La licenciada, Mariana Iriarte Mastronardo, catalogó en Metro al Mediodía como una “medida populista” y “una alianza fundamentalista” el Proyecto de la Cámara 1940 que busca modificar el Código Penal de Puerto Rico para que el asesinato de una mujer embarazada se clasifique y se procese como un doble homicidio en primer grado, reconociendo a la madre y el feto en su vientre como víctimas individuales.
La legislación fue sometida el lunes en la Cámara de Representantes por legisladores de diversos partidos políticos en respuesta a la condena impuesta el pasado viernes a el exboxeador, Félix “El diamante” Verdejo Sánchez tras el asesinato de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y su hijo/a por nacer perpetrado el 29 de abril de 2021 en San Juan, Puerto Rico
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El juez federal Pedro Delgado Hernández- quien presidió el proceso judicial contra Verdejo- condenó al expúgil a dos cadenas perpetuas luego de ser encontrado culpable en dos de los cuatro cargos que pesaban en su contra: secuestro resultando en la muerte de una persona y muerte de una criatura no nacida. Si el proyecto se convierte en ley llevaría por nombre “Ley Keishla Madlane”.
“No me sorprende que una vez más se utilice el dolor y el miedo colectivo, principalmente de las mujeres, para buscar unos resultado electorales. Me parece que esto es un proyecto sumamente populista que explota las inseguridades, que explota nuestro dolor y que hace un énfasis en un castigo y no hace énfasis en lo que realmente tenemos que hacer para prevenir, reparar y garantizar que no se repitan actos tan dolorosos como el que vimos del asesinato de Keishla”, sentenció la también activista feminista abolicionista.
“¿Quién se opondría a un proyecto que lleva el nombre de Keishla?”, cuestionó.
Según explicó Iriarte Mastronardo este delito ya está codificado en el artículo 100 del Código Penal de Puerto Rico.
“Toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si sobreviene la muerte de la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años”, reza el estatuto.
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La abogada agregó que el proyecto de ley busca conceder un estatus jurídico al feto que no ha nacido a pesar que los autores puntualizaron que “no está relacionado con el debate sobre el tema del aborto y se centra en las circunstancias donde se comete un crimen contra la voluntad de la madre de llevar a término su embarazo”.
“Cuando miramos quiénes son los representantes pues nos damos cuenta que son los sectores más fundamentalistas y religiosos de la legislatura. Cuando hablamos de alianza, aquí tu tienes un ejemplo de una alianza fundamentalista, que no pierde oportunidad para ir sobre el cuerpo de las mujeres o sacar crédito político del cuerpo de las mujeres”, declaró.
Iriarte Mastronardo además señaló que el P de la C 1940 desplaza la responsabilidad del Estado en asegurar una vida libre de violencia, pero no toca temas que realmente benefician las mujeres como es el caso de la educación con perspectiva de género, espacios seguros, salarios equitativos, acceso a la vivienda, entre otros.
“Realmente no trae nada nuevo para la vida y para la garantía de una vida sin violencia para las mujeres. Son soluciones fáciles, rápidas y a veces hasta simpáticas porque de nuevo, quién se va a oponer a un proyecto que lleva el nombre de Keishla, pero lo que busca son respuestas emocionales”, expresó la también profesora.
La medida fue presentada por los representantes Luis Raúl Torres Cruz , Jorge Rivera Segarra, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Lisie Burgos Muñiz, Sol Higgins Cuadrado, Deborah Soto Arroyo, José Aponte Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Jocelyne Rodríguez Negrón y Jorge Navarro Suárez.
