DENVER (AP) — ¿El expresidente Donald Trump puede aspirar a recuperar su antiguo empleo después del papel que desempeñó en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal? La respuesta podría depender de la definición de la palabra insurrección.
Grupos liberales han interpuesto demandas en Colorado, Minnesota y otros estados para impedir que Trump aparezca en las papeletas, basándose en una medida constitucional rara vez utilizada que le prohíbe aspirar a la presidencia a cualquiera que haya jurado respetar la Constitución y posteriormente se haya “involucrado en una insurrección” en su contra. La cláusula de dos frases que aparece en la 14ta enmienda constitucional ha sido utilizada en apenas un puñado de ocasiones desde la Guerra Civil.
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Debido a eso, prácticamente no existe jurisprudencia que defina sus términos, incluido lo que constituiría una “insurrección”. Aunque desde los ataques del 6 de enero ha habido discusiones en torno a si las acciones en el Capitolio deben ser consideradas una insurrección, el debate en el tribunal la semana pasada ha sido distinto: Si quienes ratificaron la enmienda en 1868 las calificarían como tal.
“Existe esta disputa muy pública, en todos estos términos coloquiales, sobre si fue una insurrección, pero en realidad el meollo se reduce a lo que significa este término constitucional”, dijo Derek Muller, un profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame que ha seguido el caso de cerca.
Existe una amplia variedad de otros motivos jurídicos por los que podrían fracasar estos intentos improbables por impedir que el expresidente y actual puntero en los sondeos de las primarias republicanas llegue a las boletas, desde los límites en el papel que desempeñan las cortes estatales hasta determinar si la Sección Tres es aplicable al presidente. Pero quizá ninguno de ellos resuene como el debate en torno a si los ataques del 6 de enero deberían considerarse una insurrección en primer lugar.
En una audiencia del jueves ante la Corte Suprema de Minnesota, la cuestión formó parte de los motivos por los que los jueces parecían escépticos de que los estados tengan la autoridad para impedir que Trump aparezca en las boletas.
“En su opinión, ¿qué significa haber incurrido en una insurrección o una rebelión contra la Constitución?”, preguntó el juez Gordon Moore a los abogados de ambas partes.
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Nicholas Nelson, quien representa a Trump, definió una insurrección como “una especie de forma organizada de conflicto o violencia... que esté orientada a escindirse o derrocar al gobierno de Estados Unidos”. Añadió que no hay un solo acto en los últimos 50 años que encaje en ese criterio.
Ronald Fein, abogado del grupo Free Speech For People (Libertad de Expresión para el Pueblo), el cual representa a la parte demandante, dijo que una insurrección en contra de la Constitución es “un intento coordinado y forzoso para evitar u obstruir la ejecución de una función constitucional central”, lo que aseguró describe a detalle las acciones de Trump en torno al asalto de enero de 2021 al Capitolio, un ataque cuyo objetivo era evitar la certificación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.
“La insurrección podría depender del cristal con que se mira”, dijo la jueza presidenta de la Corte Suprema de Minnesota, Natalie Hudson, luego de las declaraciones de ambas partes.
Un día antes, Gerard Magliocca, profesor de derecho de la Universidad de Indiana, se presentó en un tribunal de Denver y describió su investigación sobre la Sección Tres, un tema en el que pocos se habían sumergido hasta que él comenzó a investigarlo a finales de 2020.
Magliocca se adentró en las definiciones de diccionario de la palabra insurrección de hace 150 años: Una de ellas era “el levantamiento en armas de un pueblo contra su gobierno, o contra una porción de éste, o contra una porción o una de sus leyes”.
Encontró la opinión de un secretario de Justicia de 1867 de que se debería de prohibir que exconfederados pudieran desempeñar ciertos cargos, incluso si sólamente compraron bonos del gobierno rebelde. También encontró casos en los que el Congreso se negó a admitir a representantes electos cuya única infracción fue escribir una carta a un editor para defender la causa confederada o darle 100 dólares a un hijo con el fin de ayudarlo a cubrir sus costos para integrarse al ejército confederado.
El Congreso también aprobó una ley en 1862 en la que se penaliza la insurrección y que utilizaba una redacción distinta. Algunos críticos de las demandas relacionadas con la Sección Tres han destacado que, de los miles de cargos que ha incoado el gobierno federal en relación con el 6 de enero, nadie ha sido acusado del delito de insurrección, aunque muchos ultraderechistas han sido declarados culpables de conspiración sediciosa.
Magliocca destacó que el lenguaje constitucional es distinto a la redacción mucho más técnica y detallada de los estatutos penales, y la Sección Tres no menciona que la persona a la que se le prohíba ocupar el cargo primero tenga que ser declarada culpable de un delito. De hecho, Magliocca testificó que se entendía que el objetivo de la disposición era evitar que una amplia gama de exconfederados pudieran llegar a ocupar cargos públicos en los años posteriores a la guerra.
En 1872, el Congreso retiró la prohibición para la mayoría de los exconfederados, una facultad establecida explícitamente en los términos de la Sección Tres.
Durante la audiencia del viernes en el tribunal de Colorado, los abogados de Trump convocaron a su propio experto constitucional, Robert Delahunty, para destacar que algunas de las definiciones de Magliocca eran contradictorias. Algunas requerían que la definición de insurrección incluyera la palabra “armas”, mientras que otras no.
Delahunty, un profesor jubilado de derecho y miembro del grupo conservador Claremont Institute, dijo que la cuestión más importante era el requerimiento específico en la Sección Tres de que se tratara de una insurrección contra la Constitución.
“Lo que realmente necesita ser explicado no es el significado simple de una insurrección, sino la frase completa: Insurrección en contra de la Constitución de Estados Unidos”, testificó Delahunty el viernes.
Los abogados que intentan impedir la candidatura de Trump en Colorado subrayaron que incluso el abogado del expresidente se refirió al ataque del 6 de enero como una insurrección durante su juicio político.
“La cuestión ante nosotros no es si se trató de una insurrección violenta del Capitolio; en ese punto todos estamos de acuerdo”, dijo el abogado de Trump, Michael van der Veen, durante el juicio político en el Senado.
Eruditos jurídicos sólo pudieron hallar un ejemplo en el que la enmienda se haya utilizado en el siglo pasado, cuando fue citada para negarle un escaño en la Cámara de Representantes a un socialista antibélico elegido después de la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, luego del ataque del 6 de enero, su uso se ha vuelto más común. Free Speech For People intentó infructuosamente utilizarla para impedir que la representante republicana Marjorie Taylor-Green estuviera en las boletas el año pasado, y también trató de aplicársela al exrepresentante republicano Madison Cawthorn, aunque el asunto se tornó irrelevante cuandó él perdió sus primarias republicanas.
Otro grupo liberal, Citizens for Reforming Ethics in Washington (CREW), usó exitosamente la Sección Tres para impedir que un comisionado de un condado rural de Nuevo México asumiera un puesto público después de que fue declarado culpable en un tribunal federal de un delito menor por ingresar a terrenos del Capitolio durante el ataque. CREW es el grupo que organizó el caso de Colorado, donde está programado que la presentación de testimonios concluya el viernes.
Durante una audiencia en ese caso el jueves, los abogados de Trump intentaron mostrar que muchos de los que asistieron a las protestas del 6 de enero eran gente pacífica y respetuosa de la ley. Tom Bjorklund, tesorero del Partido Republicano en Colorado, deambuló por el National Mall ese día y se acercó al Capitolio, pero dijo que decidió volver sobre sus pasos después de ver gases lacrimógenos y vandalismo.
Bjorklund alegó que probablemente los responsables de la violencia eran grupos antifascistas, un argumento falso que ha sido desmentido por investigaciones que muestran que la gran mayoría de los presentes en la multitud eran simpatizantes de Trump. Indicó que entre la turba detectó a personas que parecían agentes provocadores y dijo que quería dar su testimonio para efectuar una declaración.
“No creo que hubiera ninguna clase de insurrección; creo que es una descripción ridícula”, declaró Bjorklund. “Yo sentía simplemente que era una especie de insulto a los insurreccionistas en todo el mundo. El que los republicanos hayan estado enojados por unas elecciones difícilmente alcanza el nivel de una insurrección”.
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Fernando reportó desde St. Paul, Minnesota.
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