Un Gran Jurado Federal en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra un gestor de importadores de vehículos y tres empleados del Departamento de Hacienda que aceptaron sobornos para reducir impuestos de los autos a cambio de reducir impuestos de los mismos.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) con la asistencia del Departamento del Tesoro (Hacienda) de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB) y el Departamento de Puerto Rico de Correccionales y Rehabilitación.
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A lo largo de 2020 y 2021, el gestor Ariel Pintado-Montalvo realizó repetidos pagos de sobornos a empleados de Hacienda a cambio de la aprobación de declaraciones de impuestos especiales sobre vehículos fraudulentas y de la aprobación rápida de declaraciones de impuestos especiales sobre vehículos no fraudulentas. Durante el lapso de la conspiración, Pintado-Montalvo pagó miles de dólares en sobornos a Antonio Silva-Rodríguez, Héctor Vázquez-Barroso y Doris Bonilla-Valle, quienes utilizaron su posición como empleados de Hacienda para aprobar declaraciones de impuestos especiales sobre vehículos a cambio de pagos de sobornos.
El Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) fue la plataforma digital de Hacienda que se utilizaba para administrar y recaudar impuestos especiales sobre vehículos importados. Se requerían documentos de entrada que notificaban la llegada del vehículo, conocidos que contenían el número de identificación del vehículo (VIN). Si la Declaración estaba completa y contenía el VIN correcto del vehículo de motor, SURI calcularía automáticamente el impuesto especial con base en el valor actual del Libro Negro del vehículo de motor. Una vez que los empleados de Hacienda aprobaran y pagaran el impuesto especial, el vehículo sería liberado y podría moverse libremente desde el puerto. Si el VIN se ingresó incorrectamente en SURI, quien estuviera completando la declaración podría ingresar lo que creía que era el valor justo de mercado del vehículo. Esta situación desencadenó el requisito de que un empleado del PRDT revisara la Declaración para asegurarse de que se haya recaudado la cantidad correcta de impuesto al consumo.
Según documentos judiciales, el acusado Ariel Pintado Montalvo, quien se dedicaba al negocio de importar vehículos de motor a Puerto Rico como “gestor” (alguien que hacía los trámites y ayudaba a gestionar parte del proceso de importación de vehículos de motor a PR), pagó sobornos en efectivo y pagos de ATH Móvil a empleados de Hacienda. A cambio de los sobornos, Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle aprobaron declaraciones fraudulentas que resultaron en una disminución del impuesto al consumo pagado por Pintado Montalvo y una pérdida de ingresos para Hacienda. Además, a cambio de pagos de sobornos, Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso y Bonilla-Valle utilizaron sus posiciones en Hacienda para aprobar rápidamente Declaraciones no fraudulentas.
Con respecto a las declaraciones fraudulentas, estos empleados de Hacienda acordaron que se imputaría un número VIN incorrecto a SURI para activar la revisión de la Declaración. Luego, Pintado-Montalvo notificaría a uno de los coacusados en Hacienda cuando una Declaración fraudulenta estuviera lista para su aprobación proporcionándole el número de la Declaración a través de WhatsApp. Poco después, Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso o Bonilla-Valle aprobaron la Declaración fraudulenta y notificaron a Pintado-Montalvo vía WhatsApp.
Asimismo, Pintado Montalvo envió vía WhatsApp el número de la declaración de no fraude que necesitaba aprobación rápida. Silva-Rodríguez, Vázquez-Barroso o Bonilla-Valle luego notificaron a Pintado-Montalvo cuando fue aprobado. Pintado Montalvo luego procedería a coordinar y realizar los pagos de los sobornos en efectivo o vía ATH Móvil en lotes.
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“Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina continuará persiguiendo agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos”, dijo el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow. “Este procesamiento sirve como advertencia a otros empleados públicos involucrados en este tipo de esquemas de que serán investigados y procesados, y que tales violaciones no serán toleradas”, añadió.
“La corrupción es un problema complejo con diversas causas y sin una solución sencilla. Por eso es necesario atacar esta amenaza en todos los niveles y tener una postura de tolerancia cero para tener un impacto real”, dijo Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan. “El FBI ha estado en primera línea en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico y creo que el mensaje es claro: si usted es un funcionario público y utiliza su cargo público para beneficio personal, lo perseguiremos y se enfrentará a la Justicia. Agradezco a nuestros socios de la Fiscalía Federal, HSI, el Departamento del Tesoro de Puerto Rico (Hacienda), por su continuo apoyo a la misión del FBI”.
“Los acusados en este caso utilizaron su posición de confianza como empleados del gobierno para desarrollar un plan que impacta la economía de Puerto Rico”, dijo Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, San Juan. “El dinero que va directamente a nuestros ciudadanos para mejoras en nuestra isla, nuestros servidores públicos, nuestras escuelas y nuestras carreteras, no fue recaudado a cambio de beneficio personal. Estos empleados defraudaron la confianza del pueblo de Puerto Rico. HSI continuará investigando los delitos financieros que impactan negativamente la infraestructura de los Estados Unidos y sus territorios, sobre todo aquellos que abusan de su posición para cometer estos delitos”.
“Los arrestos de hoy son, en parte, la culminación de un esfuerzo de colaboración entre el FBI y el Departamento del Tesoro de Puerto Rico”, dijo Francisco Parés-Alicea, Secretario del Departamento del Tesoro (Hacienda) de Puerto Rico. “En 2021 compartí datos identificados a través de nuestros nuevos sistemas de información sobre potenciales fraudes en la introducción de vehículos en la isla. Aunque este incidente es muy lamentable, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra estos actos reprobables sin importar de dónde vengan”.
El fiscal federal adjunto Víctor O. Acevedo-Hernández está a cargo del caso.
Las acusaciones contienen sólo cargos y no son prueba de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
