En medio de protestas, hoy se reanuda el proceso para la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien maneja los asuntos bajo la Ley federal PROMESA.
Se trata del tercer PAD de la AEE presentado en el proceso que se ha extendido por años. Para presentar este plan hubo cinco peticiones de prórroga. El mismo propone emitir $2.3 mil millones en nuevos bonos para pago de deuda, pero los bonistas continúan reclamando una deuda de sobre $8,400 millones.
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Se mantiene un “Cargo Heredado” con un componente fijo y uno dinámico, basado en consume. Este nuevo cargo propuesto en la tarifa de la luz aplicará a ciertos clientes residenciales, comerciales e industriales.
Este nuevo plan no contempla el pago de las pensiones de los empleados de la AEE.
Recientemente se presentó el estudio “Impacto del costo energético sobre el comercio de Puerto Rico”—comisionado por la cadena de Supermercados Selectos al economista José Caraballo Cueto— que concluyó que el cargo heredado tendrá un doble impacto en los supermercados: reducirá las ventas de alimentos y otros productos en los supermercados y le aumentará los costos operacionales.
Mientras que, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito, publicó un informe donde aseguran que el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa siendo insostenible para el desarrollo económico del país y el sistema energético.
“Aunque los pagos a bonistas son menores que en el PAD anterior, los aumentos a la factura propuestos para este pago afectarían los bolsillos de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, ya golpeados por las medidas de austeridad de la Junta. Los aumentos propuestos por 35 años podrían obstaculizar una recuperación que logre sacar al país de los más de quince años de estancamiento económico. Un pequeño comerciante que consume 1500 kWh pagaría $35.39 mensualmente. Un supermercado que consume 110,000 kWh mensualmente pagaría un cargo de $1,509.50 adicional por mes en su factura sólo para el pago a bonistas. Los aumentos también dificultan la posibilidad de reconstruir el sistema eléctrico en Puerto Rico, que ya se encuentra en un estado crítico”, puntualizó el economista José Alameda, presidente y portavoz de la Comisión Ciudadana.
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“Esto no termina ahora. Los que estén fuera (del PDA-AEE) van a reclamar el tratamiento que se les está dando porque no es conforme a la ley de quiebra. Así que la jueza no puede confirmar un PDA de esa forma”, aseguró en agosto pasado a Metro PR Rolando Emmanuelli, abogado de la Unión de Trabajadores de la Industroa Eléctrica y Riego (UTIER).
Hoy varias organizacione protestarán a las afueras del Tribunal Federal donde la jueza Swain iniciará los procesos relacionados a la prppuesta presentada en agosto pasado. Se estima que es el inicio de un proceso que se extenderá hasta el 2024.
