La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, radicó una medida en la Cámara de Representantes que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías para cambios estéticos o de sexo en menores de edad.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1889 que busca crear la “Ley para proteger a los menores de ser sometidos a terapias y/o tratamientos hormonales y cirugías para cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico”. Según se indica en la medida, esta propone prohibir tratamientos hormonales y cirugías estéticas para personas que no han cumplido los 21 años de edad y busca disponer penas por la violación a esta prohibición.
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En la medida, la representante alega que “los menores de edad no tienen la capacidad para consentir a tratamiento médico alguno. Un menor no tiene la capacidad emocional, psicológica, ni intelectual para tomar decisiones que conllevan consecuencias irreversibles, permanentes y experimentales”.
De convertirse en ley, la medida establece una prohibición a todo profesional de la salud a administrar en menores terapias y/o tratamientos hormonales con el propósito de realizar cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico, alterar los caracteres sexuales primarios y/o secundarios, provocar la infertilidad y/o esterilidad y/o tratar la disforia de género mediando el uso de testosterona, estrógeno y /o bloqueadores o supresores de la pubertad.
Del mismo modo, la medida indica que se prohibiría a los planes médicos que cubran dentro de sus cubiertas la realización de terapias o tratamiento hormonales para menores de edad. Además, busca prohibir la asignación de fondos públicos para investigar o experimentar sobre las terapias y tratamientos hormonales y cirugías con el propósito de realizar cambios estéticos “no congruentes con el sexo biológico”.
La medida propone multas que van desde los 10 mil dólares hasta los $50 mil y prisión desde 3 años hasta 15 años, además de la suspensión de licencias y permisos de operación a profesionales de la salud.
Un proyecto similar fue radicado en el 2021 por la representante, el Proyecto de la Cámara 768, sin embargo, este fue derrotado por la Comisión de Bienestar Social.
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La representante no presentó en la medida ejemplos sobre malas prácticas o estadísticas que confirmen si en Puerto Rico esto representa un problema mayor que esté afectado a los menores de edad.
