Una disertación doctoral de la exprocuradora de personas de edad avanzada, Rossana López León, reveló que, más de la mitad de los jubilados tienen ingresos mensuales inferiores a $1,500.00. Además, el 50% depende del Seguro Social, pero un tercio recibe menos de $500.00 al mes, especialmente mujeres.
Estas condiciones han llevado a la angustia financiera y al temor de vivir en la pobreza, obligando a muchos a buscar empleos parciales para subsistir. La necesidad de políticas públicas urgentes para abordar esta crisis económica es imperativa, según López León, para asegurar un futuro digno para los actuales y futuros beneficiarios.
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La Dra. Fredeswinda Valentín Valentín, presidenta del Departamento de Maestros Pensionados y/o Retirados de la AMPR explicó que a los maestros en puerto Rico se le aplica una penalidad conocida como Windfall Elimination Provision (WEP) de dos terceras partes ya que tienen pensión de maestro y no tienen derecho al seguro social completo.
“Esto se traduce en que su calidad de vida no está garantizada y muchos tienen la necesidad de retornar al trabajo a tiempo parcial. También enfrentan constante ansiedad y pérdida de salud, así como aislamiento social. Por otro lado, la situación económica de los jubilados tendrá como consecuencia la dependencia a los servicios del gobierno y en circunstancias más agravadas, lo cual será más costoso. Ante esta situación, urge desarrollar política pública que atienda la insuficiencia económica de los beneficiarios actuales y futuros”, afirmó López León.
Los maestros encuestados interpretaron el no tener suficiente dinero para pagar sus gastos mensuales relacionados a su salud, vivienda, utilidades, ropa, alimentos, entretenimiento, limpieza y mantenimiento del hogar; así como tener que ahorrar para lidiar con sus enfermedades.
El 67% reveló que en comida gasta un promedio de $100 a $300 mensuales, mientras que en electricidad pagaba de $125 a $340 y en agua de $25 a $60 mensuales. En cuanto a los medicamentos el 83.3% dijo que los gastos mensuales de medicamento son de $1 a $500 mensuales.
Las personas encuestadas aseguraron sufrir constante ansiedad, pérdida de salud, aislamiento social, limitado entretenimiento debido a la falta de dinero e inseguridad alimentaria.
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Los resultados de este estudio demostraron que el 83% de los participantes no recibe servicios del gobierno para lidiar las necesidades básicas porque no cualifican para los mismos por el nivel de los ingresos.
“La estructura gubernamental, los cuerpos legislativos y las universidades deben colaborar en el desarrollo de políticas públicas que, mediante la acción, rindan honor y reciproquen lo que los maestros jubilados hicieron y siguen haciendo por nuestro país. Para esto deben considerar la literatura investigativa, sus resultados y los hallazgos de esta investigación. Mediante esta acción nos encaminaremos hacia la justicia social, el reconocimiento y validación de la dignidad humana, así como a una educación sin barreras”, concluyó la Dra. López León.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Maes tros de puerto Rico (AMPR) Victor Bonilla Sánchez explicó que desde agosto del 2014 todo docente del Departamento de Educación que se acogió a los beneficios del retiro no cuenta con aportación gunernamental a su plan médico ni bono de medicamento.
De acuerdo al sistema de retiro para maestros actualmente hay 44,073 docentes acogidos a la jubilación. De estos, unos 30,979 se retiraron antes del 1 de agosto del 2014 y unos 13,094 luego de esa fecha. Además, desde el 2007 los docentes pensionados no reciben un ajuste por costo de vida en su pensión.
“Esta pérdida de beneficios ha puesto a una gran mayoría de nuestros docentes retirados en el límite o muy cercanos a la línea de pobreza federal. El panorama se agrava considerando que todo el personal docente del Departamento de Educación no tenía el privilegio de cotizar para el Seguro Social, por lo que, en su adultez mayor, todos los ahora pensionados no tienen acceso por sí mismos al seguro social y sus beneficios, que incluye el medicare”, añadió la Dra. Fredeswinda Valentín.
AMPR exige que se aprueben medidas
Por otro lado, la AMPR exigió al gobierno que tome acción para atender el cuadro de indigencia de los docentes jubilados en el país. Según explicó el presidente de la organización, la AMPR presentó una serie de propuestas en esa dirección que incluyen aumentar las pensiones de los retirados y restablecer el bono de medicamentos y la aportación patronal al plan médico.
Añadió que también hay espacio para considerar otras bonificaciones que compensen la pérdida de beneficios de jubilación que ha afectado a los retirados durante la pasada década. Estas propuestas fueron discutidas en reuniones que comenzaron desde inicios de octubre con varios senadores y representantes de casi todos los partidos políticos
“Tras la reestructuración de la deuda pública, el gobierno continúa aludiendo al restablecimiento de la solidez financiera del estado y las proyecciones de crecimiento económico en el país. Por eso, exigimos que se escuche nuestro reclamo y que se identifiquen y destinen fondos para corregir la situación en la que viven los docentes pensionados. No hacer estos cambios ahora, implicarán mayores repercusiones en el futuro”, dijo el profesor Bonilla Sánchez.
Esta tarde la organización entregó en Cámara y Senado dos propuestas de ley en beneficio de los maestros retirados. Una de ellas es para la aportación patronal al plan se salud a los maestros pensionados para establecer el pago de bono de medicamenteo. La otra propuesta de Ley es para conceder el pago del bono de navidad de $600 para los maestros pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro.
