistas para arreglar el sistema inmigratorio.
Biden enfrenta presiones de todos los frentes. Lo han criticado por las cifras récord de migrantes en la frontera y trata de resolver la debilidad política antes de lo que se vislumbra como una revancha electoral contra Donald Trump, el expresidente republicano, que ha prometido imponer medidas inmigratorias de extrema derecha.
Y ahora el asunto está vinculado a uno de los objetivos principales en política exterior: brindar ayuda a Ucrania para su defensa contra Rusia.
La Casa Blanca y los líderes del Senado están presionando para que el acuerdo fronterizo esté listo para el domingo, en preparación para posibles votaciones durante la próxima semana.
“Tendremos que tener algún tipo de marco operativo para cuando termine el fin de semana”, dijo el sábado el senador James Lankford, de Oklahoma, principal negociador republicano, durante una pausa en las conversaciones en las que participó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Recientemente, durante las negociaciones, la Casa Blanca ha presionado para incluir disposiciones que legalizarían a los jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, según dos personas con conocimiento de las conversaciones a puerta cerrada. Pero otros dijeron que los republicanos retiraron rápidamente esa propuesta de la mesa.
Los senadores dijeron que se están topando con la compleja naturaleza de la ley de inmigración de Estados Unidos. “Bizantina”, comentó el senador demócrata Chris Murphy
“No estamos en un acuerdo, pero a medida que nos acercamos a un acuerdo, los detalles realmente importan”, dijo Murphy. “La redacción del texto es realmente dura y difícil”.
El grupo bipartidista que negocia el paquete ha reconocido que espera perder votos tanto del a la izquierda como del a la derecha de ambos partidos.
“Independientemente de las convicciones políticas de la gente, esta es una crisis”, dijo la senadora independiente de Arizona Kyrsten Sinema, quien forma parte del principal grupo negociador. “No hay nada que sea humano en tener a miles de individuos sentados en el desierto sin acceso a baños o comida o agua, sin sombra, esperando durante días para interactuar con un agente de la Patrulla Fronteriza. Eso es lo que está ocurriendo en el sur de Arizona”.
Pero los defensores de los derechos de los migrantes se han opuesto a los cambios propuestos, comparándolos a menudo con las medidas de la era Trump.
Utilizando palabras como “draconiano” y “traición”, los activistas argumentaron durante una llamada con periodistas el viernes que las propuestas socavarían los compromisos de Estados Unidos de aceptar a las personas que huyen de la persecución y harían poco para evitar que la gente haga el largo y peligroso viaje hasta la frontera.
Una de las políticas que se están considerando permitiría a los agentes fronterizos enviar fácilmente a los migrantes de vuelta a México sin dejarles pedir asilo en Estados Unidos, pero los defensores argumentan que eso podría fácilmente ponerlos en manos de peligrosos cárteles que se aprovechan de los migrantes en el norte de México.
Los activistas también argumentan que cuando los gobiernos de Trump y Biden utilizaron previamente la autoridad de expulsión por motivos de salud pública durante la pandemia, los migrantes enviados de vuelta a México no regresaron a casa. En su lugar, intentaron una y otra vez entrar en Estados Unidos porque no enfrentaban ninguna repercusión.
Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que tal medida sólo haría la región fronteriza “más caótica, más peligrosa.”
Las políticas que están siendo consideradas también serían difíciles de aplicar. Detener a migrantes o familias supondría la detención de cientos de miles de personas, con un costo enorme.
“Todo esto es muy, muy preocupante”, dijo Jason Houser, exjefe de despacho del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Destacados demócratas de la Cámara de Representantes también han expresado su preocupación. Las representantes Nanette Barragán, de California, presidenta de la Bancada Hispana; y Pramila Jayapal, del estado de Washington, presidenta de la Bancada Progresista; junto con Veronica Escobar, de Texas, copresidenta del equipo de campaña de reelección de Biden; y el representante Jerry Nadler, de Nueva York, principal demócrata en el Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes; participaron en la conferencia de prensa de la Bancada Hispana del Congreso.
Padilla advirtió que las concesiones de Biden sobre las restricciones fronterizas podrían tener un impacto duradero en el apoyo por parte de los votantes latinos.
“Pensar que se van a hacer concesiones sin beneficiar a un solo ‘dreamer’, a un solo trabajador agrícola, a un solo trabajador indocumentado esencial es inconcebible”, señaló.
