La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Jesús Santa Rodríguez, solicitará un análisis económico a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), tras las advertencias contenidas en la ponencia conjunta de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del Departamento de Hacienda y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencial Fiscal (AAFAF) sobre que ninguno de los proyectos de ley que buscan la eliminación de los impuestos al combustible están sustentados con los debidos estudios.
Durante la vista pública de la Comisión hoy, jueves, se discutió la viabilidad de los tres proyectos legislativos que pretenden eliminar total o parcialmente los impuestos al petróleo y sus derivados: el Proyecto del Senado 776, que fue aprobado por dicho cuerpo el pasado 23 de octubre; el Proyecto de la Cámara 1903; y la Resolución Conjunta de la Cámara 576.
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“Si la intención de la Asamblea Legislativa es reducir los incrementos a estos arbitrios que se dispusieron en el 2013 o en el 2015, las enmiendas requieren ser reevaluadas y modificadas. Por otro lado, ninguno de los proyectos está fundamentado en un análisis económico que respalde la afirmación de que la eliminación de este impuesto impulsaría positivamente la economía. La ausencia de tal estudio imposibilita que el equipo fiscal del ejecutivo pueda asumir una posición informada”, lee la ponencia conjunta de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del Departamento de Hacienda y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencial Fiscal (AAFAF).
“En Puerto Rico, la imposición de estos arbitrios existen de distintas formas desde antes de la creación de la Autoridad de Carreteras y Transporte. Es desatinado aseverar que estos impuestos se crearon para pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras. Su imposición ha perdurado por décadas”, estipula el documento.
El englobado de las cruditas representó un ingreso de $296 millones en el año fiscal 2021, $360 millones en 2022, y $383 millones en 2023. El arbitrio sobre la gasolina recaudó $110 millones para el año fiscal 2021, $127 millones en 2022, $123 millones en 2023, según el subdirector del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja-Rodríguez.
Santa Rodríguez propuso comenzar buscando alternativas para eliminar la Crudita 2, por lo que le enviará una solicitud, a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), para que desarrolle un análisis del impacto económico que esto conllevaría. “Basado en eso, trabajaremos con alguno de los tres proyectos o los tres proyectos como un sustitutivo”.
“Parece que vamos a trabajarlo quizás con la última crudita y movernos por ahí. Vamos a usar a la OPAL, pero a la OPAL tú no le puedes dar el universo para que lo evalúe”, expresó Santa Rodríguez.
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Una de las alternativas que planteó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue utilizar los recaudos en exceso para reemplazar la partida que representa la crudita en el Fondo General. “Desde 2017 en adelante, aún cuando el gobierno tiene un presupuesto y dice que va a gastar una cantidad de dinero, al final del año gasta menos. Una posibilidad para subsanar esta reducción en ingresos, si se hace este proyecto, [...] es hacer un recorte, lo que es el ejercicio de presupuesto”.
El Proyecto del Senado 776 propone enmendar el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” y la Ley 1-2015, que rige el Nuevo Sistema Contributivo de Puerto Rico, para eliminar el arbitrio al petróleo y sus derivados (conocido como la “Crudita” ) que se había establecido para financiar el pago de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1903 busca derogar la Ley 1 de 2015, mientras que, la Resolución Conjunta de la Cámara 576 propone ordenar al Departamento de Hacienda a suspender la imposición, cobro y pago del arbitrio sobre cada galón o fracción de galón del combustible de gasolina y sobre petróleo crudo, productos derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos.
El subdirector ejecutivo de la AAFAF, Nelson Pérez Méndez, indicó que la ponencia de las agencias no establece recomendaciones específicas, pues necesitan aclarar en qué impuestos se deben centrar para su análisis, debido a que las tres medidas proponen cambios distintos. “Para poder hacer recomendaciones más específicas, queremos tener mayor claridad con relación a lo que se está planteando en la legislación. Tenemos que aclarar esas medidas porque van más allá de las cruditas”.
Preocupada la JSF ante propuestas de eliminación de impuestos sobre el combustible
De otro lado, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, envió una carta ayer pertinente a las propuestas de la Legislatura para eliminar permanentemente diversos impuestos sobre ciertos productos derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel.
Mujica establece que “los impuestos sobre los productos de combustible son una parte importante del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Aquellos impuestos, como cualquier impuesto, financian servicios esenciales como educación, seguridad pública, atención médica y pensiones del gobierno. La eliminación permanente de los impuestos al combustible, incluso en partes, podría tener consecuencias importantes para la futura financiación de dichos servicios”.
En dicha misiva, el director ejecutivo de la JSF sostiene su preocupación ante la eliminación de todos los impuestos sobre el combustible, debido a que plantea que podría reducir los ingresos del Fondo General en casi $3 mil millones durante los próximos cinco años.
“Es fiscalmente irresponsable eliminar más de $500 millones en ingresos gubernamentales por año sin abordar cómo el gobierno compensaría el efecto de la pérdida de financiamiento en servicios gubernamentales críticos para el pueblo de Puerto Rico”, estipula la carta.
“Yo creo que ese número está bastante alto, pero me suena más lógico lo que es más o menos $500 millones por año”, dijo Santa Rodríguez durante la vista pública.
Además, Mujica establece que es posible que eliminar los impuestos al combustible no reduzca el precio de la gasolina en la bomba. “Es difícil determinar con algún grado de confianza si la acción actualmente contemplada en la Legislatura resultaría en ahorros significativos para el público”, lee la misiva.
Respecto a ese planteamiento de Mujica, Santa Rodríguez sostuvo que “la Junta plantea que este tipo de medida no garantiza que el consumidor reciba el ahorro. Estoy totalmente en contra de esa posición porque yo creo que existen los mecanismos”.
Por su parte, el representante independiente, Luis R. Torres Cruz, dijo que no cree que la Junta de Supervisión Fiscal permita eliminar todas las cruditas. “El que crea eso no vive en Puerto Rico”.
El propósito de la segunda crudita comenzó a ser cuestionado tras el anuncio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de una Alianza Público-Privada (APP) entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la empresa Abertis (Metropistas) para mejorar varias carreteras de la isla y cubrir el pago de la deuda de la ACT.
