Del CPI.
En el barrio Bajura, en Isabela, en un área inundable, con alto riesgo de erosión, clasificada como Suelo Rústico Especialmente Protegido colindante con el Carso Norteño y con la zona marítimo terrestre, se propone el proyecto Isabela Reefs, de 33 unidades residenciales turísticas, con una casa club con piscina, área de juegos y restaurante.
El terreno donde el asesor en fondos de inversión Daniel Grunberg Walg y el inversionista Tyson Carter se proponen levantar el proyecto está frente a la playa Shacks, donde hay dunas. En los comentarios que envió a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 12 de abril de 2023, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió que la construcción de Isabela Reefs puede revertir el trabajo de restauración de las dunas que se ha hecho en esta área.
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“Todo relleno en esta área para eliminar la condición de inundabilidad del terreno [como parte de la construcción], no es cónsono con los esfuerzos de restauración y reforestación de las dunas en el predio”, dice el documento.
Residentes de la comunidad Quique Bravo, en Bajura, donde ubica la playa Shacks, se oponen al proyecto porque recuerdan muy bien que cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017, la única vía de acceso al sector se inundó luego de que las olas del mar entraron a la desembocadura de la quebrada Los Cedros que ya tenía crecido su nivel debido a las impetuosas lluvias. Los residentes quedaron más de tres días aislados y el agua entró a hogares y comercios.
Elaine Cosby, quien vivía en Quique Bravo en ese momento, recordó que el agua alcanzó más de tres pies y medio de profundidad, que entró a parte de su propiedad y a un negocio de bebidas que en aquel momento era suyo. Desde entonces se mudó de allí.
Los vecinos del sector, en el que hay cerca de 60 viviendas, temen que la construcción del proyecto residencial agrave las inundaciones por marejadas que ya sufre la comunidad tras haber perdido gran parte de sus dunas por la extracción de arena que se mantuvo en la costa isabelina durante décadas.
En mayo de 2022, el Departamento de Agricultura (DA) objetó el proyecto. La agencia expresó que el terreno tuvo y pudiese tener uso agrícola, y que “la magnitud del proyecto propuesto altera[ría] el patrón de uso de terrenos del lugar”. No obstante, en enero de 2023, la agencia, todavía dirigida por Ramón González Beiró, cambió radicalmente de postura y endosó el proyecto.
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“En revisión y evaluación nuevamente de esta solicitud se determinó que estos terrenos están calificados como urbanizables”, dijo el DA. “La actividad agrícola no estará afectada por este proyecto”, concluyó.
La carta que muestra el cambio de postura fue enviada por la OGPe a solicitud del CPI, luego de que en tres ocasiones, Lisdián Acevedo, oficial de prensa de la agencia, reiterara que Agricultura había mantenido su objeción al proyecto. Acevedo es también la persona de prensa a cargo de la campaña a la reelección del gobernador Pedro Pierluisi.
En 2018, a un año del paso del huracán María, Isabela estaba entre los municipios con varias secciones de costa con más erosión, según el borrador del plan del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC).
Según el estudio del estado de las playas liderado por Maritza Barreto Orta, Isabela también es uno de los municipios en los que la línea de costa tuvo la mayor migración tierra adentro, con aproximadamente 3.5 kilómetros, específicamente en playas como Shacks.
“La implicación del movimiento de línea de agua tierra adentro es el aumento de exposición de la zona costera a inundaciones ante nuevos eventos”, dice el documento.
Gobierno ignora recomendaciones de comunidades y expertos para enfrentar la crisis climática
Mientras, por un lado, el Gobierno de Puerto Rico ordena y asigna fondos para mitigar la erosión costera y delega en el CEACC la creación de un plan que contribuya a reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente al cambio climático, la laxitud en la otorgación de permisos y la falta de fiscalización de las actividades en la costa atentan contra las iniciativas de protección y restauración, encontró el CPI durante su investigación. Dos de los proyectos de construcción propuestos en área costera identificados para esta investigación tienen como denominador común a inversionistas beneficiarios de la Ley 22.
En abril de 2023, el Gobernador de Puerto Rico firmó una orden ejecutiva que decretó una Declaración de Emergencia por Erosión Costera, pero no incluyó una moratoria a la construcción en la zona costanera, como recomendó el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático desde 2021.
“No se han tomado acciones de parte de las agencias reguladoras para hacer las comunidades más resilientes, sobre todo [cuando han estado] permitiendo y aprobando permisos para seguir desarrollando en áreas inundables y en las zonas más cercanas a la zona marítimo terrestre. Áreas que se inundaron con el impacto de María y siguen como si nada hubiese pasado, porque no aprendemos de nuestros errores”, indicó Ruperto Chaparro Serrano, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Las inundaciones del último fin de semana de octubre que provocaron declaraciones de emergencia en San Juan, Guaynabo y Loíza mostraron precisamente lo poco preparado que está Puerto Rico ante eventos atmosféricos extremos que cada vez son más frecuentes por la crisis climática.
“Ya el daño está hecho. Muchos de los daños como consecuencia del cambio climático ya son irreversibles”, advirtió Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, sobre el impacto del cambio climático a nivel global.
Pasado el huracán María, el Gobierno de Puerto Rico anunció esfuerzos para restaurar las barreras naturales en el litoral costero. Según cifras provistas por el DRNA, en los últimos 10 años el Gobierno de Puerto Rico destinó cerca de $28.4 millones en iniciativas de protección del recurso costero.
El CEACC, en un documento llamado Cursos de Acción (COAs), presentó desde 2021 varias recomendaciones que pretendían ser una guía para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la Zona Costanera de Puerto Rico. El gobernador Pierluisi acogió 87 de las 103 recomendaciones.
Mientras el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático preparado por el CEACC no tenga fuerza de ley, agencias como el DRNA, la OGPe y la Junta de Planificación (JP) no están obligadas a seguir sus recomendaciones hechas por el comité hizo desde el 2021, advirtió Carl Axel Soderberg, integrante del CEACC y exdirector de la Agencia federal de Protección Ambiental. Al momento, la propuesta del plan está abierta para comentarios públicos y se espera que se presente un documento final para la aprobación de la Asamblea Legislativa antes de que culmine el año fiscal vigente en junio de 2024.
Para el director del programa Sea Grant, la evolución de Puerto Rico hacia la resiliencia va como “una caravana de cojos” debido a la inacción gubernamental y opinó que el archipiélago está igual o peor que en 2017 por decisiones gubernamentales que han incrementado su vulnerabilidad.
“Las agencias lo que han hecho todo el tiempo es mirar al otro lado”, respondió Chaparro Serrano, cuando se le preguntó si el Gobierno ha implementado las recomendaciones de expertos para atender la crisis climática.
“Cuando tú vienes a ver, lo que tenemos son agencias gubernamentales que no hacen su trabajo y el pueblo tiene que arriesgarse a coger macanazos o para que los sometan a la corte o para que le pongan una fianza exagerada, todo por protestar”, dijo el especialista en manejo de costas.
La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, durante un foro sobre cambio climático y ética, dijo que “el Gobierno ha financiado un sinnúmero de proyectos alrededor de Puerto Rico en colaboración con la academia (...) creando estructuras más resilientes evitando marejadas y que tengamos una erosión costera que elimine las playas”. Entre estos acuerdos mencionó una colaboración con el Centro de Conservación y Restauración Ecológica: Vida Marina de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Luego del huracán María, el recinto ha obtenido ocho contratos con el DRNA ascendentes a $1,863,200 para, entre otras tareas, restaurar dunas de arena.
Para Pedro Saadé Lloréns, profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la UPR en Río Piedras, aunque hay un borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático y una propuesta para una nueva Ley de Costas, los requisitos que establecen las leyes vigentes para la otorgación de permisos en la zona costera “no se cumplen o se manipulan”.
“El incumplimiento de lo que hay lo que hace es agravar el problema y hacerlo más escandaloso aún”, dijo el especialista en derecho ambiental.
Saadé Lloréns ve como una nueva amenaza a la protección de los recursos naturales la fuerza que, a su juicio, ejerce la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la JP como parte de la política del Ease of Doing Business “para que se le permita intervenir, opinar y presionar en la confección del próximo Reglamento Conjunto”.
Ease of Doing Business es un indicador sobre la facilidad de hacer negocios. La JCF lo utiliza en su búsqueda de hacer más fácil el establecer y operar un negocio en Puerto Rico.
“Eso en lo que se traduce es en que los problemas que tenemos de excepciones y abusos bajo la fórmula que está impulsando la Junta de Control Fiscal serían peores porque disminuye y reduce los análisis ambientales y de impacto para que esto sea más rápido y venga capital más rápido”, advirtió Saadé Lloréns.
Impugnarán el deslinde
A pesar de la oposición de la comunidad Quique Bravo al proyecto Isabela Reefs, la secretaria del DRNA firmó el 7 de agosto de 2023 el deslinde que presentó el agrimensor Javier E. Bidot, contratado por los desarrolladores. El proyecto residencial se construiría en uno de los pocos terrenos sin desarrollar en esa comunidad del barrio Bajuras y que está en una área inundable, según la OGPe y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
El abogado de la comunidad Miguel Sarriera Román anticipó que impugnarán el deslinde, que es el proceso que determina los límites de los colindantes con el dominio público marítimo terrestre. Desde marzo de 2023, cuando el DRNA celebró una vista pública sobre el deslinde presentado por Isabela Estates, LLC, la compañía proponente del proyecto, la comunidad y varias organizaciones ambientalistas hicieron constar su oposición.
Las organizaciones Amigos del Mar y Salvemos A Playuela respaldaron los reclamos de la comunidad Bajuras con ponencias escritas. Héctor Varela Vélez, integrante de Surfrider Foundation, ha colaborado con la restauración de dunas en Isabela y apoya el reclamo de los vecinos del sector. El líder ambiental indicó al CPI que la construcción propuesta sería en “un llano gigante” cerca de la playa Shacks, que requerirá la elevación del terreno mediante relleno, lo que puede provocar que los niveles de agua por escorrentía pluvial se eleven en perjuicio de los residentes aledaños, como ya ha ocurrido cuando hay fuertes lluvias.
Lourdes Irizarry Saua, residente de la comunidad, sostiene que el deslinde incumple con el Reglamento 4860, el cual regula la zona marítimo terrestre. Asegura que el límite del deslinde debió ser más distante, tierra adentro, tomando en consideración la posición en la que estuvieron unas dunas que desaparecieron por el abuso de extracción de arena durante el siglo pasado. Según Irizarry Saua, el deslinde certificado por el DRNA permite la apropiación privada de terrenos públicos.
“Nuestras vidas están en peligro”, advirtió Irizarry Saua. “Ese terreno se inunda y recoge la mayoría del agua cuando se mete la quebrada y cuando se mete el mar”, explicó.
Precisó, que el área, no tan solo se inunda cuando hay oleaje alto, sino que por esa comunidad discurre la quebrada Los Cedros que se desborda cuando hay fuertes eventos de lluvia y que en muchas ocasiones, la lluvia y el oleaje alto ocurren de manera simultánea. Los vecinos temen que el agua no tenga a donde discurrir y agrave las inundaciones en la comunidad.
El terreno de 32 cuerdas en el que se desarrollará el complejo fue comprado por $3.75 millones en 2021 por Isabela Estates representada por Daniel Grunberg Walg, de acuerdo con las escrituras de compraventa. Según el registro de corporaciones, Isabela Estates tiene a Tyson Carter como socio y agente residente. Ambos son beneficiarios de la Ley 22 de 2012, hoy incluida en la Ley 60 de 2019.
Grunberg Walg es un asesor financiero experto en fondos de inversión con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica. Entre 2019 y 2020 registró, al menos, siete compañías en Puerto Rico. Según la biografía publicada en la página de una de sus compañías, laboró en Och-Ziff Capital Management, una compañía de fondos de cobertura que compró deuda chatarra de Puerto Rico en 2014. En 2016, Och-Ziff y su subsidiaria OZ Africa Management GP LLC mediante la firma de una resolución acordó pagar una multa penal de $213 millones para que el Departamento de Justicia no continuara el proceso criminal por sobornos a funcionarios en la República Democrática del Congo y Libia.
El empresario dijo al CPI que culminó su relación laboral con Och-Ziff hace alrededor de 13 años y que nunca estuvo involucrado en ningún negocio u operación de esa empresa en Puerto Rico. Afirmó que tampoco llegó a la isla como empleado de esa compañía ni formó o tiene parte de su sociedad.
Mientras que Carter, desde que se estableció en la isla en el 2017, ha registrado aquí, al menos, cinco compañías de responsabilidad limitada, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Las empresas se dedican al desarrollo hotelero, de terrenos y bienes raíces.
Carter no contestó llamadas ni mensajes de correo electrónico del CPI.
Barrera natural frente al oleaje
La duna primaria al sur del terreno en el que se propone la construcción fue recientemente estabilizada por Vida Marina de la UPR en Aguadilla. Isabela Estates firmó un memorando de entendimiento (MOU) con la institución universitaria para la restauración de esa duna, indicó Robert Mayer, director de Vida Marina. En noviembre de 2022, el proponente también solicitó al DRNA “adoptar” la playa vecina a su terreno. La petición todavía se encuentra bajo evaluación, confirmó la agencia.
En entrevista telefónica, el director de Vida Marina reconoció que un aumento en la densidad de uso en el área puede afectar la estabilidad de las dunas, pero aseguró que es posible controlar ese impacto. Indicó que la duna localizada en las cercanías del proyecto propuesto pudo ser restaurada porque el proponente del proyecto, quien es dueño del terreno aledaño a la duna, le permitió acceso al área, una colaboración que Vida Marina no había conseguido con el propietario anterior.
Isabela Estates aportó $68,566 a Vida Marina para sufragar la restauración y la mano de obra, según un acuerdo entre ambas partes que fue efectivo entre el 25 de julio al 25 septiembre de 2022.
Al anticipar la posible “controversia pública” que generaría la construcción de este complejo residencial turístico, las partes acordaron “colaborar en comunicados de prensa y otras declaraciones” a los medios de comunicación y en cualquier procedimiento público necesario para describir el alcance del trabajo y sus beneficios, señala el acuerdo.
Mayer dijo que las inundaciones anteriores por marejadas en el sector se agravaron debido a que la duna tenía brechas abiertas por los visitantes de la playa, pero que esas aberturas se lograron eliminar cuando los nuevos dueños adquirieron la finca y se controló el acceso de la gente a la playa por esa vía. A su juicio, la estabilidad actual de la duna y la vegetación que la cubre es una importante barrera para frenar el oleaje hacia la comunidad.
La secretaria del DRNA dijo al CPI que la certificación del deslinde presentado por Isabela Reefs no significa un endoso o aprobación del DRNA a la construcción del proyecto. “Cuando se hace un deslinde lo que se le está certificando al dueño del predio es hasta dónde llegan sus lindes o sus límites”, puntualizó Rodríguez Vega.
Michael Scott Collins, quien hace 18 años tiene una propiedad al lado del predio que se propone desarrollar, recibiría un impacto directo.”Cuando el agua viene de ambos lados [de la quebrada y del mar], luce como una laguna”, describió. “Cuando el océano se asoma luego de una marea alta o una tormenta, puedes ver claramente cómo el agua entra”.
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Si bien la secretaría del DRNA firmó el deslinde presentado por el proponente, la agencia expresó en abril de 2023 a la OGPe preocupaciones que tiene sobre el proyecto “por la densidad propuesta en un área inundable, colindante al mar, de altos riesgos de erosión, falta de infraestructura sanitaria y con clasificación de SREP (Suelo Rústico Especial Protegido)”. De acuerdo con la plataforma de gestión de permisos de la OGPe, el Single Business Portal (SBP), Isabela Estates está en proceso de revisar el documento de cumplimiento ambiental que presentó a la agencia.
El alcalde de Isabela, Miguel Méndez, dijo al CPI que no sabe si apoyará el proyecto de Isabela Reefs porque no se han aclarado todavía las preocupaciones sobre el control de inundaciones. En octubre, el alcalde isabelino pidió a la JP que las aclarara.
“Está dudoso el tema relacionado a la recolección de aguas usadas que generará el proyecto”, dice el Ejecutivo Municipal en la misiva en la que manifiesta preocupación porque desarrollos en el municipio de Aguadilla canalizan las descargas pluviales precisamente en la quebrada Los Cedros.
Ni el agrimensor Bidot, ni Grunberg Walg respondieron las preguntas sobre el deslinde hechas por el CPI. Grunberg Walg mencionó que se ha reunido con residentes de la comunidad para conversar sus preocupaciones sobre la obra y ha tenido “acercamientos informativos” con el municipio.
El empresario reconoció que los estudios sobre el desarrollo deben ser lo más rigurosos posible para evitar cualquier impacto colateral a la comunidad. “La ley exige que así sea, el sentido común exige que así sea, es nuestra voluntad que así sea”, expresó Grunberg Walg. “Yo no concibo ahí un diseño que no tome en consideración esa realidad”.
Hace más de una década, el Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA presentó el Plan de Manejo del Área de Planificación Especial Isabela-Aguadilla, el cual proponía hacer un deslinde de área, rescatar terrenos de dominio público en manos privadas, proteger servidumbres de vigilancia, así como de salvamento, lo cual incluiría al sector Quique Bravo. Sin embargo, Marisol Luna Díaz, ayudante especial del Presidente de la JP, confirmó al CPI que no se ha aprobado.
Los planes de manejo de las Áreas de Planificación Especial (APE) tienen el objetivo de preservar zonas con recursos costeros importantes que necesitan de una planificación especial para evitar cualquier potencial conflicto en sus usos socioeconómicos. Estos tienen que ser aprobados por la JP y el Gobernador. Las únicas APE que tienen planes de manejo aprobados son las de la región Suroeste–La Parguera, la de Piñones y la Laguna Tortuguero, confirmó la JP.
Cautela en la zona de arrecifes de coral
El litoral costero de Vega Baja y Manatí constituye una de las zonas más ricas en colonias del coral cuerno de arce en todo el noreste del Caribe.
En Vega Baja, el grupo VIDAS realiza desde hace 15 años un proyecto de rehabilitación ecológica, que incluye la siembra y amarre de fragmentos de coral. Su monitoreo de las ramificaciones de estos corales apuntan a un “excelente” patrón de supervivencia y crecimiento, indicó el portavoz de la organización, Ricardo Laureano.
El grupo también trabaja en la recopilación de datos y vigilancia de la enfermedad de pérdida de tejido de corales pétreos.
“Si los corales no estuvieran allí, el nivel de penetración de mar a tierra hubiese sido mayor durante los huracanes Irma y María y la tormenta invernal Riley, porque hasta los fragmentos modifican rompientes y disminuyen la presión de oleaje”, comentó el investigador de arrecifes, quien estimó que han sembrado mucho más de 20,000 fragmentos de coral en el área de Vega Baja.
No obstante, el esfuerzo de VIDAS por preservar los arrecifes se ve amenazado frecuentemente por acciones e inacciones del gobierno central, municipal y el sector privado. Una de las continuas amenazas son las descargas de aguas usadas y los salideros de escorrentías pluviales y sanitarias cercanos al arrecife. Por eso han insistido en que se diseñe un plan para el manejo de estas escorrentías.
“El Gobierno tiene que trabajar responsablemente en minimizar el impacto de los toxoides [toxinas bacterianas] que se descargan en los cuerpos de agua para que los proyectos de rehabilitación ecológica sean más efectivos”, dijo Laureano.
Recientemente, VIDAS y otros sectores de la comunidad vegabajeña alertaron sobre la propuesta del municipio de privatizar la administración del edificio La Casona para fines turísticos. La estructura en desuso está frente a la playa Puerto Nuevo. El 53 % de la costa de Vega Baja prestaba erosión en 2018, según el estudio de las costas, especialmente en el balneario, donde se encuentra ubicada la instalación en controversia.
La administración municipal se proponía firmar un contrato de arrendamiento por 30 años con opción a compra con Melao Holdings LLC para el desarrollo de un hotel de 59 habitaciones. Tras la movilización ciudadana en contra de la transacción por el posible impacto ambiental que tendría este uso, el alcalde Marcos Cruz Molina desistió de firmar el contrato.
Cruz Molina dijo que el agrimensor Carlos Vega Santos, contratado por el Municipio, hará un deslinde que demorará entre tres a cinco meses. Añadió que, hasta entonces, no tomará una determinación sobre la estructura.
Según Laureano, cualquier uso que se le de a esa propiedad afectaría el recurso costero por lo que, a su juicio, debería ser derrumbado y el costo podría ser sufragado con fondos federales existentes para eso. En entrevista con el CPI, el Alcalde no descartó la demolición de la estructura, dependiendo de lo que arroje el deslinde, pero aclaró que una decisión así tendría que ser consultada con el Departamento de Justicia debido a la inversión de $8.5 millones en fondos públicos que conllevó esa obra.
El portavoz de VIDAS también dijo que se mantienen atentos a recientes compras de grandes extensiones de terreno en la costa de Vega Baja debido al temor de que se desarrollen nuevos complejos residenciales y que esas construcciones puedan afectar el ecosistema.
Por ejemplo, en 2022, tres terrenos en el área costera conocida como Sarapá fueron comprados por Vacation Villas Puerto Rico, LLC y Caribbean Waterfront LLC. Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick están en el acta de inscripción de ambas corporaciones, como agente residente y administrador, respectivamente. Keith Bostick es otro beneficiario de la Ley 22. Las transacciones relacionadas a los terrenos totalizaron casi $2.4 millones, de acuerdo con el catastro digital del CRIM.
El año pasado la compañía de bienes raíces Reality Realty PSC anunció en las redes sociales la venta de parte de estos terrenos como una “localización privilegiada” por estar a dos millas del balneario de Vega Baja, a diez del balneario de Dorado y a nueve del Ritz-Carlton Reserve en Dorado.
Cruz Molina señaló que desconoce si hay alguna propuesta de desarrollo concreta para esos terrenos y aclaró que no se encuentran en el área inmediata a la playa.
Al menos uno, de los tres terrenos se encuentran en Área Especial de Riesgo de Inundación, de acuerdo con la JP.
“No nos oponemos a la construcción, pero sí al desplazamiento y a la ocupación de espacios que son bienes de dominio público, que están en la zona marítimo terrestre, habitadas por especies protegidas y con patrimonio arqueológico en su subsuelo”, dijo Laureano.
El portavoz de VIDAS mencionó que una de las formas de mantener el balance en la construcción es que la OGPe sea estricta en exigir la realización de una Declaración de Impacto Ambiental en los proyectos costeros y cese la práctica de permitir las exclusiones categóricas. La exclusión categórica es una declaración sometida por el desarrollador en la que certifica que el proyecto no tendrá un impacto ambiental significativo, según la JP.
“[El abuso] en las exclusiones categóricas da pie a que se continúe construyendo donde no se debe, ni se puede, y eso es legalizar la ilegalidad”, dijo Laureano. “Tú ves los esfuerzos de colaboración que se llevan a cabo desde hace años por organizaciones sin fines de lucro, entidades académicas y de las divisiones científicas de las agencias tanto locales como federales, pero los que están tomando las decisiones en las agencias, que se supone sean las reguladoras, reman para el lado contrario de lo que es conservación y sostenibilidad”, añadió Laureano.
A mediados de noviembre, el senador independiente José Vargas Vidot presentó, a petición de VIDAS, el Proyecto del Senado 1395 para establecer la Ley de la Reserva Natural Los Jardines Submarinos de Vega Baja y Manatí. La medida ordenaría a la secretaría del DRNA desarrollar, en colaboración con las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, un plan de manejo para la administración, rehabilitación y conservación del área.
La oficial de prensa del Senador, Sofía Rico, mencionó que esperan asignarlo a una comisión en la próxima sesión legislativa.
El alcalde de Vega Baja dijo que apoyaría la designación de la reserva natural y que, incluso mientras fue legislador municipal presentó legislación con ese propósito.
Pobre la fiscalización de los permisos
El director de la División de Cumplimiento Ambiental de la OGPe, Jaime Green Morales, aseguró que el proceso de evaluación ambiental, específicamente para proyectos en la zona costera y colindantes a la zona marítimo terrestre, es “más riguroso”.
El CPI le preguntó si la elevación del nivel del mar por la crisis climática se toma en cuenta al identificar si una zona es inundable para otorgar un permiso, y la respuesta es que no. El funcionario contestó que la División de Cumplimiento Ambiental se basa en los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados, desarrollados por la JP y FEMA en 2018. Por lo tanto, recae sobre la instrumentalidad adaptarlos a esa realidad.
“En [base] a los diferentes estudios que se han realizado en las costas, como el de la Dra. Maritza Barreto, el Gobierno debe actualizar esas bases de datos (...) para ver cómo se ha movido ese nivel del mar, y se pronostica que en los próximos años va a seguir aumentando”, añadió Green Morales.
Aunque la oficial de prensa de la JP, Ivelisse Prado Ortiz, reconoció que la JP colaboró con FEMA en la elaboración de los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados, no aclaró al CPI si los mismo toman en consideración el aumento del nivel del mar al determinar una zona inundable y refirió la pregunta a FEMA, debido a que fue la entidad gubernamental a cargo de su creación tras los huracanes Irma y María en 2017. FEMA no respondió directamente si los mapas toman en consideración el aumento del nivel del mar por el cambio climático. Envió un documento con los datos utilizados para crear los mapas de elevación de inundación base entre los que menciona los cambios en la costa, pero ninguno relacionado directamente a la elevación del nivel del mar.
El oceanógrafo, Aurelio Mercado, advirtió que los Mapas de Niveles Inundación Base Recomendados no toman en consideración que el nivel del mar esté en continuo aumento ante el cambio climático. La agencia tampoco los actualiza lo suficiente como para adaptarlos a los cambios en las profundidades del lecho marino.
“FEMA sabe de todo esto”, aseguró. “FEMA es una agencia extremadamente politizada. Cualquier cosa que aumente la vulnerabilidad a inundaciones se encontrará con gran oposición”.
El catedrático retirado del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR añadió que ni la JP ni el DRNA tienen el personal técnico necesario para evaluar mapas como estos, por lo que “tienen que aceptar lo que les den”.
En un informe emitido en julio de 2023, la Oficina del Inspector General (OIG) reveló que la OGPe expidió permisos de construcción sin tener la información y los documentos ambientales necesarios. Esto puede deberse a fallas en el Sistema de Gestión de Permisos , la pobre diligencia de los empleados de la OGPe y falta de auditorías y de personal en la División de Regulación Profesional para el manejo apropiado del Registro de Profesionales Autorizados, destacó el informe.
La OIG señaló que la JP solo auditó el 0.02 % de los permisos de construcción otorgados en 2021 por la OGPe, los municipios autónomos y los profesionales autorizados. Advirtió que eso promueve que las deficiencias puedan detectarse y corregirse a tiempo.
El expresidente de la JP, Luis García Pelatti, señaló que esa agencia no ha sido eficaz en llevar a cabo las inspecciones para hacer valer el sistema de permisos debido a que su responsabilidad por años fue de planificar. No fue hasta la aprobación de la Ley 19 de 2017 que se enmendó la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, que se encargaron las inspecciones a la JP. García Pelatti opinó que esa enmienda fue una “estrategia” para reducir las inspecciones debido a que la JP carecía de los recursos para llevarlas a cabo.
A preguntas del CPI, la secretaria del DRNA no tomó posición en torno a la aprobación de proyectos en la zona costanera y cerca de la zona marítimo terrestre de parte de la OGPe y de la JP. Rodríguez Vega dijo que su agencia no es la responsable del otorgamiento de esos permisos y que los empleados del DRNA, al evaluar un proyecto, simplemente comentan por qué debe o no realizarse, guiados por la ciencia.
“Lo que buscamos es que estos desarrollos perduren mucho tiempo y que no afecten o aumenten la posibilidad de inundaciones y de pérdida de nuestras costas”, comentó la secretaria.
Esta historia publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer la versión original AQUÍ.
