Madres de estudiantes con Diversidad Funcional denuncian el cierre administrativo de once estipulaciones en un caso de Educación Especial, alegando una violación del debido proceso de ley. El Comité Timón, en conjunto con la Alianza de Autismo de Puerto Rico y otras organizaciones afines, expresaron su preocupación por la falta de sensibilidad demostrada por el Sistema Judicial de Puerto Rico en esta decisión.
La controversia surgió a raíz de una Sentencia Parcial emitida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, que notificó el cierre de estas once estipulaciones de la Sentencia por Estipulación de 14 de febrero de 2002. Estas estipulaciones abordan aspectos críticos como el proceso de registro, divulgación, evaluaciones y transportación en el contexto de la Educación Especial.
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Lo que ha generado mayor preocupación entre los padres y encargados es que esta Sentencia Parcial se dictó antes de que se resolviera la reconsideración ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y se denegó la publicación de edictos para informar sobre el alcance de las estipulaciones a cerrar. Además, no se autorizó la celebración de reuniones regionales entre los representantes legales de la clase y los integrantes de la clase en todo Puerto Rico.
Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, expresó su incredulidad ante la decisión, afirmando que se está cerrando administrativamente once estipulaciones sin haber completado el proceso de corroboración por la Oficina de la Monitora y sin permitir una notificación adecuada a los aproximadamente 100,000 estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial.
También señaló que el Tribunal Supremo parece dar la espalda a los niños y niñas que integran el caso Rosa Lydia Vélez, el sector más vulnerable de la sociedad, ya que no ha emitido una opinión en casi 43 años de litigio, a pesar del continuo incumplimiento del Departamento de Educación en sus deberes ministeriales.
“Tal parece que la Rama Judicial se está cansando de atender un caso que lleva tantos años en el sistema, aun cuando el Departamento de Educación continúa en craso incumplimiento de sus deberes ministeriales, violando diariamente el derecho a la educación de decenas de miles de estudiantes”, señaló Warren.
La representación legal de la Clase también expresó su preocupación, ya que las decisiones del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones no permiten una comunicación efectiva con los miembros de la clase ni una notificación adecuada. Warren aseguró que esta clase “sui generis” y excepcional, con cerca de 100,000 estudiantes registrados, necesita un enfoque especial por parte de la autoridad judicial.
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Asimismo, Carlos Irizarry de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, explicó que, algunas de las estipulaciones eliminadas incluyen plazos para la prestación de servicios, programas de divulgación sobre Educación Especial, orientación a la comunidad y procedimientos de referidos y evaluaciones. También se eliminaron aspectos relacionados con el servicio de transportación y cómo se abordarían los problemas de transportación que pudieran interferir con la evaluación de la elegibilidad de los estudiantes con diversidad funcional.
“Ayer se presentó la Segunda Solicitud de Reconsideración ante el Tribunal Supremo sobre la decisión de 23 de junio de 2023. Hoy se estará presentando solicitud de Reconsideración ante el Tribunal de Primera instancia sobre la Sentencia Parcial de Cierre de Estipulaciones”, aseveró Warren.
De igual forma, Carmen Warren instó a los padres y encargados de estudiantes en el Programa de Educación Especial a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier irregularidad en los servicios proporcionados por el Departamento de Educación.
Para aquellos que deseen comunicarse con el Comité Timón, pueden hacerlo a través del número 787-765-8797 o su dirección de correo electrónico comitetimonpleitoclase@gmail.com. La portavoz Carmen Warren reclama sensibilidad por parte de la Rama Judicial en un asunto que impacta la vida de cientos de miles de estudiantes y sus familias.
