La Comisión Conjunta para las Alianzas Públicos-Privadas realizó hoy una sesión de vistas públicas sobre la Resolución Concurrente de la Cámara 67, sobre Ley 29-2009 que regula las Alianzas Público-Privadas, y que pretendía auscultar con detenimiento el reciente contrato a 40 años asumido por Metropistas y el gobierno de Puerto Rico a través de una alianza público-privada anunciada hace unas semanas.
La transacción, valorada en $2,136 millones, completa la transferencia de la red de autopistas que recorren la isla en manos privadas.
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Deponiendo ante representantes y senadores, Julián Fernández, gerente general de la empresa; Guillermo Gil, consejero general y el ingeniero Iván Múnera, contestaron las interrogantes de los legisladores en cuanto al acuerdo contractual asumido por el gobierno con la empresa de origen ibérico.
A preguntas de la senadora Gretchen M. Hau, presidenta de la Comisión en representación del Senado, Fernández explicó que Metropistas no es, y nunca ha sido, recipiente de fondos federales, aunque no cerró la puerta a la posibilidad de serlo en un futuro. El portavoz de la empresa aseguró que ello pudiera redundar en bajas en las tarifas de peajes, aunque admitió que sería un proceso difícil de revisión del contrato.
Fernández, no obstante, aclaró que los aumentos en las tarifas de peajes no se realizan de manera arbitraria.
“La revisión de tarifa se hace por varias funciones. No la decide la concesionaria sino que es como consecuencia del resultado de aplicar una forma preestablecida atada a la inflación. Esta estructura persigue asegurar que las revisiones de tarifas no sean arbitrarias. O sea, la concesión no puede decir que va a subir la tarifa para compensar ingresos no obtenidos, como pasó en la pandemia cuando tuvimos perdidas”, explicó el CEO de la empresa.
“Lo que persiguen (los aumentos) también es que no podamos extenderle al usuario inflaciones que no son ponderadas y que los pueden afectar. Por ejemplo, el costo de la materia prima, de la mano de obra. El hecho de que yo tenga que cumplir con esas obligaciones y hacer esa inversión no se extiende directamente al cliente. Está atada exactamente a la formula y a la inflación”, añadió.
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Fernández admitió, sin embargo, que los aumentos en la tarifa se pueden realizar también para asegurar la viabilidad de la compañía.
“Aquí hay dos cosas, la inversión y lo que se ha invertido, y lo que se ha invertido es el canon inicial de $2,136 millones que hay que recuperar a lo largo de la concesión. Esa inversión se recuperará a lo largo de los 40 años (del contrato). Como en cualquier negocio, para que sea viable, si no ajusta sus gastos e ingresos a la inflación, no puede ser viable a los 40 años. Todos tenemos experiencia en Puerto Rico con situaciones de quiebras que han sucedido como consecuencias similares a esta”, dijo.
No obstante, Fernández no descartó la posibilidad de que Metropistas reciba partidas de fondos federales que pudieran redundar en ahorros para los conductores.
“Si nosotros recibiésemos fondos federales que redujeses nuestras obligaciones contractuales de capital a lo largo de los años, se podría revisar la provisión contractual de los aumentos. Eso es mucho más complejo”, admitió.
Deuda privada
Durante la vista también trascendió que en la transacción entre la empresa y el gobierno existe un ajuste inflacionario que no guarda relación con el repago de la deuda. Metropistas asumió un acuerdo de repago fijo a 40 años donde podría enfrentar el riesgo de un descuadre en sus finanzas para recursos de mantenimiento a causa de la inflación.
No obstante, Fernández aclaró que existe una distinción entre el pago de la deuda de la ACT y el pago de la deuda del operador privado.
“Para poder acometer un proyecto como el de la PR-22 y el de la PR-5, donde se pagó un canon inicial de $136 millones, la compañía asumió ciertos compromisos de deuda. No se pagó cien por cien con capital privado, se pagó con deuda. Normalmente este tipo de transacciones se financia entre un 50 a un 60 por ciento del pago inicial. Actualmente Metropistas sigue teniendo más de $700 millones de deuda que repaga anualmente pero no es deuda de la ACT, sino que es deuda privada”, aclaró.
A preguntas del presidente de la Comisión por parte de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, el portavoz de Metropistas aclaró también que el contrato original con el gobierno asumido en 2011 no estipulaba una aportación del gobierno para inversión de infraestructura.
“Esa transacción se hizo con una contraprestación de $1,136 millones que se pagó al gobierno y entendemos que parte de esa cantidad se utilizó para hacer un repago de la deuda que tenía en ese momento la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). No hubo dinero público involucrado en esa transacción”, explicó Fernández.
El representante cuestionó entonces la procedencia de la inversión acordada por Metropistas de $275 millones para mejoras de infraestructura.
“De la propia operación de la compañía”, contestó el CEO de la filial. “Nosotros tenemos unas obligaciones contractuales que tenemos que cumplir para tener la infraestructura a cierto nivel. Eso significa mantenimiento. Esas inversiones son riesgos de la concesionaria”.
“Si llega una pandemia, por ejemplo, y en seis meses nadie pasa por la autopista, la empresa tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales y eso significa que esa inversión que hemos hecho de $275 millones y los $700 millones que nos quedan por invertir”, añadió mientras explicó que esa última cifra es la proyección en inversión capital para mantener la infraestructura al nivel requerido por el acuerdo con el gobierno.
A pesar de que Hernández intentó indagar sobre cuánto de esa inversión estaba destinada a infraestructura concreta y cuánto a mantenimiento, Fernández no pudo precisar esa proporción mientras que indicó que la empresa no desglosa de esa manera las partidas de dinero. Sin embargo, sí ofreció un estimado de $20 millones anuales en proyectos de infraestructura y $70 millones en mantenimiento y conservación.
“La autopista genera unos ingresos y de esos ingresos parte va al repago de la deuda, parte a la infraestructura y parte en mantenimiento”, explicó el portavoz de Metropistas.
Con este contrato, la ACT queda con el control de carreteras secundarias y terciarias en todo Puerto Rico, como la PR-30, que discurre entre Caguas y Humacao, así como del tramo de la carretera PR-2 –que comienza en Ponce y se extiende hasta Hatillo para conectar con la PR-22.
El pasado 17 de octubre, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció la firma de un nuevo acuerdo contractual a 40 años con el operador vial Metropistas, filial en la isla de la empresa española Abertis. Según indicó el gobernador en ese momento, Metropistas será responsable de la operación de las autopistas PR-52, PR-66, PR-20 y la PR-53.
Como parte de la transacción, Metropistas hizo un pago inicial de unos $2,850 millones a la ACT y a lo largo de la APP contempla invertir otros $2,370 millones en mejoras capitales en las autovías que discurren desde San Juan hasta Ponce (PR-52) y hasta Guaynabo (PR-20), así como desde Carolina hacia Río Grande (PR-66).
