El Proyecto de la Cámara 1701, que propone crear la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Asociado de Puerto Rico”, y eliminar la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) fue aprobado ayer por la Cámara de Representantes.
La medida tuvo 16 votos a favor, 14 en contra, una abstención y 20 legisladores que no votaron.
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La Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) lideraría el procesamiento de delitos de alto perfil realizados por servidores y exservidores públicos. De esta forma, se reestructuraría la autoridad para prevenir, investigar y procesar las denuncias o querellas por violentar la ética gubernamental, además de centralizar la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental.
Dicho estatuto busca, además, establecer el Registro de Personas Convictas por Corrupción y crear el Grupo Interagencial Anticorrupción.
La OAIP “ancla sus cimientos en la confirmación de su director y sus fiscales, que necesitarán la confirmación de los miembros de la Asamblea Legislativa y la intervención de varias instituciones de la sociedad civil y de la academia, además de la anuencia del gobernador. Proceso que fomenta la amplia participación de todos los sectores, incluyendo la minoría política”, expresó el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer Santiago.
Ferrer Santiago denunció la “ineficiencia del PFEI” y el “despilfarro de recursos”, señalando que, en los últimos 10 años, dicha entidad gastó en nómina aproximadamente $4.3 millones, y repartió más de $9 millones en contratos a fiscales privados. Según los datos provistos por el representante popular, en 2023, el PFEI ha encontrado diez determinaciones de causa para arresto de 75 determinaciones presentadas.
Por su parte, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Pichy” Torres Zamora expresó su oposición a la medida, al cuestionar lo siguiente: “¿Por qué tenemos que destruir la imagen de una agencia que está trabajando para el pueblo puertorriqueño?” Torres Zamora sostuvo que, conforme a los datos que le compartió el PFEI, al 31 de octubre de 2023, de 1,796 cargos presentados, se han visto 1,669 convicciones, en 98 casos no hubo convicción, y actualmente hay 29 cargos pendientes a juicio.
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El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José B. Márquez Reyes, quien votó a favor del proyecto, dijo que “este es el tema más importante de este cuatrienio: la corrupción pública”.
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, favoreció la pieza legislativa, pues problematizó el hecho de que los nombramientos del PFEI “son a base de criterios político-partidistas, tanto por los que lo dirigen, como por los que ejercen las funciones de fiscales”.
La legisladora penepé María de Lourdes Ramos Rivera arremetió contra el PPD, al expresar que “el PFEI, yo les aseguro, que ha gastado menos dinero que el dinero que ha gastado el Partido Popular en cabilderos en contra de la estadidad”.
El Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados estaría adscrito bajo la custodia de la OAIP. Además, esta ley, de ser aprobada, crearía la figura del Fiscal de Corrupción Pública y el Fiscal Especial Independiente.
La Ley 2 de 1988, según enmendada, estableció la OPFEI como la entidad responsable de procesar criminalmente a funcionarios y exfuncionarios de alto perfil. De esta forma, se estructuró la OPFEI como una entidad separada e independiente del Departamento de Justicia, para evitar señalamientos de tratos preferenciales e influencias indebidas en el trámite penal-investigativo, según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 1701.
Avanza la Reforma Universitaria
El cuerpo legislativo también aprobó, anoche, el Proyecto de la Cámara 1314, que busca derogar la Ley 1 de 1966, o “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, y lograr una participación efectiva de los distintos sectores universitarios en la toma de decisiones, al reemplazar la actual Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por un Consejo Universitario.
La medida se aprobó con 16 votos a favor, 13 en contra, una abstención y 21 legisladores no votaron.
Asimismo, la medida propone garantizar un financiamiento público robusto que le permita, a la UPR, cumplir con su misión, y fortalecer y enriquecer su capacidad para recibir acreditaciones y reconocimientos locales e internacionales.
La representante popular Deborah Soto Arroyo celebró la pieza legislativa e hizo hincapié en que, en el proceso de análisis del proyecto, participaron diversos miembros de la comunidad universitaria, incluyendo facultativos y estudiantes.
La legisladora del MVC, Mariana Nogales Molinelli, indicó que este proyecto es fundamental para la preservación de la UPR, pues “estamos en un momento donde hay un ente muy poderoso y maligno, la Junta de Control Fiscal, que tiene como meta la destrucción de nuestra universidad”.
Por su parte, los representantes penepés Torres Zamora y Carlos “Johnny” Méndez Núñez expresaron su oposición al proyecto de ley.
“Si alguien ha defendido a la Universidad de Puerto Rico es este servidor, pero no podemos pensar que podemos volver a llevar al mismo nivel presupuestario, a la Universidad de Puerto Rico, cuando se han perdido miles de estudiantes”, sostuvo Méndez Núñez.
