Después de que el Junte Multisectorial se reuniera para plantear la necesidad de recortar aún más la deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el experto en la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), el abogado John E. Mudd, enfatizó que es baja la posibilidad de que se pueda lograr un recorte adicional en la deuda de agencia gubernamental.
Mudd enfatizó que una vez se tome una determinación judicial sobre la cantidad que se debe pagar a los bonistas, no es factible reducir esa cantidad, poniendo en manifiesto las limitaciones legales que existen en este proceso.
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“Cuando tienes una determinación judicial, no puedes simplemente decir, ‘te voy a pagar menos’. Se debe cumplir con lo que ya se ha decidido legalmente”, explicó el licenciado.
En los pasados días, representantes del Junte Multisectorial contra el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD-AEE) se reunieron en Fortaleza para presentar sus preocupaciones exponiendo que todos los sectores se ven seriamente impactados por el continuo mal servicio eléctrico y por la posibilidad de más aumentos en la factura propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF).
La convocatoria de esta reunión surgió a raíz de la Carta Abierta enviada al gobernador por el colectivo, compuesto por más de 60 organizaciones. En la misiva, se alertó acerca del nuevo PAD que propone aumentar las tarifas durante las próximas tres décadas para pagar a los bonistas de la AEE. Asimismo, resalta que el plan continúa dando prioridad al pago de una deuda no garantizada por encima de las necesidades del sistema eléctrico, las pensiones actuales y futuras, así como el desarrollo económico del país.
Según lo manifestado por los voceros del Junte, los representantes gubernamentales se comprometieron a buscar fuentes de financiamiento con el fin de asegurar el pago de las pensiones en curso y mitigar el efecto en las tarifas eléctricas, al mismo tiempo que continuarán sus esfuerzos para evitar incrementos adicionales en la factura de electricidad.
También, acordaron la celebración de otra reunión en las próximas semanas para examinar los datos más recientes del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE y seguir explorando soluciones concretas que protejan las pensiones y reduzcan el impacto en el costo energético.
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“El problema de estos Juntes, es que viven en otro universo paralelo. Hay una ley que se llama PROMESA […] y es un asunto de quiebra”, aseguró el licenciado Mudd.
El experto en leyes de quiebra además abordó la cuestión de las pensiones de la AEE, señalando que priorizar las pensiones sobre el pago de la deuda presenta implicaciones financieras y legales complicadas bajo PROMESA, basadas en el Capítulo 9 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, existen regulaciones estrictas que deben cumplirse rigurosamente.
Mudd subrayó que no es posible reorganizar las prioridades de pago a voluntad y señaló que, a pesar de que la ley de quiebra permite la reducción de los pagos de pensiones, la JSF decidió mantener los pagos de pensiones a los actuales pensionados. Sin embargo, se implementaron cambios en el sistema de pensiones para los empleados que aún no se han retirado, pasando de un sistema de beneficios definidos a uno de contribución definida.
“La Junta está siendo bien decente con los pensionados diciendo que no se va a cambiar las pensiones. Bajo la ley de quiebra, el caso del Estado Libre asociado se habló de un recorte a los pensionados de 25% que después llegó a nada, pero la ley provee para tu poder reducir los pagos de pensiones”, aseveró el abogado.
Ante preguntas de Metro Puerto Rico, Mudd abordó la insolvencia declarada del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE en abril de este año, y destacó que la JSF ya decidió que este fondo de retiro no es viable. Según explicó, inyectar una cantidad sustancial de dinero en el sistema sería necesario para revertir la situación, lo que lo convierte en una solución financiera poco realista.
“La Junta ya decidió que ese fondo de retiro no sirve. Si la Junta fuera a cambiar de opinión, lo cual es altamente improbable, se tendría que inyectar billones de dólares dentro del sistema, por eso es que precisamente se dijo que no se puede porque es extremadamente costoso los beneficios definidos, un sistema de beneficios definidos es extremadamente costoso”, sostuvo.
