COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Ohio se convertirá el martes en el frente más reciente en la batalla que se libra en Estados Unidos por el acceso al aborto, luego que la Corte Suprema anuló ese derecho el año pasado.
Los habitantes de ese estado participan el martes en un referéndum sobre una enmienda constitucional que garantice el derecho de interrumpir el embarazo y a conseguir otros tipos de atención médica reproductiva.
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Ohio es el único estado que este año está considerando el tema del aborto, y se han gastado decenas de millones de dólares en campañas pro y contra, se han realizado bulliciosos mítines y han proliferado los anuncios en la prensa y las redes sociales, algunos de ellos con información engañosa.
Partidarios pro y contra están atentamente vigilando la contienda para ver qué presagia en cuanto a las elecciones de 2024, cuando los activistas en derechos reproductivos planean organizar consultas populares similares en otros estados como Arizona, Missouri y Florida.
Según las encuestas, aproximadamente dos tercios de los estadounidenses opinan que el aborto por lo general debe ser legal durante el inicio de un embarazo, una tendencia que se ha evidenciado en media docena de estados desde que la Corte Suprema anuló el fallo que legalizó el aborto, conocido como Roe vs. Wade, en junio de 2022.
Tanto en estados demócratas como republicanos _California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont— se han realizado consultas en que se ha ratificado el derecho al acceso al aborto, o se han reducido los intentos de vulnerar ese derecho.
De ser aprobada la enmienda constitucional en Ohio, quedaría anulada una ley aprobada por los republicanos en 2019 que prohibió la mayoría de los abortos a partir de la sexta semana de un embarazo, sin excepciones para violaciones ni incestos. Esa ley, que está en pausa debido a demandas judiciales, es una de aproximadamente dos decenas de restricciones al aborto que la Legislatura de Ohio ha aprobado en años recientes.
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La enmienda específicamente consagraría el derecho de una persona de “tomar y cumplir sus propias decisiones en cuando a su propio sistema reproductivo”, incluyendo métodos anticonceptivos, tratamientos de fertilidad, pérdidas de embarazos y abortos.
Sigue permitiendo que el Estado regule el procedimiento tras la viabilidad fetal, siempre y cuando haya excepciones para casos en que el médico determine que “la vida o la salud” de la madre está en riesgo. Se define la viabilidad como el momento en que el feto tiene una “probabilidad significativa de supervivencia” fuera del útero con intervenciones razonables.
