El representante José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez, junto a la senadora Keren Riquelme, anunciaron la radicación de un proyecto de ley que otorga un crédito contributivo a toda pequeña y mediana empresa (Pymes) para que realice adaptaciones estructurales o elimine barreras arquitectónicas en el negocio, para facilitar la movilidad de sus empleados o clientes con impedimentos o diversidad funcional.
El crédito sería de hasta un 90 por ciento de los gastos incurridos para ello, hasta un máximo de $15,000.00.
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“Uno de estos altos costos que asumen las Pymes es el de eliminar barreras arquitectónicas o estructurales, crear acomodos razonables o realizar adaptaciones para empleados o clientes con impedimentos. Sin duda, las Pymes están ávidas, no sólo por cumplir con esto, sino que muchas son propulsores de estos cambios de inclusión social, abriendo espacios para que personas con impedimentos y los adultos mayores puedan tener un empleo digno o recibir el servicio que estas empresas ofrecen”, dijo Meléndez.
“A nivel federal, el Servicio de Rentas Internas (IRS) le provee a las Pymes que cualifiquen, un crédito no reembolsable de acceso a personas con impedimentos por los gastos de brindar acceso a éstos. Este crédito aplica a los costos por remover barreras que evitan que un negocio sea accesible a personas con impedimentos, proveer interpretes cualificados u otros métodos para hacer accesibles materiales auditivos a personas sordas, proveer lectores, material grabado u otros métodos para hacer accesible material visual a personas ciegas o el adquirir o modificar equipos para personas con impedimentos o diversidad funcional”, sostuvo Riquelme.
La entidad EFATA Ministerio Sordos & Señas, peticionarios de esta legislación y quienes, en conjunto con la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, han creado un programa que le facilita intérpretes a personas sordas mientras reciben asistencia legal, indican que en Puerto Rico hay 218,645 adultos sordos, lo que equivale al 8.4 por ciento de la población.
En el caso de la población ciega o con discapacidad visual severa, al 2018, ésta era de aproximadamente 214,000 personas, o el 6.1 por ciento de la población. Estas personas luchan diariamente con barreras de comunicación, no sólo para trabajar, sino para recibir los servicios más básicos que necesitan.
Lo mismo sucede con otras poblaciones con discapacidades motoras. En el caso de los adultos mayores, es ampliamente conocido que Puerto Rico está envejeciendo cada día más, a una velocidad alarmante. Al 2021, la población de edad avanzada (65+) es de aproximadamente 740,489 o el 23 por ciento de la población. De paso, es muy común que estos adultos mayores desarrollen discapacidades motoras, de audición y de vista, por lo que estos números, de seguro, seguirán en aumento.
