QUITO (AP) — La atípica campaña presidencial en Ecuador que busca reemplazar el domingo al presidente actual, Guillermo Lasso, terminó hoy, jueves, en medio de un clima de incertidumbre tanto por los resultados como por el ambiente de inseguridad generalizada que vive la nación andina.
Un total de 13.45 millones de electores tendrán que escoger entre la izquierdista Luisa González, una abogada de 45 años y heredera política del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el heredero de la mayor fortuna del país, Daniel Noboa, un administrador de 35 años con amplia formación en el exterior, que inesperadamente se coló en la segunda vuelta y ahora figura como el favorito en las encuestas.
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Ambos candidatos usan chalecos antibalas y se movilizan en medio de un fuerte contingente policial y militar que con armas largas vigilan de cerca a los postulantes y que durante su campaña han evitado grandes concentraciones y más bien se han centrado en reuniones con grupos de diversa índole.
Noboa y González estuvieron la víspera en el sur de Quito, la capital, haciendo por separado sus respectivos cierres de campaña, mientras que en las próximas horas tienen previsto hacer lo mismo en la ciudad costera de Guayaquil, considerada la principal plaza de electores del país.
Ambos podrán hacer campaña hasta la medianoche del jueves, desde cuando regirá un silencio electoral para permitir que los ecuatorianos mediten su voto hasta el domingo.
La situación de inseguridad en Ecuador se agudizó luego del asesinato a balazos del también candidato presidencial, Fernando Villavicencio, pocos días antes de la primera ronda electoral del 20 de agosto. En torno al caso fueron detenidas 13 personas, siete de las cuales fueron asesinadas en las cárceles la semana pasada.
El político asesinado se caracterizaba por denunciar tramas de corrupción, especialmente durante el pasado gobierno de Correa, que terminaron en sentencias de prisión contra el exmandatario y muchos de sus principales ministros y otros altos funcionarios.
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El analista Gustavo Isch, de la Universidad Andina, aseguró que esta es la campaña más violenta en la historia de Ecuador, al señalar que además del asesinato de Villavicencio hubo amenazas a muchos candidatos por parte de mafias delincuenciales, lo cual “causó conmoción y movió el tablero político”.
El catedrático Juan Francisco Camino, de la privada Universidad UTE del Ecuador, coincidió. Explicó que la violencia “ha marcado la agenda política de los últimos dos años, y esta campaña no está exenta de esto”. El experto refirió que el tema de la inseguridad marcará la agenda y planes políticos de los próximos años, porque “no es algo que se pueda solucionar en el corto plazo”.
Contrariamente a recientes campañas pasadas, en que los grandes medios de comunicación a estas alturas estaban saturados de propaganda y mensajes políticos, en esta ocasión ambos postulantes se han volcado a las redes sociales con mensajes en un esfuerzo por buscar atraer a los jóvenes.
En Ecuador votan los jóvenes desde los 16 años y el grupo de hasta 35 años “se ha convertido en el más importante de electores”, destacó Isch, agregando que “el principal vínculo con ellos son las redes sociales donde los mensajes son más cortos y estimulan sobre todo la parte visual antes que los temas más profundos”.
Quien resulte ganador el próximo domingo será posesionado durante la primera quincena de diciembre y gobernará este país por 18 meses, el tiempo que le resta a Lasso para completar su período de gestión. El presidente disolvió la Asamblea en mayo y acortó su propio mandato en medio de un juicio político que buscaba su destitución.
Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en los 4,390 recintos electorales que desde el jueves quedan bajo resguardo militar y policial. También, invitaron a la ciudadanía a acudir a las urnas sin mochilas ni bolsos, como medida de precaución.
En tanto, como parte de estos comicios y para dar inicio a la jornada electoral, un total de 4,756 personas que se encuentran en prisión, pero sin sentencia, serán los primeros en sufragar el jueves, dando cumplimiento a disposiciones legales. Tales reclusos están ubicados en 39 cárceles de 20 provincias, donde se han instalado juntas receptoras del voto.
