A los fines de declarar un estado de emergencia estatal por la violencia infantil, la Cámara de Representantes aprobó hoy, jueves, el Proyecto de la Cámara 1333, de la autoría del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz González.
La medida recibió 45 votos a favor y ninguno en contra.
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Según Ortiz González, la pieza legislativa permitiría una intervención más efectiva en casos de maltrato a menores, al disponer los recursos necesarios para las entidades pertinentes, como lo es el Departamento de la Familia. Además, convoca al gobierno a reclutar más trabajadores sociales, y a levantar datos para tener un perfil del problema.
“Esa ineficiencia, que muchas veces es por falta de recursos, falta de personal, es porque los recursos del Estado, en vez de colocarse para dar los servicios esenciales que la gente necesita, muchas veces se utilizan para tantas otras cosas que no van a la raíz de los problemas. Por eso vemos la falta de más de 200 trabajadores y trabajadoras sociales en el Departamento de la Familia”, expresó el legislador popular.
Márquez Lebrón celebró la medida, pues va dirigida a “proteger a un sector de la población que tiene los menos instrumentos para protegerse por sí mismos”.
Además, el representante del PIP denunció la desaparición de niños y niñas bajo la custodia del Departamento de la Familia.
Conforme a la exposición de motivos de la pieza legislativa, “el propio Departamento de la Familia, reveló en vistas públicas ante la Cámara de Representantes que, al mes de agosto del año 2020, el total de menores y jóvenes evadidos bajo la custodia del Departamento totalizaban 59. La entonces directora de asuntos legales de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la licenciada Corally Veguilla, reconoció que el Departamento desconocía el paradero de esos menores bajo su custodia, en clara violación a la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
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En vistas públicas recientes sobre el presupuesto del Departamento de la Familia, la administradora de la ADFAN, Glenda Gerena Ríos, reconoció la existencia de 10,458 referidos de posible maltrato a menores aún sin investigar desde 2016, según el proyecto de ley.
“A pesar de la privatización de ese servicio, siguen en aumento los casos de posibles maltratos y de posible maltrato sexual contra la niñez que no se han atendido”, dijo Márquez Lebrón.
El legislador del PIP sostuvo que el Departamento de la Familia no tiene el personal necesario para atender dicho asunto.
“Recientemente, el Negociado de la Policía de Puerto Rico nos señaló que el año pasado hubo un aumento en los casos de maltrato sexual contra la niñez en Puerto Rico. Más de 1,225 casos nuevos”, compartió Márquez Lebrón.
La pieza legislativa fue avalada con 44 votos a favor, cero en contra y 7 legisladores que no votaron en la votación final parcial.
Aprueban medida para asignar fondos a transición del PAN al SNAP
El cuerpo legislativo también avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 0467, que propone asignar $207,000,000 a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) para sufragar el plan de trabajo para la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
La financiación para dicha transición provendría de fondos recurrentes no comprometidos del Tesoro General, y atendería la digitalización de las operaciones de la ADSEF y la contratación y adiestramiento del personal necesario para viabilizar la entrada en vigor del SNAP.
En la votación final parcial, la medida tuvo 33 votos a favor, 11 en contra, y 7 legisladores que no votaron.
Aprueban medida que crearía incentivo para retener la fuga de médicos residentes
La Cámara baja también dio paso al Proyecto del Senado 973, de la autoría de la senadora del PIP María de Lourdes Santiago, que dispone crear un fideicomiso de becas como incentivo para los estudiantes de Medicina en proceso de ser médico residente y que optan por residir y trabajar en la isla por cinco años.
El fideicomiso de becas tendría el objetivo de suplementar el ingreso de los médicos residentes que se encuentren cursando estudios en aquellas especializaciones y subespecializaciones de mayor escasez y necesidad en Puerto Rico.
Según la exposición de motivos de la medida, este suplemento de ingreso podrá ser utilizado discrecionalmente por el beneficiario para evitar o disminuir el uso de préstamos estudiantiles, sufragar otros gastos de estudio, costos de vida o cualquier otro gasto ordinario que el médico residente tenga.
De la misma manera, se avaló el Proyecto del Senado 1124, que crearía la “Ley para Fomentar el Regreso a Puerto Rico con Empleo Seguro”, para establecer un mecanismo de entrevistas virtuales, así como un proceso de compilación de documentos y datos uniforme, de forma que prospectos empleados del gobierno y la empresa privada de Puerto Rico puedan someter sus solicitudes de empleos.
Según la exposición de motivos de la medida, el Censo Decenal de 2020, realizado en Puerto Rico, reflejó la pérdida de más de un 10 por ciento de la población desde el último censo realizado en 2010. Las razones principales para este drástico cambio poblacional se resumen en haber experimentado eventos naturales sin precedentes, una crisis económica a nivel mundial que nos afecta directamente, así como los efectos adversos de la pandemia del COVID-19.
El proyecto se aprobó con 29 votos a favor, 15 en contra, y 7 legisladores que no votaron en la votación final parcial.
