La vista preliminar en el caso de los seis manifestantes que fueron arrestados, el pasado 9 de julio en La Parguera, Lajas, frente a la residencia de los suegros de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, continuó hoy, miércoles, con la verificación, de parte de la defensa, de más de 28 videos presentados por el Ministerio Público.
El testigo interrogado ayer, Denis Méndez Rodríguez, agente de la Policía adscrito a la División de Crímenes Cibernéticos de Mayagüez, dijo haber extraído los videos de la red social Facebook y una cámara digital, a solicitud de tres agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, como parte de la investigación pertinente a los hechos transcurridos durante la manifestación.
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La defensa solicitó examinar el contenido, que está almacenado en una memoria USB.
“Una regla básica de evidencia es que, a la otra parte, se le tiene que mostrar, previo a mostrárselo al testigo. Si a nosotros no se nos muestra el contenido de ese dispositivo digital, no se le puede solicitar, a su señoría, que admita ese dispositivo digital, y, si tenemos que estar hasta el viernes viéndolo, estamos hasta el viernes”, sostuvo el representante legal de la imputada Iona Fournier Gómez, Carlos Padilla Montalvo, en el Centro Judicial de Mayagüez.
El agente Méndez Rodríguez descargó, en el servidor custodiado por la Policía de Puerto Rico y en la memoria USB, dos videos del perfil de Facebook de Noticentro WAPA, 12 videos del perfil Campamento Carey, cuatro videos del perfil oficial del activista ambiental Eliezer Molina, y diez videos de una cámara digital.
La División de Crímenes Cibernéticos puede extraer evidencia de las redes sociales, y, con órdenes de allanamiento o consentimiento a registro, puede obtener los datos contenidos en un dispositivo electrónico.
Entre los cargos contra los manifestantes se encuentran daño agravado, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares. Además de un cargo por portación y uso de armas blancas en la comisión de un delito.
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La manifestación en la que ocurrieron los incidentes, convocada por Molina, tenía como fin protestar la presunta construcción ilegal de una terraza y un tablado en la residencia de la familia del esposo de González Colón.
A principios de mayo, Molina acusó a la comisionada residente y a la familia de su esposo, José Yovin Vargas, de realizar una construcción ilegal sobre el mangle en La Parguera en Lajas.
El activista ambiental asegura que, en donde se encuentran la casa, se realizó un corte de mangle, relleno ilegal, construcción sin permisos, apropiación de bienes de dominio público, e instalación de agua y luz a una construcción ilegal.
