Familias afectadas por choques causados por conductores ebrios instaron a la aprobación de una medida que impondría la obligación de proporcionar manutención a menores de edad que han perdido a sus padres en tales accidentes. Entre los defensores de esta propuesta se encuentra la organización sin fines de lucro Mothers Against Drunk Driving (MADD), cuya misión es combatir la conducción en estado de ebriedad y respaldar a las víctimas de estos incidentes.
Melissa Ramírez, directora ejecutiva afiliada, argumentó que esta legislación asegura la justicia y la rendición de cuentas al hacer que las personas piensen dos veces antes de conducir bajo los efectos del alcohol. El Proyecto de la Cámara 1827 para crear la ‘Ley de Manutención a Víctimas de Conductores Ebrios’, también requeriría que conductores condenados paguen manutención alimentaria a menores cuyos padres hayan sido víctimas fatales de accidentes relacionados con la embriaguez al volante.
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“Entendemos que para salvar y proteger vidas es necesario adoptar políticas más agresivas, por lo que promovemos la presente medida legislativa ya que cumple dos propósitos: la disuasión al público de no conducir bajo los efectos del alcohol y una consecuencia tangible del pago de manutención a los menores al ocasionar la muerte a un padre o madre”, expresó Ramírez.
La propuesta también considera a las víctimas que han sufrido graves daños físicos, tanto temporales como permanentes, como resultado de choques con conductores ebrios. La hermana de una víctima instó a que se considere a cualquier persona cuya vida haya cambiado drásticamente debido a estos incidentes.
Laura Pérez, una joven que sufrió la pérdida de una extremidad y daños físicos hace tres años a causa de un conductor ebrio, se unió a las demandas y recomendó que la propuesta legislativa tenga en cuenta a todas las víctimas cuyas vidas hayan sido alteradas significativamente. Esto incluye a cualquier persona que haya experimentado lesiones graves que hayan resultado en discapacidad física o mental, ya sea de manera parcial o total, temporal o permanente, y que afecten gravemente su funcionamiento fisiológico.
De manera similar, se hace hincapié en lesiones corporales que representen un riesgo sustancial de muerte, pérdida de conciencia, dolor físico extremo, desfiguración evidente y duradera, así como la pérdida sostenida o la incapacidad de una parte del cuerpo, órgano o capacidad mental.
“Ninguna pena ni sanción jamás podrá reemplazar, solventar o eliminar el dolor, la pérdida ni el sufrimiento. Sin embargo, una pena de restitución a víctimas no es solo consecuencia legal para el convicto, sino un respiro en la vida de cada víctima que no podrá jamás eliminar ni sustituir lo que día a día pasamos”, afirmó Pérez.
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La hermana de la víctima, la doctora Marla Pérez, aseguró a preguntas del presidente cameral Rafael Hernández Montañez, que las agencias concernientes, como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), no fueron diligentes en la otorgación de servicios y ayudas cuando ocurrió el incidente.
Según la cuidadora, su hermana ha necesitado dos prótesis desde que ocurrió el choque, por lo que tiene derecho a recibir solo una prótesis adicional cubierta por ACAA a lo largo de su vida.
Estadísticas ofrecidas por el Negociado de Patrullas de Carreteras revelaron que los choques fatales relacionados con embriaguez en el 2021 totalizaron 134 y en el 2022 se redujeron a 128. En lo que va de 2023 se han reportado 11 muertes relacionadas a estos accidentes.
“Lo que estamos buscando es poder ampliar el enfoque legislativo hacia la protección de las víctimas colaterales y fortalecer los disuasivos estatutarios contra el manejo de vehículos en estado de embriaguez. Procurando, con lo precedente, proporcionar un sentido de justicia a las víctimas y sus familiares”, puntualizó Hernández Montañez, quien dirigió los trabajos de la vista pública.
A pesar del apoyo a la medida, algunas organizaciones han expresado reservas. La Sociedad para Asistencia Legal argumentó que la propuesta podría alejarse de la realidad de los procesos penales y la rehabilitación moral de los condenados.
“El Proyecto 1827, aunque pretenda contribuir al fin retributivo de justicia a las víctimas o sus descendientes en este caso, puede ser un obstáculo al fin de rehabilitación moral y particularmente social de la persona condenada”, señaló el director ejecutivo Félix Vélez.
Por su parte, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito favoreció la intención legislativa pero sugirió una revisión de los mecanismos para proporcionar la restitución a los menores.
Tanto la Policía como el Departamento de la Familia respaldaron la iniciativa, pero también plantearon preguntas sobre cómo manejar casos de doble compensación y el impacto en los convictos que también tienen que cumplir con manutención alimentaria para sus propios hijos.
“Los pagos a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) son exclusivamente por concepto de pensión alimentaria que emana de la obligación establecida por la filiación en nuestro Código Civil”, aclaró la agencia.
