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Difícil lograr la reubicación con vales de Vivienda

Un informe de Ayuda Legal detalla el uso de fondos, la inaccesibilidad a la información pública y las necesidades de vivienda que continúan en aumento. Algunas familias prevalecen sin un desenlace definitivo o a largo plazo.

Presentan el Quinto Informe por la Recuperación Justa de Ayuda Legal PR.

Los datos más recientes sobre los programas de asistencia a las personas afectadas por huracanes y terremotos apuntan a una creciente necesidad de vivienda asequible, al tiempo que retratan las dificultades de las personas que han recibido vales del Departamento de Vivienda para conseguir un techo seguro.

Así se desprende del quinto Informe hacia la Recuperación Justa, “El País Recuperado: Herramientas para construir un futuro que evidencia la creciente necesidad de vivienda accesible para los puertorriqueños” de la organización, Ayuda Legal Puerto Rico (AYLPR).

Para noviembre de 2023, de las 3,067 personas que han recibido vales de reubicación por parte del Departamento de Vivienda, solo unas 892, el 29%, lograron cierre.

En conferencia de prensa, liderada por la fundadora y directora ejecutiva, Ariadna Godreau y la abogada comunitaria, Verónica González, se detalló cómo se han manejado los fondos CDBG-DR, CDBG –MIT a partir de los huracanes y terremotos de los pasados años. De hecho, González levantó bandera sobre un posible discrimen a las personas que tratan de buscar vivienda con un vale del Departamento de Vivienda. Mientras, Godreau apuntó a lentitud en el gasto de los fondos en distintos programas.

Los fondos CDBG-DR están relacionados a los huracanes Irma y María. Mientras que, los fondos de CDBG-MIT están dirigidos a las estrategias de mitigación ante amenazas climáticas y ambientales. Tras el paso de los huracanes Irma y María, Puerto Rico recibió asignaciones de fondos federales que rondaron los 20 mil millones de dólares, dinero que se distribuyó en proyectos de planificación, vivienda, energía e infraestructura, entre otros usos. Sobre el particular Godreau fue enfática “en la evaluación acerca de los procesos notamos una lentitud persistente en el avance de la recuperación”.

El Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) se presentó como la alternativa principal para la recuperación de las viviendas afectadas por los huracanes Irma y María. Desde que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) aprobó el primer Plan de Acción CDBG-DR en el 2018, el presupuesto del Programa R3 ha sufrido aumentos y reducciones.

Para octubre de 2023, la decimotercera enmienda al plan de acción establece un presupuesto de $2,922 millones de dólares para R3, habiéndose reducido en $432.5 millones en comparación con la duodécima enmienda para asignar esos fondos a otros programas, como el Programa de Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés).

“Preocupa, el movimiento de fondos destinados a reparar viviendas de familias dueñas a otros programas que incentiven el desarrollo o rehabilitación de viviendas de interés social, los cuales ofrecen atractivos arreglos para desarrolladores mientras que dejan descubiertas las vulnerabilidades de quienes pasarían a ser inquilinos con pocas protecciones”, expresó la abogada comunitaria Verónica González.

Según explicó, el movimiento de estos fondos a este programa lo que provoca es que las personas pasen de ser dueños de propiedades a ser inquilinos de viviendas de bajo costo. Al hacer este cambio, aseguran le están “cambiando la seguridad en la vivienda” de esos ciudadanos.

Esto debido a que es a través del LIHTC, el desarrollador solo tiene que mantener la vivienda asequible por un periodo de 15 a 30 años. Después de eso, la renta se puede subir al precio del mercado, según explicó Godreau.

Cuando el programa cerró el proceso de recibir solicitudes, sobre 27,000 familias presentaron una solicitud de asistencia. Tres años después, para agosto 2023, la identificación de propiedades con “techos azules” que no lograron solicitar a R3 en los seis meses que duró el proceso de solicitud, aumentó la cantidad a 28,296. Se desconoce el número de personas que esperaban recibir información en caso de que reabirera el programa.

Según se expresa en el informe “el proceso ha sido lento, pero estamos viendo números positivos con relación a un avance en los casos de reparación o reconstrucción. No obstante, los procesos de reubicación se están moviendo más lentamente”.

Rechazo a los vales de reubicación por parte de los corredores de bienes raíces

El hecho de que solamente el 29% de las personas con vales de Vivienda lograran cierre responde a falta de acogida en el mercado de estos vales.

Las abogadas explicaron que los corredores de bienes raíces no quieren participar del programa por las complicaciones que conlleva ser parte.

Estas personas cuentan que no hay casas, que cuando van a buscar una nueva propiedad los vendedores y corredores de bienes raíces les indican que no quieren participar del programa porque tarda mucho, las propiedades no pasan la inspección del Departamento o porque prefieren esperar por una persona que pueda pagar en efectivo. El discrimen hacia familias que tienen un vale es un problema latente”, acotó Godreau.

Expone la evaluación realizada por ALPR que en diciembre de 2022, R3 anunció un incentivo de $4,000 para corredores de bienes raíces que ayudarían a las personas con vales de reubicación a encontrar una nueva vivienda. Solo 16 corredores ha logrado utilizar este incentivo.

“Este programa tenía asignado al principio 3.2 mil millones. Y si este programa es la radiografía de la reconstrucción, esto es lo más que preocupa. Lo lento que va, que la gente no encuentra casa porque hay un problema de inventario y vivienda asequible”, expuso.

Para agosto de 2023, el Departamento había obligado cerca del 80% de los fondos asignados a programas de vivienda, la mayoría de los programas habían obligado el 75% o más de sus fondos. Esto incluye a R3, Programa de Autorización de Títulos, el Programa de Asistencia de Alquiler que provee asistencia a residentes de égidas, CEWRI, el Programa Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos y el Programa de Asistencia al Comprador.

Aunque a nivel de todo CDBG-DR una gran parte de los fondos ha sido obligado, solo $2,306 millones o el 23% han sido pagados” recordó Godreau.

Señala el informe que la atención a los casos de toldos azules es significativamente más lenta que en el resto de los casos. Mientras que entre las propiedades en general la tasa de reparaciones, reconstrucciones y reubicaciones completadas supera el 50%, para las propiedades con techos azules el porcentaje es apenas 10%.

Fondos asignados para la mitigación

En enero del 2020, HUD asignó sobre $8,200 millones de dólares en fondos CDBG-MIT. De estos, $1,600 millones fueron separados para atender las necesidades de mitigación en la vivienda para atender asuntos relacionado a amenazas climáticas y ambientales.

Al 15 de agosto de 2023, unas 430 solicitudes habían sido calificadas bajo el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM, por sus siglas en inglés). Esto esta dirigido para las personas que viven en zonas de riesgo.

Según expusieron las licenciadas, a la fecha de hoy, no hay un proceso directo para pedir asistencia a través de ese programa de mitigación. A su vez, indican que las plataformas del Departamento no incluyen datos sobre el progreso del programa.

Según el informe el Programa de Instalaciones Comunitarias para Resiliencia Energética y Abastecimiento de Agua (CEWRI) generó mucho interés. Desde noviembre de 2021, CEWRI recibe solicitudes de los participantes de R3 para esta asistencia y cuenta con un presupuesto de $300 millones de dólares, dividido en tres subprogramas: Mejoras de Resiliencia de la Energía en el Hogar, Programa de Incentivos e Instalaciones Comunitarias.

Al 6 de septiembre, 2,112 solicitudes habían sido aprobadas. Solo 743 (35%) instalaciones habían sido completadas.

Sobre los terremotos

A diferencia de los fondos dirigidos para los huracanes Irma y María, el gobierno determinó que los fondos por los terremotos serían administrados por un consorcio de los municipios más afectados, el Consorcio del Sur para el Manejo y Administración de Fondos Federales para Daños por Terremotos de enero de 2020 (ConSur).

Pasados más de dos años y medio desde que HUD asignó los fondos CDBG-DR, este Programa, tan urgente para las familias afectadas, no ha abierto para solicitudes o reparado vivienda alguna”, concluyó la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Tanto en el informe como en la conferencia de prensa ALPR recalcó en la importancia de proveer la información pública sobre el uso de estos fondos, los contratos con compañías privadas y los resultados de las gestiones en el portal.

“Recalcamos que esta información es pública y debería estar fácilmente accesible a la población general”, expresan en el informe.

A continuación, algunas de las principales recomendaciones contenidas en el informe.

  • Urge reformar el sistema de seguros de inundaciones.
  • Destinar fondos de recuperación a medidas de mitigación para el calor que consideren poblaciones vulnerables.
  • Adoptar criterios para garantizar solución de vivienda a largo plazo para las familias sobrevivientes.
  • El Departamento de la Vivienda debe autorizar el uso parcial del vale de reubicación para la adquisición de propiedades en desuso.
  • El Departamento de Vivienda debe publicar las monitorias y auditorías de las compañías contratadas bajo los programas CDBG-DR y CDBG-MIT.
  • Fortalecer el reconocimiento de espacios de participación, incidencia y fiscalización regionales y con representación de comunidades, particularmente aquellas afectadas por el riesgo de desplazamiento.
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