Varios grupos comunitarios, representantes de diversos sectores religiosos, civiles y ambientales de San Juan, Guaynabo, Cataño y Toa Baja, denunciaron nuevamente que el tránsito de embarcaciones que contienen grandes cantidades de gas líquido y las operaciones en la cercanía de zonas residenciales y comerciales de la compañía New Fortress Energy (NFE), están afectando a los residentes de estas áreas.
Además, indicaron que este escenario podría empeorar con la construcción de un gasoducto de 220 pies para el que la compañía solicitó recientemente permisos de construcción. El mismo abarcaría desde la zona de puertos en San Juan hasta la planta operada por Genera Puerto Rico –su subsidiaria– en Palo Seco.
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Las principales inquietudes y temores de las comunidades son que las actividades y movimientos que se generen alrededor del manejo monumental del componente metano pueden causar serios daños a la salud, al ambiente y al ecosistema que rodea esta zona.
Según denunciaron, la NFE aún tiene asuntos procesales vitales que no ha cumplido, como lo es una Declaración de Impacto Ambiental para sus operaciones, un Plan de Desalojo en caso de emergencia en la zona comercial y residencial más amplia y la certificación de parte de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para su funcionamiento. En el expediente de la solicitud de permiso de NF ante la FERC, los Mapas de Zonas de Peligro plantearon que indican la extensión de los daños potenciales a residentes, bienes históricos, escuelas, negocios y demás actividades en los alrededores de la Bahía de San Juan.
“Las distancias indicadas se basan en estudios del gobierno federal, experiencias y proyecciones a partir de las características peligrosas del gas natural líquido, que es como se transporta ese producto fósil en tanqueros de NF a todo lo largo de la Bahía de San Juan. Esas características son la explosividad, generación de fuegos, altas temperaturas y otras, aún a distancias considerables del lugar de origen del incidente. Se trata de un riesgo constante debido al tráfico frecuente de dichos tanqueros”, destacaron las comunidades.
En adición, enfatizaron que la compañía informó en la solicitud un estimado de 124 viajes anuales. Las zonas de peligro y su extensión se refieren tanto a causa de accidentes como encallamientos, choques de buques y otros, como por actos criminales.
“Nos parece que las zonas de peligro están subestimadas puesto que se calculan desde la premisa de eventos con tanqueros individuales de gas natural licuado, ignorándose situaciones catastróficas en que se tomen en cuenta incidentes con los otros tanqueros que con frecuencia se encuentran cercanos a los de gas natural licuado de New Fortress, como los de la compañía de gasolina PUMA”, agregaron los representantes de las comunidades.
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Por otro lado, tanto Genera PR como NFE han iniciado un proyecto para incrementar la generación mediante el uso de gas en la Bahía de San Juan y Palo Seco, empleando generadores transportables. Actualmente, se han instalado 150 MW de estos generadores en Palo Seco y se instalarán pronto 300-400 MW de ellos en San Juan, esto con fondos de FEMA.
“Genera y el Gobierno de Puerto Rico presionan a FEMA para que pague hasta 700 MW, es decir, más generadores transportables y más gas. Este proyecto se ha justificado aduciendo la urgencia de generación durante la actual temporada de huracanes, pero los documentos indican que se desea extender hasta 2025, siendo uno de esos documentos el acuerdo entre FEMA y la EPA. La base principal del proyecto tiene que ver con el gas que suple y vende NF”, denunciaron.
Todos estos acuerdos han implicado la construcción de un gasoducto en el terminal de NF en la Bahía de San Juan de 230 pies para suplir gas a los generadores transportables de San Juan, lo que mantiene a las comunidades muy preocupadas. “Dicho gasoducto corre muy cercano a zonas residenciales y comerciales de nuestras comunidades, aumentando las probabilidades de accidentes catastróficos en dichas localidades. Esta construcción fue endosada por la FERC mediante una confusa, escueta e incompetente decisión el pasado julio de 2023″, indicaron.
Los diversos grupos comunitarios dijeron que todas estas acciones son indicativas de que las propuestas y acciones de NFE y Genera PR son contrarias al bienestar y seguridad de las comunidades aledañas a sus empresas. Además, que no responden al Plan de Recursos Integrados (PRI) de la Comisión de Energía, propuesto por el gobierno para hacer una transición hacia el uso de energía limpia y renovable en el país.
“Ni siquiera son tomados en cuenta los avisos de la comunidad científica y los incidentes catastróficos que han ocurrido recientemente a nivel global debido a los efectos del cambio climático”, advirtieron.
Denunciaron que todos estos procesos han ocurrido a espaldas de las comunidades aledañas, compuestas por familias y comerciantes, sin vistas públicas ni participación ciudadana. Tampoco se han considerado los aumentos en los riesgos de seguridad y de contaminación a la zona.
“Esto confirma lo que se ha percibido desde los inicios de las operaciones de NF en la Bahía de San Juan: que los intereses económicos y sus beneficiarios están por encima del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de nuestra gente”, acotaron.
Las comunidades sostuvieron que estas compañías, junto a las ramas y agencias de gobierno correspondientes, han hecho caso omiso a los esfuerzos que tanto grupos religiosos, cívicos y ambientales, han realizado para que se fiscalicen y detengan dichas operaciones, al menos, hasta que se haya completado y revisado el cumplimiento de requisitos exigidos por las leyes federales y locales.
“Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se desista de una vez y por todas del uso de combustibles fósiles para la generación de energía y se le dé lugar a las propuestas serias y bien documentadas de alternativas basadas en el uso de recursos limpios y renovables para atender esa necesidad tan apremiante”, concluyeron.
