El Senado avaló una medida que aumenta la pena de reclusión a tres años para quienes proporcionen información falsa a través de sistemas de emergencia. El Proyecto del Senado 944, presentado por el senador Javier Aponte Dalmau, amplía la prohibición de notificar alarmas falsas, incluyendo cualquier conducta que movilice a las autoridades de seguridad pública. Además, establece la obligación de notificar a las autoridades si se adquiere conocimiento de la falsedad de la declaración inicial. Esto tiene como objetivo minimizar la activación innecesaria de los mecanismos de rescate y manejo de emergencias.
“El nuevo lenguaje requerirá a cualquier persona que brinde información falsa sin conocimiento de su falsedad, pero que posteriormente adquiere conocimiento de los verdaderos hechos que provocaron la supuesta alarma, el deber y la responsabilidad de notificar a las autoridades que ha adquirido conocimiento de la falsedad de su declaración inicial. Actuar en contrario y omitir tal notificación conllevará la comisión de un delito grave”, expresa la medida en su exposición de motivos.
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Según el portavoz de la mayoría, Aponte Dalmau, “el propósito de estas enmiendas son reducir al mínimo la activación de los mecanismos de rescate y manejo de emergencia del Estado Libre Asociado, incluyendo los municipales, y equipos de voluntarios para atender situaciones provocadas por información falsa”.
Además, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1091, de la senadora Keren Riquelme Cabrera, que modifica el “Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños” para garantizar un subsidio mínimo a todos los residentes de la Casa del Veterano y actualizar varios aspectos de la ley en apoyo a los veteranos.
“Nosotros tenemos que desarrollar una cultura de apreciación cuando se trata de nuestros veteranos… y esta cultura tiene que ir de la mano de una política pública que sea cónsona con nuestro agradecimiento a nuestros veteranos”, expresó Riquelme Cabrera.
Según establece la pieza legislativa “esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el lenguaje del estatuto de manera tal que se facilite el ejercicio de la autoridad que él mismo reconoce al Procurador del Veterano, así como ampliar la misma, de manera tal que éste pueda contar, si se proyectarán sobrantes en el Fondo, con fondos disponibles para cualesquiera asuntos relacionados con la Casa del Veterano y sus necesidades, para beneficio último de sus residentes”.
Otra medida aprobada fue el Proyecto del Senado 1221, presentado por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, que tipifica como delito grave retirar o amenazar con retirar la cubierta de servicios pediátricos de cuidado de salud en el hogar a un suscriptor encamado o dependiente de tecnología, que ejerza su derecho a recibir servicios educativos en la escuela. Esta medida busca combatir las actitudes inhumanas de algunas aseguradoras de salud que obstaculizan el acceso a la educación de estos individuos.
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“Me parece que ante grandes males, necesitamos grandes remedios… y que dentro del cálculo que realiza alguien en una oficina administrativa, me parece que ese tipo de insensibilidad y de violación tanto al derecho a la salud, como el derecho a la educación, tiene que ser tratado con la más extrema severidad y eso es lo que proponemos a través del Proyecto del Senado 1221 para contribuir de alguna manera a poner coto a las actitudes inhumanas de aseguradoras de salud que, como sabemos viven de la muerte y del sufrimiento y son incapaces de actuar con el respeto mínimo”, expresó la senadora Santiago Negrón.
También se le dio paso al Proyecto del Senado 1256 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; de los senadores Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves y de la senadora, Joanne Rodríguez Veve, que busca establecer la “Ley de Energía Renovable en las escuelas públicas de Puerto Rico” a los fines de ordenar la implementación de energía renovable en los planteles escolares públicos de Puerto Rico; declarar como política pública del Estado Libre Asociado el uso de fuentes de energía renovable como primera alternativa para proveer electricidad a las escuelas públicas; imponer responsabilidades al Departamento de Educación y a la Autoridad de Edificios Públicos.
“A raíz de las diversas situaciones que ha atravesado el país, el gobierno local ha sido beneficiario de billones de dólares, provenientes de fondos federales, que pueden ser utilizados para realizar mejoras a la infraestructura de Puerto Rico, lo cual permite desarrollar iniciativas modernas de beneficio a largo plazo para garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía”, expresa el proyecto en su exposición de motivos. Añade, además, que “es intención de la Asamblea Legislativa aprovechar las asignaciones de fondos federales, así como el aumento en recaudos locales, para desarrollar iniciativas que tengan viabilidad a largo plazo en todo el país”.
