La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó los resultados de un estudio sobre el perfil de la corrupción en el servicio público, el cual reveló que un 75.5% de los servidores públicos que violaron la Ley de Ética Gubernamental ocupaban puestos de supervisión.
De igual forma, en los resultados de la Radiografía de la Corrupción III (R3-10) se reflejó que un 43% de los servidores que incumplieron con la ley llevaban laborando de 0 a 5 años, mientras que un 20% de servidores públicos que violaron la ley llevaban más de 20 años en el servicio público.
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La radiografía incluye información sobre; el tiempo en el servicio público, la supervisión, los puestos ocupados, beneficios obtenidos y los artículos del código que se han visto afectados con más frecuencia.
Entre los servidores públicos de alto perfil que violaron la Ley se encuentran los alcaldes, jefes de agencias y directores de área. El Director Ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas destacó un aumento en el uso indebido de equipos y vehículos públicos.
Las violaciones más frecuentes al Código de Ética establecidos en la Ley son deberes y facultades (33%), imparcialidad e integridad de la función (23%) e incumplimiento de deberes (15%).
“En esencia, la R3-10, identifica las fallas en las actuaciones del individuo y, en consecuencia, reconoce conductas que están en directa oposición a la norma ética establecida en nuestra ley”, explicó Pérez Vargas.
Pérez Vargas explicó que la R3-10 es una ampliación a la radiografía anterior, la cual tomó en consideración, únicamente, las violaciones a la Ley Orgánica de la Ofician de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG). La R3-10 fue realizada con el propósito de tener un análisis del perfil de los infractores a la normativa ética a 10 años de la vigencia de la LOOEG.
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La primera radiografía, conocida como R1 comprendió el periodo de 1990 al 2009. La R2 fue un proyecto que examinó las disposiciones de la antigua Ley de Ética Gubernamental junto con la nueva LOOEG, aplicadas desde el 3 de enero de 2012, durante el lapso entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2016. La tercera Radiografía de la Corrupción fue publicada en el 2021 y comprendió el periodo de enero de 2012 al 30 de junio de 2020.
Además, Pérez Vargas presentó 11 postulados para la transformación gubernamental entre la que se encontraba recuperar el principio de mérito en el reclutamiento de servidores públicos con el fin de seleccionar a los más aptos bajo una estructura de competencia.
“Si el 43% de los que viola la Ley de Ética lleva de 0 a 5 años, el reclutamiento no es el adecuado, la selección de los funcionarios electos no es el adecuado”, explicó el Director Ejecutivo de la OEG.
También resaltó el rescatar las evaluaciones de desempeño para conocer las fortalezas y debilidades del servidor; restablecer e implementar sistemas de rastreo e inventarios periódicos como método de protección a la propiedad pública; reestructurar los procesos administrativos dirigidos a colectar dinero en efectivo como fórmula para reducir el riesgo de pérdida y reforzar la política anti-nepotismo.
Denuncian posible debilitamiento en el combate a la corrupción
Pérez Vargas, manifestó su inquietud ante los Proyectos de la Cámara 1701 y 1702, propuestos para reformar el proceso de investigación de actos de corrupción en Puerto Rico de la autoría del Representante del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer. Pérez Vargas lamentó la falta de oportunidad para expresar la postura de la OEG durante vista pública, señalando que la información presentada no reflejó el parecer de la institución.
En sus declaraciones, Pérez Vargas destacó que estas propuestas podrían debilitar el procesamiento administrativo, dejando sin sanciones algunas conductas consideradas como faltas éticas, lo que podría resultar en una posible impunidad en casos que, a nivel administrativo, no recibieron sanciones. Además, expresó su preocupación por la eliminación de incisos importantes que podrían limitar la capacidad de la OEG para llevar a cabo investigaciones efectivas y sancionar conductas indebidas.
El Director Ejecutivo enfatizó la importancia de mantener un equilibrio entre los procesos administrativos y penales en la lucha contra la corrupción, ejemplificando casos que, a nivel administrativo, fueron sancionados pero no prosperaron a nivel penal. Además resaltó la necesidad de discutir a fondo estos proyectos para evitar posibles lagunas que puedan propiciar la impunidad en casos de corrupción.
